Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famidesa) calificó como “un paso más en la búsqueda de justicia” el procesamiento con prisión de los militares retirados José María Lete, Rogelio Garmendia y Pedro Buzó, acusados de violaciones a los derechos humanos contra 39 adolescentes en el Batallón de Infantería N° 10 de Treinta y Tres, en abril de 1975.
En su comunicado, Familiares destacó la gravedad de los delitos por los que fueron imputados los militares, que incluyeron privación de libertad, torturas físicas y psicológicas, abusos sexuales y atentados violentos al pudor, cometidos durante la detención de adolescentes de entre 13 y 19 años, en su mayoría estudiantes y militantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC).
“La Justicia avanza, pero las heridas permanecen. Este es un paso importante, pero también un recordatorio de la magnitud del daño sufrido por las víctimas y sus familias”, señaló Familiares en su mensaje.
Famidesa destacó las atrocidades narradas en los testimonios, entre las que se incluyen plantones, golpes, quemaduras, descargas eléctricas y el retiro de la patria potestad a los padres de los adolescentes, acciones que buscaron quebrar sus vidas y truncar su educación.
El comunicado resalta el procesamiento como una respuesta al reclamo histórico de verdad y justicia por parte de las víctimas y sus familiares, quienes durante décadas han denunciado la impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. «Seguiremos luchando para que la Justicia no cese y para que el nunca más sea una realidad», concluye el texto.
