Un tribunal de Honduras ha rechazado por unanimidad el recurso presentado por David Castillo y Roberto Martínez en el que pedían su indulto político, después de ser señalados como los organizadores del asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres.
«El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción declara ‘No Ha Lugar’ la aplicación del Decreto de Amnistía (04-2022) solicitado por las defensas de Roberto David Castillo y Roberto Martínez Lozano acusados en el caso Agua Zarca», ha explicado el Poder Judicial de Honduras en Twitter.
El tribunal explica que los solicitantes del indulto «no cumplen con los requisitos» para gozar del mismo, pues «los hechos de los encausados no tienen connotación de líderes o dirigentes que afrontaron las represalias por mantener su postura o manifestarse en rechazo al golpe de Estado del 28 de junio de 2009».
Castillo y Martínez están implicados en el caso ‘Agua Zarca’ en el que supuestamente se otorgó un contrato a una empresa para el uso de recursos hídricos del río Gualcarque, en el noroeste de Honduras, para el proyecto de una presa, según ha informado ‘Hondudiario’.
La construcción de este proyecto hidroeléctrico, en concreto, fue impulsada por la empresa nacional Desarrollos Energéticos (DESA), de la cual Castillo fue presidente ejecutivo, quien, además, fue detenido en marzo de 2018 cuando pretendía salir del país, según ha informado VTV.
Cáceres fue asesinada con 44 años el 3 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, tras pasar años recibiendo amenazas de muerte por su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca, una infraestructura que, de construirse, destruiría bosques nativos y territorios indígenas.
La maestra de 43 años, ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, pasó a engrosar así la larga lista de activistas asesinados en Honduras, escenario habitual de movilizaciones indígenas y campesinas en defensa de sus tierras frente a macroproyectos.
