La administración de Donald Trump ha anunciado la eliminación del «parole humanitario», un beneficio migratorio que otorgaba residencia y acceso a empleo temporal a más de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta medida pone fin al programa implementado por su predecesor, Joe Biden, y coloca a los beneficiarios del mismo en riesgo de deportación a partir del 24 de abril.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado este martes en el que oficializó la terminación de los programas de «parole» para los migrantes beneficiarios y sus familiares inmediatos. El DHS también informó que se revocarán los permisos de trabajo otorgados bajo el programa y que se cancelarán todas las solicitudes de permiso de viaje vinculadas al «parole».
Según el DHS, la decisión responde a que «el parole es, por naturaleza, temporal y no constituye una base para obtener un estatus migratorio ni equivale a una admisión formal en Estados Unidos». Aunque los permisos expirarán en un mes, el Departamento de Seguridad Nacional advirtió que quienes no hayan residido de manera continua en el país podrían ser objeto de una «deportación acelerada».
«Parole humanitario»
La medida ha sido calificada como parte de un regreso a «políticas sensatas» en materia de inmigración, según Tricia McLaughlin, portavoz del DHS. McLaughlin argumentó que el «parole» no cumplió con sus objetivos de controlar la inmigración ilegal y que «no aporta un beneficio público significativo», además de ser «incompatible con los objetivos de política exterior» del gobierno de Trump. Esta decisión también responde a la revisión de las políticas de inmigración en la frontera.
Por su parte, los críticos del gobierno y organizaciones migratorias alertan sobre las consecuencias sociales y económicas de esta medida, que afecta a miles de familias. El Centro de Acción de Justicia para Demandantes, que representa a algunos de los afectados, ya ha impugnado la eliminación del «parole» en tribunales federales. La jueza federal del distrito de Boston, Indira Talwani, celebró una audiencia el lunes pasado y podría emitir una orden de protección temporal para los migrantes antes del 7 de abril.
Este caso continúa generando un intenso debate y se espera que la corte tome una decisión que pueda frenar la eliminación del beneficio para los miles de migrantes que dependen de él para vivir y trabajar en Estados Unidos.
