“La Rendición de Cuentas que acabamos de recorrer, exhibe con claridad que estamos ante una Rendición de Cuentas que no da respuestas a las necesidades de la gente; que no tiene una visión para construir el Uruguay del futuro, y que carece de recursos para lograr una sociedad más integrada y más justa”, sostiene el informe en minoría, que presentará Ana Olivera (1001).
“Por todo esto, no podemos acompañar este proyecto de Rendición de Cuentas y aconsejamos al Plenario que deseche el proyecto de ley que se informa”, sentencia..
Entre otros conceptos, sostiene: “El mundo y la historia han demostrado que la torta no se reparte sola y que tampoco crece si el gobierno no asume explícitamente el diseño y la ejecución de un modelo de desarrollo sustentable y con equidad”.
“El “país de las maravillas” que nos quieren contar, desde la exposición de motivos hasta las declaraciones públicas, cede ante la evidencia de cualquiera que recorra el Uruguay”, expresa el informe minoritario.
“El gobierno de los “malla oro” facilita las condiciones para que unos pocos concentren los frutos del crecimiento. Por el contrario, la enorme mayoría de la población queda excluida”. “El “derrame” desafía las leyes de la física, siendo de abajo hacia arriba. Los trabajadores, los jubilados y los pensionistas, perdieron poder de compra, se redujeron sus ingresos, y, como resultado, crece la pobreza, y la desigualdad”.
“La lucha contra la desigualdad no es parte de los objetivos de este gobierno, ya que ignora la ineficiencia que genera la desigualdad. “Ahorrar” hoy nos saldrá más caro en el futuro”. “Mientras el gobierno en el discurso pregona que en el centro están las personas, en la realidad su proyecto genera el aumento de la desigualdad”.
La brecha
El informe en minoría sostiene que en el 2021 volvió a crecer la brecha entre ricos y pobres. El 10% de mayores ingresos percibe 11,5 veces más ingresos que el 10% más pobre. «Asimismo, mientras el PIB crecerá 9% entre 2019 y 2024, la masa salarial crecerá como máximo 5%, lo cual también implica una transferencia de riqueza del trabajo hacia el capital. Esto significa que Uruguay va a producir 5.400 millones de dólares más y que el salario real, en el mejor de los casos va a ser equivalente al de inicio de este período» se acota.
Agrega que «la economía está creciendo pero los frutos del crecimiento no llegan a la población. La gente ve que su realidad cotidiana no condice con el discurso triunfalista del gobierno y lo expresa en las encuestas de opinión pública.
Para peor, la economía uruguaya está mostrando un desempeño mediocre cuando se la compara con el resto de los países de la región. Tuvimos un crecimiento muy por debajo de Chile y de Colombia e incluso menos dinámico que el de Argentina pese al agravamiento de su situación macroeconómica. La supuesta «excepcionalidad» del desempeño de la economía uruguaya que pregona el equipo económico de gobierno, no es tal».
El informe en minoría acota que «si bien se ha logrado recuperar prácticamente la totalidad de los puestos de trabajo perdidos en 2020, los nuevos empleos son de salarios más bajos y menor carga horaria. Así lo demuestran las 227.000 personas que se anotaron en el año 2021 a Jornales Solidarios y las recientes 160.000 que lo hicieron en mayo de este año; un programa que ofrece $12.500 por mes, nominales. El hecho de que muchísimas personas, pese a tener trabajo, se presenten a un empleo transitorio y con muy bajos salarios, es un claro síntoma de la precariedad de sus actuales empleos».
Incumplimiento
Para el Frente Amplio «el gobierno ha incumplido su compromiso frente a la ciudadanía de “defender el poder de compra del salario y, en particular, de los salarios más sumergidos”, que estableció en el Compromiso por el País. A junio de 2022 el salario lleva acumulado una caída de 4,9% respecto al promedio de 2019. Cuando el PIB ha recuperado los niveles previos a la pandemia, no es posible atribuir la caída en el poder de compra de los salarios a la crisis sanitaria ni, ahora, a la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto es reflejo y consecuencia directa de la política salarial impulsada tanto en el sector privado como en el público.
Las pautas definidas por el Poder Ejecutivo en 2020, aseguraban la pérdida de salario real con el fin de mantener la rentabilidad empresarial. Los convenios acordados con los trabajadores del Estado en el marco de esta rendición de cuentas ratifican el incumplimiento de la coalición de gobierno. No habrá recuperación de la pérdida salarial para una gran parte de los trabajadores públicos».
