El dato es tan contundente como incómodo: de los 964 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos en Uruguay durante 2024, apenas el 2,28% —unos 21 casos— llegó a la Justicia. El resto quedó en el circuito administrativo, sin derivación judicial conocida. La cifra no solo interpela la efectividad del sistema antilavado uruguayo, sino que sintetiza un problema estructural que se repite, con matices, en buena parte del mundo. La información apareció publicada días pasados en la web de la Liga de Defensa Comercial (Lideco). Los autores del artículo “La ilusión del control: por qué el Estado no puede solo contra el lavado de activos” son el licenciado Ricardo Sabella y el Dr. y Esc. Gustavo Misa (ex integrante de Senaclaft) quienes sostienen que el lavado de activos y financiamiento del terrorismo constituyen fenómenos delictivos que desafían la capacidad de respuesta de los Estados y representan amenazas para la estabilidad del sistema financiero, la seguridad pública, el desarrollo económico y la confianza en las instituciones y en el estado de derecho. Por otra parte, hacen ver que los mecanismos para combatirlos son ineficientes y costosos.
El artículo recuerda que el fenómeno no es nuevo ni aislado. Si se amplía la mirada a la última década, los números refuerzan la misma conclusión. Entre 2014 y 2024, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Uruguay recibió 7.433 ROS, de los cuales se generaron apenas 124 investigaciones. No existe información pública que permita determinar cuántas de ellas derivaron en condenas por lavado de activos o en decomisos significativos. En términos prácticos, el sistema produce reportes, pero ofrece escasos resultados judiciales verificables.
Esta brecha entre esfuerzo y efectividad es uno de los ejes del debate internacional sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). Un debate que cuestiona el modelo vigente, basado en la expansión normativa, la supervisión intensiva y el cumplimiento formal, y propone un giro hacia esquemas de colaboración estratégica entre el Estado y el sector privado.
Muchos reportes, poco impacto
La experiencia uruguaya no desentona con los diagnósticos globales, señalan los autores. Un estudio del Royal United Services Institute (RUSI), que entrevistó a responsables de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de distintos países, concluyó que entre el 80% y el 90% de los ROS no aporta valor inmediato a las investigaciones de lavado de activos. Desde el sector privado, la percepción es aún más crítica: entre el 85% y el 95% de los consultados consideró que el volumen de reportes no se traduce en una reducción efectiva del delito.
El contraste es llamativo si se consideran los recursos involucrados. Diversos estudios estiman que el sistema global de cumplimiento antilavado insume alrededor de 200.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, el lavado de activos y los delitos financieros continúan siendo fenómenos extendidos, resilientes y en expansión.
En este contexto, el aumento de ROS parece responder menos a una mejora en la detección del delito y más a una lógica defensiva. La llamada “percepción de riesgo” que domina a muchos sujetos obligados no se vincula tanto al riesgo real de lavado de activos, sino al riesgo de sanciones regulatorias o de daño reputacional. “Se reporta para cumplir, no necesariamente para aportar inteligencia útil”, afirman.
El caso uruguayo: una industria de cumplimiento
Uruguay inició su camino formal en la lucha contra el lavado de activos hace 28 años, con la aprobación de su primera ley específica (Nº 19574). Desde entonces, el marco normativo se ha expandido de forma sostenida, incorporando nuevos sujetos obligados, mayores exigencias de debida diligencia y un enfoque basado en riesgos.
El resultado es la consolidación de una “industria de cumplimiento” amplia, costosa y altamente burocratizada. Bancos, inmobiliarias, escribanos, casas de cambio, aduanas y otros actores analizan operaciones, generan alertas y elevan reportes. Sin embargo, esa información llega fragmentada a la UIF y, muchas veces, tarde o con escasa capacidad de ser transformada en prueba judicial.
A esto se suman debilidades estructurales en el sistema penal: dificultades para rastrear activos, limitaciones para producir decomisos efectivos y una baja tasa de condenas en causas complejas. “El resultado es un sistema que cumple formalmente, pero produce resultados operativos mínimos”, advierten.
El impacto del lavado de activos excede ampliamente el plano penal. A nivel macroeconómico, la inyección de fondos ilícitos puede distorsionar los flujos de capital y generar burbujas artificiales en sectores como el inmobiliario, encareciendo activos y afectando la competitividad de los actores legítimos.
En el plano microeconómico, el lavado introduce competencia desleal. Empresas creadas como meras fachadas pueden operar sin las restricciones de costos y márgenes que enfrentan las empresas formales, y desaparecer una vez cumplido su objetivo.
El sistema financiero también se ve comprometido. Cuando las instituciones financieras —por acción u omisión— se convierten en canales de movilización de fondos ilícitos, se erosiona la confianza, la integridad y la estabilidad del sistema. A su vez, las jurisdicciones percibidas como de alto riesgo enfrentan mayores costos de cumplimiento internacional, pérdida de negocios y menor acceso a mercados.
Uno de los efectos más corrosivos, sostienen, es el vínculo entre lavado de activos y corrupción. Las organizaciones criminales utilizan sus recursos para sobornar funcionarios, adquirir influencias y neutralizar controles. “Cuando el dinero ilícito permea la política y financia campañas, el daño al Estado de derecho se vuelve estructural”.
Finalmente, el impacto más crítico se manifiesta en la seguridad pública. El lavado permite que las organizaciones criminales reinviertan, se profesionalicen y expandan sus operaciones. La evidencia internacional muestra que las jurisdicciones más permeables al lavado presentan mayores niveles de violencia y criminalidad organizada.
Del reporte a la inteligencia colaborativa
Frente a este diagnóstico, señalan Sabella y Misa, distintos expertos coinciden en que el problema no se resolverá con más normas ni con mayores sanciones. “El punto de quiebre pasa por abandonar el modelo centrado exclusivamente en el cumplimiento normativo y avanzar hacia esquemas de inteligencia colaborativa”.
En el sistema actual, el sector privado reporta y rara vez recibe feedback. Sin retroalimentación, es imposible mejorar la calidad de los ROS, identificar patrones relevantes o evaluar el impacto real de lo reportado. El sector privado termina actuando como un “informante obligado” aislado, no como un socio estratégico.
En los últimos años, varios países han avanzado en alianzas público-privadas para el intercambio de información más allá de las obligaciones tradicionales. Estas experiencias, aunque complejas y sensibles desde el punto de vista de la confidencialidad y la protección de datos, han mostrado mejoras en la calidad de la información, así como en condenas y decomisos.
Un sistema antilavado eficiente requiere articular de manera equilibrada tres subsistemas: prevención, detección y represión. La prevención exige sujetos obligados capacitados y procedimientos basados en riesgos reales. La detección demanda UIF con autonomía, acceso ágil a la información y capacidad analítica. La represión necesita fiscales especializados, policías entrenados y jueces con comprensión profunda del fenómeno. O se avanza hacia modelos de colaboración genuina, o se seguirá acumulando reportes que alimentan la ilusión del control, mientras el delito continúa adaptándose y avanzando, concluye el artículo.
Y por qué será?