La seguridad pública se ha consolidado como el eje más sensible de la vida política uruguaya. Cada encuesta, cada conversación informal en la calle y cada editorial en la prensa lo confirma: los ciudadanos sienten que el Estado perdió presencia en los territorios donde más debería afirmarla. En ese contexto, el plan de gobierno de Yamandú Orsi promete una estrategia equilibrada entre fortaleza policial, inteligencia criminal y abordajes comunitarios.
Pero la gran pregunta persiste: ¿puede un gobierno, por más buenas intenciones que tenga, recuperar lo que ha cedido durante más de dos décadas?
El manejo actual de la seguridad muestra una realidad fragmentada. Hay zonas resguardadas y hay zonas donde rige una autoridad paralela ejercida por grupos narcos o redes delictivas. La policía enfrenta limitaciones materiales y humanas, mientras que el crimen organizado se vuelve más sofisticado. Este debilitamiento institucional se siente especialmente en barrios periféricos, donde la ausencia estatal no es solo policial: falta presencia educativa, sanitaria, cultural y urbana. Por eso, Orsi intenta articular una visión integral, pero el desafío es considerablemente mayor que el diseño en un documento programático.
Uno de los pilares del plan es la recuperación territorial a través de una policía moderna y profesionalizada. El concepto de “policía de cercanía” reaparece, esta vez con la promesa de más formación, mejores condiciones de trabajo y un vínculo más fuerte con los vecinos. Sobre el papel, es un enfoque sensato. Sin embargo, la realidad es menos amable: muchos barrios no sólo desconfían de la policía, sino que están directamente sometidos a dinámicas criminales que operan con mayor rapidez, recursos y capacidad organizativa.
Para que la policía de proximidad funcione, se necesita algo que Uruguay aún no tiene: una política de inteligencia criminal robusta, autónoma y coordinada. Sin ello, los patrullajes y la presencia barrial se vuelven meramente simbólicos frente a redes que manejan armas, dinero, logística y estructuras jerárquicas. El plan menciona la importancia de la inteligencia, pero no profundiza en cómo blindarla de interferencias políticas, cómo profesionalizar ni cómo integrar a un sistema regional de alerta.
El segundo pilar del programa de Orsi es la intervención social, un terreno donde el Frente Amplio se siente más cómodo. Se habla de iluminación, espacios públicos, programas de inclusión, presencia institucional permanente. Todo esto es relevante y bienvenido, pero tiene un problema de tiempos: las transformaciones sociales llevan años, mientras que la ola delictiva se mueve en semanas o meses. Ningún vecino que vive asediado por balaceras nocturnas espera respuestas urbanísticas dentro de cuatro años; reclama seguridad hoy.
Además, Uruguay arrastra una dificultad histórica: la burocracia estatal no dialoga bien consigo misma. Los ministerios operan como compartimentos estancos y los programas integrales dependen de coordinaciones que rara vez logran sostenerse en el tiempo. Para que el plan Orsi tenga impacto real en los barrios, deberá romper con esa lógica y crear mecanismos de gestión conjunta que no se diluyen en el primer conflicto político interno.
También hay que considerar el clima político que enfrentará Orsi si llega al gobierno. La seguridad es el terreno más fértil para la demagogia. Los sectores más conservadores lo acusarán de “blando” apenas ocurra el primer episodio violento. Los sectores más progresistas lo presionarán para evitar cualquier acercamiento a políticas de endurecimiento penal. Gobernar en seguridad implica navegar entre expectativas contradictorias y hacerlo bajo un escrutinio constante y despiadado.
Sin embargo, el mayor riesgo del plan no está en sus ideas, sino en su ejecución territorial. La verdadera prueba se dará en los barrios donde el Estado se retiró o quedó paralizado. Allí la población no pide teorías, pide presencia efectiva: patrullaje real, respuesta rápida, investigación sólida y programas sociales que funcionen.
Si Orsi logra que el Estado vuelva a ser una referencia y no una sombra distante, habrá dado un paso histórico. Si no lo logra, su plan quedará atrapado en el largo listado de buenas intenciones que nunca bajaron al territorio.
El desafío es monumental. Pero la necesidad lo es aún más. Uruguay no puede seguir permitiendo que fragmentos de su territorio queden bajo control del delito. El próximo gobierno, sea de Orsi o de cualquier otro, será evaluado por su capacidad de estar donde hoy no está, de actuar donde hoy no actúa y de proteger a quienes hoy se sienten solos.
Porque la seguridad, al final del día, no es un discurso: es presencia concreta. Y esa presencia es la que la ciudadanía espera recuperar.
