El tema de la vivienda es otro de los focos de atención en esta campaña electoral en virtud de lo cual los partidos políticos le destinan un espacio importante en sus programas de gobierno. Tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio, jerarquizan estas políticas como acciones fundamentales a ser desarrolladas en el próximo periodo. El Frente Amplio plantea en sus bases programáticas 12 “acciones prioritarias” para atender la “emergencia habitacional” que, según sostiene, padece el país, entre los cuales se incluye la creación de un “sistema de alquiler social regulado en precios, plazos, renovaciones”, paralelo al actual. Para el FA, “el acceso a la vivienda y al suelo urbano debe ser considerado como un derecho humano fundamental”. El FA rechaza los “hábitats cerrados” y llama a evitar la construcción de “barrios o enclaves cerrados”, aquellos barrios tipo “burbuja”, que “reproducen y potencian las diferencias sociales entre los diferentes sectores y generan más segregación”. “La segregación socio espacial es un proceso progresivo que va en el sentido contrario a la construcción de una sociedad de iguales”, sostiene el FA. El Frente Amplio propone entre sus medidas “fortalecer un Fondo Nacional de Vivienda que refleje la emergencia habitacional actual y aumentar la oferta de diferentes tipos de viviendas adecuadas según las necesidades de cada territorio y población objetivo”. También plantea impulsar una “transformación planificada de los territorios y espacios urbanos desde una visión de integración, equidad social y derecho a la ciudad”.
Por otra parte, el FA plantea “priorizar la ejecución de programas de atención a la emergencia habitacional de forma coordinada, integral e interinstitucional, con un enfoque territorial, participativo y comunitario con recursos y metas claras, sobre todo a familias en situación de pobreza y precariedad urbano habitacional”. En este caso, se priorizarán aquellas familias con niñas y niños a cargo, hogares con jefatura femenina y aquellos que cuenten con integrantes con discapacidad”. También, el FA plantea “desarrollar de manera enérgica la política nacional de alquileres combinando diferentes instrumentos”. Entre éstos, se plantea crear “un sistema de alquiler social regulado en precios, plazos y renovaciones, paralelo al actual”. El FA tenderá también a “eliminar las cargas impositivas a la inversión en los programas de vivienda social con financiamiento público”. Respecto a las políticas de participación privada en el financiamiento y construcción de viviendas el FA señala que “son necesarias para complementar la acción estatal con recursos públicos”. El FA propone establecer medidas también para “disminuir la existencia de viviendas y terrenos vacíos por períodos prolongados, que pudieran responder a motivos de especulación inmobiliaria”.
Partido Nacional
El Partido Nacional, en tanto, reivindica los logros alcanzados bajo la actual administración como ser una “inversión sin precedentes en asentamientos irregulares y viviendas sociales, además de adoptarse tecnologías constructivas eficientes y sostenibles”, así como “avances históricos” en respuesta a reclamos de cooperativas de vivienda como lo es la disminución de la tasa de interés anual del 5% al 2%. En ese sentido, sostiene que a partir de 2020 “Uruguay ha experimentado transformaciones institucionales y nuevas estrategias de asignación de recursos públicos, impulsadas principalmente por la Ley de Urgente Consideración (LUC)”. En particular, destaca, “el aumento del stock de vivienda en ciudades como Montevideo, a partir de niveles récord de proyectos de vivienda promovida” lo cual, “ha contribuido a la disminución de los precios de alquiler en esta ciudad, mejorando las condiciones de vida y el acceso equitativo a la vivienda”. Entre las propuestas, el Partido Nacional plantea fortalecer la intervención en asentamientos irregulares desde una perspectiva integral, o medidas para el acceso a la vivienda y suelo urbano para los sectores medios y bajos, como es el “potenciar los programas de subsidios de alquileres con o sin opción a compra, haciéndolos más universales, facilitando el acceso y mejorando su difusión”. Se reconoce que “se ha producido una “inversión sin precedentes en asentamientos irregulares y viviendas sociales, además de adoptarse tecnologías constructivas eficientes y sostenibles” y puntualiza que el “aumento del stock de vivienda en ciudades como Montevideo, a partir de niveles récord de proyectos de vivienda promovida, ha contribuido a la disminución de los precios de alquiler en esta ciudad, mejorando las condiciones de vida y el acceso equitativo a la vivienda”. Destaca especialmente el Plan Avanzar, mediante el cual “se ha duplicado la asignación de recursos para planes de consolidación urbana y realojo, destinando USD 480 millones para intervenir en 15.000 hogares de 120 asentamientos de todos los departamentos de nuestro país, beneficiando a aproximadamente 50,000 personas”. El Partido Nacional introdujo también una serie de propuestas para atender las dificultades que viven los jóvenes para acceder a una vivienda propia, alquilada o comprada. Se plantean las viviendas promovidas con subsidios parciales de las cuotas y un subsidio en el aporte inicial de la compra, entre otras medidas. Además, a través del programa de becas con la Udelar y ampliarlo a la UTEC, construir más residencias universitarias y “alcanzar los 400 cupos” y establecer un programa de subsidio parcial -un tercio del alquiler- para la primera vivienda por un período de 24 meses y extensible otros 12.
