Seguimos recorriendo con entusiasmo distintos rincones del Departamento de Salto dialogando con vecinos y escuchando sus inquietudes sobre los 135 artículos de la LUC que queremos derogar. Uno de los aspectos sobre los que más se reciben consultas y críticas es por la derogación de disposiciones de la política de inclusión financiera que nos retrotrae unos 20 años.
Estas disposiciones afectan directamente a la clase media. Por ejemplo, se registraron críticas de consumidores sobre diferencias de precios según se pagaran las compras con tarjetas de débito, tarjetas del Mides u otros instrumentos electrónicos o se lo hiciera en efectivo. ¡Esto es inaceptable! Se había avanzado mucho respecto a la inclusión financiera, como para ahora dejar libradas a nuestras familias, a nuestros jubilados a la arbitrariedad del comercio y que haya distintos precios según se pague en efectivo o con tarjeta.
Una de las quejas refirió a la exigencia de un monto mínimo de compra para aceptar pagos con medios electrónicos, conducta comercial prohibida por la Ley de Inclusión Financiera y que la LUC habilitó desde 2020, para perjuicio de los consumidores. De esta forma, la libertad de que gozaban millones de consumidores para elegir los medios de pago fue transferida a los vendedores, con el resultado antes enunciado. Luego de la entrada en vigor de la LUC los comercios pueden cobrar precios distintos de acuerdo con el medio de pago que se emplee, y ofrecerte pagar más barato si se abona en efectivo, o ‘por menos de tanto no acepto pago con medios electrónicos.
Con estas políticas se tira por la borda un esfuerzo de inclusión financiera que brindaba garantías y seguridad a la población.
La legislación actual deja a criterio de cada comercio fijar un mínimo para la aceptación de los medios de pago electrónicos, con lo cual queda desvirtuada la intención de los esfuerzos de pago electrónico.
De esta forma, la libertad de que gozaban millones de consumidores para elegir los medios de pago fue transferida a los vendedores, con el resultado antes enunciado.
Además de que los precios están por las nubes en los productos de primera necesidad, se les agrega esta arbitrariedad respecto de los precios.
Además, con esta política se retrocede en los beneficios relacionados con la seguridad, el ahorro en el costo de las transacciones y una modernización que produce una rebaja general de costos para la economía. La reducción de costos se produce a distintos niveles, como se da en el caso del menor manejo de dinero en efectivo, con ahorro en su transporte y custodia, y menores exigencias de seguridad.
Y a su vez, la derogación de aspectos vinculados a la inclusión financiera reduce la arbitrariedad de que las actividades productivas se hagan en negro. Si la mayoría de las transacciones están registras electrónicamente en un sistema, es más difícil que estas se hagan en negro.
Si se atiende a este concepto se concluye que la LUC alienta las transacciones en negro (por las cuales tantas organizaciones comerciales abogaron), al igual que sucedió con la elevación del límite para las operaciones en efectivo, que de 4000 dólares se elevó a 100 000. ¿A quién beneficia esto? Claramente, no a los trabajadores. Por el contrario, estas normas contravienen los esfuerzos de dejar atrás la vieja imagen de plaza financiera que instaló el gobierno de Lacalle padre.
Hemos transitado un camino de inclusión financiera que buscaba otorgar garantías para los trabajadores, de manera que puedan cobrar su sueldo de forma transparente y permitiéndole acceder a servicios financieros.
Hoy con estas disposiciones de la LUC pierden los trabajadores, pierde la clase media y pierde la imagen de nuestro país. Por eso necesitamos derogar estos 135 artículos de la LUC.
