Mientras avanzamos en el análisis de la rendición de cuentas vamos encontrando más y más aspectos que dejan mucho que desear ante la situación de emergencia sanitaria y social que ha vivido el país. Uno de los capítulos que deja un sabor muy amargo es el dedicado en el proyecto del gobierno a la salud.
Es insólito que después de que los profesionales de la salud, representados en médicos, enfermeros, técnicos, personal de servicio, entre otros, hayan dado todo de sí en la pandemia, en el capítulo dedicado al Ministerio de Salud Pública no hay recursos presupuestales explícitos, genuinos para este inciso de la administración. Y considerando el contexto post-pandemia en el que entramos son numerosas las necesidades y problemas que se arrastran en el Ministerio de Salud Pública
En primer lugar, estamos ante un escenario en que luego de la pandemia quedaron numerosas consultas postergadas generando un importante atraso quirúrgico que es necesario atender. A su vez, hay muchos pacientes que están sufriendo secuelas producto de haber padecido COVID-19 y que el día de hoy requieren atención en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Para ellos, en esta rendición no existe previsión presupuestal alguna. ¿Cómo las autoridades de la salud no han previsto esta situación que salta a la vista en cada una de nuestras recorridas por el territorio? Hay muchas personas que están viviendo grandes secuelas producto del Covid-19 y requieren ser atendidas.
En segundo lugar, en nuestras recorridas habituales muchas personas, en especial adultos mayores y enfermos crónicos, nos han señalado la carencia de medicamentos específicos en ASSE y más aún en el Fondo Nacional de Recursos. A la nula consideración presupuestal para temas de salud, se le suma que en el año 2020 no hubo incorporación de medicamentos de alto precio. Al día de hoy hay muchos medicamentos con evidencia sustantiva que deberían ser incorporados como una prestación del Fondo Nacional de Recursos. Pero de eso, hoy no vemos nada.
Y aún seguimos sin ver la reforma a ciertas prácticas que se llevan adelante en el Ministerio de Salud Pública, quien actualmente gasta en el pago de acciones de amparo, cuando los usuarios recurren a la justicia para obtener el acceso a procedimientos y medicamentos que no están incluidos en el Plan Integral de Atención a la Salud, más del doble de lo que el Fondo Nacional de Recursos invierte en medicamentos de alto costo. Hoy necesitamos que se avance en presupuestar el acceso a medicamentos que se están dando vía judicial y con mayores costos de transacción que si se incluyesen en el propio Fondo. Es cierto que existe una propuesta de destinar 30% de lo recaudado en la fiscalización de alimentos al FNR, pero varios expertos han señalado que ese incremento no genera el impacto necesario, pues los mayores ingresos vienen por rentas generales y FONASA.
Otro de los aspectos que incluye esta rendición es la creación de una Agencia de Información y Gestión en Salud, cuando en realidad el fondo de este tema debería ser analizado en profundidad por la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
Un tema prácticamente ausente en la Rendición de Cuentas es la ausencia de profundización de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, un tema que nos preocupa profundamente como sociedad.
Después de una pandemia que dejó graves consecuencias en nuestra población y en el propio Sistema de Salud, vemos una rendición de cuentas que no profundiza en aspectos claves del fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública, ni tampoco muestra avances que profundicen en la rectoría que tiene el organismo en materia de atención en salud.
En un área de gran relevancia para el desarrollo social y el bienestar de nuestra ciudadanía hoy no vemos una política clara de fortalecimiento del sistema de salud y eso se expresa en la tibieza con que la Rendición de Cuentas trata esta temática. Desde nuestra Bancada Legislativa alzaremos la voz en defensa de todos los pacientes que aún esperan por medicamentos y que ven cómo se alargan cada vez más los tiempos de espera en el sistema de salud, producto de un gobierno que no destina recursos adicionales en esta área.
