La educación superior en Uruguay funciona sobre la base de una multiregulacion fragmentada y desigual que limita la calidad, la movilidad de los factores (docentes, estudiantes y certificaciones), incrementando costos e ineficiencias. La ausencia de un marco sistémico, articulado y coherente, fue visto ya como un problema a inicios de este gobierno que derivo en la incorporación de un marco normativo de creación del sistema de educación terciario pero que no se instrumentó ni implico ningún avance real más allá de esta norma meramente declarativa.
Ello sin duda fue un avance en lo normativo frente a la Ley General de Educación del 2009 que había creado el Sistema público terciario que limitaba la lógica sistémica a un solo sector en lo normativo, aunque tampoco casi tuvo algún avance real significativo o efectivo. La regulación de la educación terciaria en el país superpone desordenadamente y combina formas de autoregulación, de regulación pública, de regulación gubernamental, de estándares sistémicos formales y reales, y sin duda falta de regulación, contradictoriedad y ambivalencia de las normas de la educación superior.
Con el gobierno de FA promovió un Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública (SNETP) pensado como un sistema de coordinación declarativo, exclusivamente público y voluntario. No sólo era fragmentario sino que no tenía definiciones claras la norma de item y criterios, sino que además sus implementaciones reales fueron insignificantes, tanto por el carácter meramente declarativo de la norma, por la falta de instrumentos y acciones de implementación, como por la carencia de definiciones obligatorias.
El nudo del problema estuvo tanto en la instrumentación y falta de acuerdos reales, como en el propio concepto de la autonomía de los entes educativos, en la propia interpretación del marco constitucional de la regulación sistémica de calidad, así como en la falta de mayorías parlamentarias y de consensos nacionales. Todo ello derivó en la ausencia de establecimiento de mínimos sistémicos obligatorios del aseguramiento de la calidad y de funcionamiento del conjunto de la educación. Este conjunto de debilidades dentro de una confusa urdimbre normativa y un enfoque centrado en las instituciones y no en los que reciben los servicios educativos, y que reproduce una de las tragedias universitarias del Uruguay dado por un sistema fragmentado sin estándares de calidad comunes y que se apoya y reafirma micro cuotas de poder y permanente peleas feudales que además plantean resistencias a políticas públicas de calidad.
El sistema dicho someramente es un desorden: la Udelar se autorregulan como quiere, ídem la UTEC pero con menos libertad, la ANEP sobre vive bajo una sombra de imposiciones desde los otros actores, y encima en lo terciario es regulada por el MEC a la vez que confusa y contradictoramente regula las ofertas privadas de formación así como otras públicas que también superpuestamente el propio MEC tiene a su cargo. Este regula a las privadas y la oferta internacional, aunque los entes pueden no aceptar y regular la aceptación de las certificaciones o establecer sus propios criterios como acontece. También Salud Publica establece sus reglamentos de fiscalización por encima y en forma superpuesta. Esta urdimbre normativa no es homogénea sino diferenciada y es un espacio de poder y de lucha entre corporaciones y concepciones ideológicas, que en algún siglo muy pretérito pudo tener lógica y que hoy no son pertinentes. Razonemos: ¿deberían algunas instituciones fijar sus propios criterios de cantidad de horas, requisitos docentes, estructuras de créditos o exigencias de las certificaciones en los diversos niveles, en forma distinta a las otras? Imponer requisitos de ingreso o egreso diferenciados, frente a otras que no lo tienen, o corresponde que existan estándares mínimos para todos. ¿Y que unas instituciones le puedan impongan criterios a otras que de hecho compitan con ellas, siendo juez y parte? El problema es como si el control de bromatología permitiera que un producto pudiera tener mínimos distintos de producción, o que una exigencia sanitaria permitiese distintos estándares de atención quirúrgica, medicamentos o protocolos de incendio. Nadie aceptaría una justicia distinta en cada departamento o volver a las guerras de las patentes del pasado. En tanto la educación es un bien público, la regulación debe ser sistémica, obligatoria e igual para todos, y ninguna pudiera cobrar y darse el vuelto. Estos temas se están poniendo a la luz pública en las propuestas políticas para el próximo gobierno. En este contexto, el Programa de Andrés Ojeda del Partido Colorado plantea avanzar hacia una real instrumentación del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y la formulación de una Ley de Educación Superior que “establecerá lineamientos relativos a los estándares de calidad y a los procesos de acreditación; asistencia financiera para los estudiantes; créditos y movilidad; pasantías y prácticas; la autonomía, la libertad y la laicidad en la educación superior; la investigación y la innovación; la extensión, la responsabilidad y la transparencia; los derechos y responsabilidades de los estudiantes, entre otros temas”. Sería un gran avance sin duda.
