En un movimiento sin precedentes, cientos de parlamentarios de 73 países han expresado su rechazo a la designación de Cuba como «estado patrocinador del terrorismo”, impuesta por Estados Unidos. Este pronunciamiento, que surge en un momento de creciente tensión internacional, subraya la urgencia de rescatar a la isla de lo que muchos consideran una categorización injusta y perjudicial para su población. La decisión de clasificar a Cuba de esta manera no es un hecho aislado, sino un reflejo de un ejercicio de poder que ignora realidades sociales y políticas complejas. La categorización fue eliminada durante la administración de Barack Obama en 2015, tras un exhaustivo análisis que consideró el papel de Cuba como facilitador en múltiples procesos de paz en América Latina. Sin embargo, en los últimos días de su mandato, Donald Trump reinstauró esta designación como parte de una estrategia más amplia de presión económica contra la isla.
El actual presidente Joe Biden, que había prometido restablecer las relaciones diplomáticas y fomentar un diálogo constructivo, ha mantenido la designación. «Este enfoque no solo desafía su campaña electoral, sino que también ignora las contribuciones positivas de Cuba a la estabilidad regional, especialmente en las negociaciones con grupos armados en Colombia, como el ELN y las FARC», afirmaron los parlamentarios en su declaración. Los efectos de esta categorización son devastadores, afectando directamente a la economía cubana y, por ende, los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos. De acuerdo con expertos de la ONU, la designación incrementa la crisis humanitaria en Cuba, limitando el acceso a la alimentación, la salud y la educación. Estas sanciones han transformado el sufrimiento del pueblo cubano en una cuestión que trasciende lo meramente político, constituyendo una violación a sus derechos más esenciales. Desde un marco legal, la designación contraviene principios del derecho internacional que garantizan la igualdad soberana de las naciones y prohíben intervenciones extranjeras en asuntos internos. Las sanciones, por tanto, emergen como herramientas de castigo que perjudican a la población civil y exacerban la situación de vulnerabilidad en Cuba. Recientemente, el Departamento de Estado estadounidense retiró a Cuba de la lista de naciones que “no cooperan plenamente” en la lucha antiterrorista, un gesto considerado insuficiente por muchos observadores. Aunque se trata de un paso en la dirección correcta, la exclusión de Cuba de la economía internacional sigue teniendo repercusiones drásticas en la vida cotidiana de sus ciudadanos.
Ante esta situación, los parlamentarios instan a la comunidad internacional a actuar de manera decisiva. Hacen un llamamiento para restablecer la dignidad y los derechos humanos de los cubanos, enfatizando que la eliminación de la isla de la lista de “estados patrocinadores del terrorismo” no solo es un acto de justicia, sino un imperativo humanitario. Las voces de estos legisladores resuenan como un eco de necesidad urgente, llamando a unirse en defensa del derecho a la vida y a la dignidad de todos los cubanos. El futuro debe orientarse hacia un escenario donde la cooperación y el respeto sean los pilares de las relaciones internacionales, estableciendo la paz como norma y no como una excepción. La lucha por la justicia y la dignidad para el pueblo cubano es ahora más que nunca un compromiso global.
