Dos modelos de gobernanza educativa en discusión en las elecciones.

En las próximas elecciones nacionales están en discusión y confrontación dos modelos de gobernanza educativa. Es de los temas con mayor pugna política ideológica. El Frente Amplio y la candidatura de Orsi proponen volver a incrementar un modelo fuertemente autárquico y corporativo, basado en la cogestión y el autogobierno, donde el centro político de su propuesta está en el ejercicio del gobierno y de la política educativa con dominancia y centralidad en  los sindicatos y gremios docentes y estudiantiles. No hay dos interpretaciones o lecturas  distintas a esta propuesta que claramente reconocen y que no solo regresa al marco de la Ley General de Educación del 2009 votada en exclusividad por el FA y que fuera modificada por la LUC y ratificada esta norma por un Plebiscito en el año 2022 derivada del referéndum que pretendía derogarla. Pero además se avanza aún más en el camino de imponer el peso de la gestión de los aparatos públicos de educación a cargo de los sindicatos mediante gobiernos corporativos a través de la cogestión de las instituciones educativas y sin presencia de la sociedad ni de los gobiernos.

Tres documentos de las propuestas del FA apuntan claramente en esta dirección de cara a la discusión política electoral. En el Documento Bases Programáticas 25-30, se plantea «convocar al Congreso Nacional de Educación, cuyas conclusiones serán orientaciones políticamente vinculantes, sin desmedro de las autonomías constitucionalmente establecidas». Las grandes orientaciones no vendrán del Gobierno que la ciudadanía elija o del Parlamento que hoy aprueba el Plan Nacional Educativo. En el documento se expresa que «se entiende imprescindible que -de manera urgente- se establezcan en el primer año de gobierno, los ámbitos técnico pedagógicos que correspondan, a modo de ejemplo, ATDs, salas docentes, sindicatos, comisiones de carrera, en el ámbito de la ANEP, de manera de discutir y resolver orientaciones en lo curricular, que recuperen los niveles de autonomía y autodecisión de los actores educativos». Se plantea así cambiar inmediatamente la Ley que fue incluso ratificada por la ciudadanía. Tampoco se refiere a frases en el aire de Orsi de que iban a impulsar un gran acuerdo político educativo.

El planteamiento de la sindicalización del gobierno educativo se refuerza en el Documento «33 Prioridades Programáticas para un Plan de Gobierno 2025-2030» donde claramente se declara que  “Impulsaremos un nuevo diseño del gobierno de la educación regido por los principios de autonomía y cogobierno, revisando la legislación vigente”. Claramente se plantea modificar la LUC que fue ratificada por un Plebiscito  por  1108360 uruguayos que votaron a favor de mantener la norma, sino que gracias a ella han comenzado a mejorar los resultados educativos con mas graduación, eficiencia terminal y cobertura. El objetivo de instaurar el gobierno de los sindicatos, también se plantea en el documento de Propuesta aprobada en el Plenario Nacional Compañero Mariano Arana realizado el 15 de julio de 2023 que plantea: “instalar el cogobierno en UTEC y sus sedes en el interior para extender su  presencia institucional en todos los territorios a través de la realización de convenios con otras instituciones públicas y organismos de la educación”. Así, el modelo de gobernanza de la UTEC que ha venido funcionando desde su fundación, y que el propio FA no altero durante su período, y que ha tenido múltiples indicadores positivos en su funcionamiento, se propone cambiar radicalmente para establecer un gobierno de las corporaciones en forma de cogestión.

Ante ese modelo de política y gobierno, la Coalición plantea un modelo de gobernanza que se apoya en la representación e integración diversa y plural, que favorece equilibrios en las formas de representación y gobierno, con nombramientos por el Parlamento, y con una representación limitada de los gremios, que facilita políticas no endogámicas y corporativas. Este enfoque propende a mejor mecanismos de control y de eficiencia, y se basa en una concepción republicana y democrática de la sociedad y no de lógicas corporativas y cuasi feudales. Si bien se conciben dinámicas de autonomía técnica,  no concibe la entrega de los aparatos educativos nacionales y públicos a los gremios que de hecho implica la privatización de la educación y que deje de ser un bien público de hecho. La gobernanza diversa y cooperativa con actores externos (desde el parlamento y el gobierno) y de actores internos (representante de los colectivos internos) busca facilitar la modernización y mejoramiento de la gestión con políticas educativas no endogámicas y corporativas. En este sentido, la tragedia educativa y universitaria actual es que el país existan estas concepciones que bloquean la modernización educativa y deterioran la calidad. Entregar o no la educación a los gremios sindicales es lo que se resuelve en las próximas elecciones. La discusión es entre autonomía responsable o  corporativismo endogámico.  Se necesitan acuerdos para impulsar entre todos reformas educativas de calidad, pero la propuesta del Frente Amplia va en el camino de una gobernanza corporativa y de la educación como un proyecto político-ideológico.