En diciembre del 2017, el gobierno de Tabaré Vásquez volvió a plantear la propuesta de la creación de una Universidad de la Educación, en este caso integrada a un Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública y como resultado de un trabajo articulado de formulación de la propuesta entre el MEC, la UDELAR y el CODICEN. El proyecto en cuestión naufragó casi inmediatamente en el Parlamento al requerirse mayorías especiales para la creación de un Ente Autónomo de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución, ante un enfoque de la oposición que venía rechazando un modelo de gobernanza autártico y de cogestión siguiendo el enfoque de la UDELAR con separación de los aparatos educativos, al considerar que ello no contribuiría a mejorar los procesos educativos.
El proyecto sin embargo, concebía un modelo de gobernanza mucho más colegiado y con una cogestión más intrincada y compleja que la de UDELAR, estructurada bajo un modelo de Facultades tradicional. Con el nuevo escenario electoral, hay un impulso a retomar dicha propuesta por el gobierno que inicia en el 2025, lo cual lleva a revisar las características de la propuesta presentada en su momento. En su momento esa propuesta de creación de la Universidad de la Educación, se concibió articulada a la UDELAR y la UTEC en el marco de un sistema común de créditos y de carreras docentes conectadas, transformando todo el andamiaje institucional del recientemente creado Consejo de Formación en Educación (CFE) por la Ley General de Educación del 2009, en la base de la nueva Universidad. Durante un período de 48 meses de transición hasta la realización de elecciones supervisadas por la Corte Electoral, la nueva Universidad de Educación estaría a cargo de un Consejo Directivo Nacional provisorio dirigido por 3 miembros designados por el Poder Ejecutivo previa venia de la Cámara de Senadores, junto con un representante estudiantil y uno docente, designados por el propio Consejo Directivo.
La gobernanza definitiva del Consejo Directivo Nacional se proponía que estuviese conformada por un Rector, 2 delegados estudiantiles, 2 delegados docentes, 2 delegados de los egresados y 1 representante de los Directores de los Institutos Universitarios Regionales que conformarían la base territorial y organizativa de la nueva universidad. También ella tendría una Asamblea Nacional de 30 miembros, integrada por 2 delegados del cuerpo estudiantil, 2 del cuerpo docente y 2 representantes de los egresados más 2 delegados de los 5 institutos regionales y cuya función central era la aprobación o modificación de los planes de estudio. Estos 5 Institutos Universitarios Regionales, de hecho serían el agrupamiento de los actuales Institutos de Formación Docente y los Centros Regionales de Profesores, cada uno de los cuales estarían gobernados por un órgano de 8 miembros, dirigido por un Director Regional que sería electo junto con 2 representantes estudiantiles, 2 representantes de los egresados y 3 representantes de los docentes de los institutos y Centros que lo compondrían.
El resto de los componentes de dichos proyecto descansaban en el carácter público, laico y gratuito de la oferta, estructurados los ingresos en base a concursos, elecciones supervisadas por la Corte Electoral y donde las ofertas serían exclusivamente para la formación en el ámbito educativo, y articuladas al Sistema Nacional de Educación Terciario Público. El proyecto, resultado de la negociación inter institucional, se gestó en la inicial idea de creación del Instituto de Educación aprobado en la Ley General de Educación y profundizó a partir de un inicial proyecto que meramente agrupaba el CFE y lo conformaba como Universidad en su marco legal. Este proyecto de creación de la Universidad de Educación de fines del 2017, se concebía para que la formación de los títulos de maestro, maestro de primera infancia, maestro técnico, profesor y educador social, fuesen de nivel universitario agrupando en una institución autónoma de la ANEP, al actual Consejo de Formación en Educación. El proyecto no incorporó ningún elemento de la gobernanza planteado por el Proyecto de creación de la Universidad Nacional de Educación (UNED) presentado por el Senador Bordaberry en el año 2015, y se estructuró como un proyecto diametralmente diferente. El mapa legislativo permitía prever que el Proyecto de Ley no tendría ninguna viabilidad de ser aprobado, dado que la oposición ya había planteado previamente un proyecto alternativo que no se estructuraba sobre un modelo colegial ni de cogobierno autártico, aunque si autónomo en los aspectos administrativos, acorde a lo dispuesto en la Constitución en el artículo 221 para el funcionamiento de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Y efectivamente, ello fue lo que ocurrió. Mostrando que la propuesta tenía un basamento político y no una viabilidad legislativa. De hecho, fue la misma realidad legislativa en forma inversa, lo acontecido posterior a la pandemia cuando el Diputado Felipe Schipani con mi colaboración y con el apoyo de la bancada del Partido Colorado, cuando se propuso la propuesta de creación de la Universidad Virtual del Uruguay y que, aunque fue aprobado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, naufragó ante la falta de apoyo de la bancada del Frente Amplio.
La nueva propuesta de creación de una Universidad de la Educación por el gobierno electo, requiere que la oposición de sus votos al proyecto que se presente. Sin embargo el escenario es más complejo en tanto claramente existen dos concepciones opuestas sobre la gobernanza y además se ha producido un avance tanto normativo como administrativo para otorgar títulos de nivel universitario ante la existencia del impase político a los proyectos presentados que no tuvieron consenso. Ya existe un marco para tener títulos universitarios docentes, y lo que se discute es “la experiencia universitaria” en la formación. Se comenta que el nuevo gobierno ha planteado a los sindicatos que acepten una Universidad sin cogestión, que sería complejo de aceptar, aunque se desconoce si la futura oposición estaría a favor de abandonar el camino recorrido de universitarización de la formación docente durante el gobierno de la coalición. Todo muy difícil.
