A su vez, el compromiso de repensar de forma integral la matriz de protección social hace ineludible la incorporación del régimen de jubilaciones y pensiones al debate El Diálogo Social en Protección y Seguridad Social lanzado por el gobierno encabezado por Yamandú Orsi prosigue su marcha.
La Comisión Sectorial culminó en junio la presentación a todos los partidos políticos de la hoja de ruta que guiará el proceso y se anuncia el inicio del proceso de recopilación de insumos, entre agosto y noviembre, como penúltima etapa.
El documento guía fue entregado inicialmente a todos los partidos políticos con representación parlamentaria: al Frente Amplio, el Partido Nacional, Identidad Soberana, el Partido Independiente y Cabildo Abierto. El gobierno lanzó el diálogo social con la idea de construir acuerdos sobre “un sistema más justo y sostenible para los uruguayos”. Entre otros aspectos, se señala que “repensar de forma integral la matriz de protección social hace ineludible la incorporación del régimen de jubilaciones y pensiones al debate”.
Además del gobierno, en este proceso participan sindicatos, empresas, organizaciones, partidos políticos, academia y ciudadanía. Los temas que se abordan cuatro ejes temáticos: Seguridad social y pensiones; Sistema de cuidados; Pobreza infantil y Financiamiento del sistema.
Los grandes hitos del diálogo social respecto son: en junio culminó la elaboración de la hoja de ruta; entre julio y noviembre se recopilarán insumos, y entre octubre al mes de abril de 2026, comenzará la última etapa de búsqueda de acuerdos. Para el 29 de julio está prevista la primera reunión de la Comisión Ejecutiva. Se realizará a las 14 horas en el Edificio Artigas (ex Palacio Estévez, Independencia 776).
Dos días más tarde, en el auditorio del Edificio Anexo Torre Ejecutiva, se inaugurará el ciclo de seminarios.
Formalmente, el Diálogo Social comenzó este mes con la instalación de la Comisión Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva es el principal órgano de conducción política de este proceso que tiene entre sus cometidos: sintetizar los avances del trabajo sobre los ejes temáticos: ser el ámbito de intercambio y negociación para la construcción de los acuerdos, y elaborar el documento final a presentar al Poder Ejecutivo sobre acuerdos y propuestas.
Este órgano estará compuesto por seis organismos estatales, cada uno representado por un titular y un alterno: OPP, que además funge como el coordinador del diálogo social, BPS, MEF, MIDES, MSP y MTSS; seis actores sociales, dos de los cuales (PIT-CNT y Cámaras Empresariales), tendrán más de un representante: PIT-CNT (dos titulares y dos alternos), Cámaras Empresariales (dos titulares y dos alternos), ONAJPU, RedPro Cuidados, PIAs y Alianza PCD, con un representante cada uno.
La Comisión se completa con los partidos políticos, en este caso, Frente Amplio (con tres titulares y tres alternos) y Cabildo Abierto (un representante y un alterno).
El resto de los partidos convocados resolvió no participar del diálogo social bajo este formato.
Inicialmente se había fijado en ocho el total de representantes políticos: tres del Frente Amplio, uno del Partido Nacional, uno del Partido Colorado, uno de Cabildo Abierto, uno de Identidad Soberana y uno del Partido Independiente.
En cuanto a los plazos, se fijó el 30 de abril de 2026 como límite temporal para la presentación ante el Poder Ejecutivo del documento que dé cuenta de los resultados y propuestas que surjan del Diálogo Social. Este plazo podrá ser prorrogado por el Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial, por un máximo de 45 días y previo informe fundado.
Recopilación de insumos
El diálogo social, se nutrirá del “diálogo en el territorio”, con una recorrida con presencia en las 18 capitales departamentales del interior del país para recoger insumos y propuestas vinculadas a los ejes temáticos definidos para el Diálogo Social. Entre otras actividades, se
prevé la realización de reuniones abiertas con la ciudadanía y la atención a los medios de comunicación locales.
Los aportes y propuestas que se realicen en cada una de las instancias serán sistematizados y quedarán disponibles en el portal del Diálogo Social. También, entre agosto y noviembre de 2025, se organizarán seminarios que serán de “participación abierta”, buscando presentar una mirada especializada y plural sobre los temas del diálogo.
Además, en el mismo periodo, se organizarán conversatorios que serán también de participación abierta. El objetivo principal de esta modalidad será promover la más amplia participación ciudadana. Los intercambios que se procesen en cada conversatorio serán sistematizados y quedarán disponibles en el portal del Diálogo Social.
Está previsto, a su vez, mantener audiencias con delegaciones con una agenda que elaborará la Comisión Ejecutiva a partir de las propuestas que surjan de cada uno de sus integrantes y también a partir de la solicitud que puedan hacer las distintas organizaciones y agrupaciones sociales.
Por último, el diálogo social se nutrirá de aportes de la ciudadanía para lo cual, desde el portal del Diálogo Social se habilitarán diferentes canales para recibir insumos y propuestas por parte de la ciudadanía, que también serán sistematizados y quedarán publicadas en dicho portal.
El fundamento
El gobierno fundamenta la necesidad de un diálogo social en que el país atraviesa “importantes transformaciones demográficas y sociales que colocan los cuidados, la protección y la seguridad social en el centro del debate sobre el bienestar”. Desde una perspectiva de ciclo de vida, “el país debe continuar desarrollando su sistema de protección social, en la búsqueda de superar la fragmentación y las inequidades actuales y con la solidaridad como pilar central”.
Además, el objetivo consensuado de erradicar la pobreza infantil, coloca como uno de los centro los debates sobre la cobertura, suficiencia y financiamiento de las transferencias monetarias pero, también, la necesidad de potenciar el desarrollo de las nuevas generaciones como una apuesta de carácter estratégico.
Puntualmente, en materia de sostenibilidad y financiamiento, más allá de la pertinencia de mantener e incluso aumentar la inversión proveniente de rentas generales -identificando y revisando algunas posibles fuentes de inequidad-, el gobierno entiende imprescindible que el Diálogo Social aborde alternativas innovadoras, sobre todo como forma de potenciar los recursos que hoy invierten los hogares y de generar complementos que mejoren la calidad de los servicios ofrecidos al tiempo que permitan una mayor equidad en el acceso.
Como resultado final del Diálogo Social, el gobierno espera contar con un documento que sistematice los acuerdos alcanzados y eventualmente los matices y diferencias que pudieran existir entre los participantes. Los acuerdos, señala el documento, deberán ser lo más concretos posibles, de tal forma que se constituyan en directrices claras para los poderes
Ejecutivo y Legislativo al momento de transformarlos en Leyes y/o acciones de política pública”.
