La jueza Mariana Mota asumió este jueves como integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), durante una ceremonia realizada en el Palacio Legislativo.
En su discurso, Mota destacó la importancia del compromiso estatal para el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. “Las convenciones reposan exclusivamente en la buena voluntad de los Estados”, afirmó, y advirtió que cuando no se acatan recomendaciones u obligaciones internacionales, “las consecuencias las sufren las personas”.
La nueva integrante del organismo subrayó que Uruguay aún enfrenta desafíos en materia de derechos humanos, como la situación de niños y adolescentes en situación de pobreza, mujeres víctimas de violencia de género, personas privadas de libertad, afrodescendientes, personas con discapacidad y población LGBTIQ+, entre otros. También mencionó las deudas vinculadas al uso de los recursos naturales y al derecho a la verdad en relación con los detenidos desaparecidos.
“Toda demora solo profundiza las vulneraciones”, advirtió Mota, quien abogó por una mayor participación social en la elaboración de propuestas dentro del organismo.
La vicepresidenta Carolina Cosse, presente en el acto, elogió la intervención de Mota y aseguró que “los derechos humanos son abrazados por todo el Parlamento”.
La designación de Mota fue aprobada a mediados de julio en la Asamblea General, con respaldo del Frente Amplio, parte del Partido Colorado y el diputado independiente Gerardo Sotelo. La jueza tuvo a su cargo casos emblemáticos vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, entre ellos la condena a Juan María Bordaberry en 2010.
