El Poder Judicial comunicó a la Corte la formalización del jefe comunal nacionalista, lo que habilita el estudio de la aplicación del artículo 80 de la Constitución, que establece la suspensión de la ciudadanía en caso de “condición de legalmente procesado en causa criminal de la que pueda resultar pena de penitenciaría”.
De confirmarse la medida, Besozzi quedaría impedido de votar, ser votado o ejercer como funcionario público, lo que afectaría directamente su continuidad como intendente.
Los abogados del jerarca reclaman “respetar el principio de inocencia” y señalaron que la actuación de Fiscalía “genera suspicacias”.
Actualmente, sobre Besozzi rigen medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial.
