Debemos recordar que, las comisiones que continúan percibiendo las AFAP´S, entre otros, demuestran la trascendencia que la Seguridad Social y el trabajo que tienen para la sociedad.
Históricamente se fue consolidando un proceso partiendo de formas individuales, voluntarias y privadas de reparación de los riesgos, hacia diseños más colectivos y solidarios, fuera a través del bipartidismo-tripartismo según el viejo modelo de Bismark. En 1948 la O.N.U. declaraba a la Seguridad Social como Derecho Humano Fundamental. “El derecho a la seguridad social impregna la vida de todos los individuos desde su concepción hasta su último suspiro” Uruguay, desde la tercera década del siglo XIX comenzaba a legislar en la materia y fue evolucionando hacia formas más colectivas y solidarias. A finales del siglo se consagraba una participación, parcial, de los interesados en la administración, Ley Ciganda mediante.
Desde el propio Estado a comienzos del siglo XX, se visualizaron programas como factor de desarrollo y cohesión social, que fueron progresando mediante un proceso con sus debilidades y retrocesos, que se sustentaba en la concepción de la Seguridad Social ya mencionada.
Se trataba de delinear políticas tendientes a equilibrar los aspectos sociales con los económicos, proceso que tuvo su momento más destacado desde los años 40 hasta finales de los sesenta del siglo XX, años en los que comenzaron el congelamiento de lo social en aras de un reforzamiento de lo económico y del neoliberalismo. Vendrían cambios de épocas, y el trabajo y la Seguridad Social no podían quedar al margen. Nuestro Continente y el país, volvían a los tiempos de las soluciones individualistas, privatizaciones, voluntarias, muy lejos de lo colectivo y la solidaridad.
Se profundiza netamente la supremacía económica sobre lo social, esto es, generalizando los famosos “ajustes estructurales»: desregulaciones, flexibilizaciones, reducción de las prestaciones, aplicación de criterios de ganancias rentísticas, predominio del lucro, etc. Criterios que nos recuerdan el concepto que nos dice “mientras haya más ganancia habrá más pobreza”. El Derecho Humano Fundamental pasa a ser administrado por sociedades anónimas, aplicando lógicas financieras propias de técnicas de seguro mercantil, contrario radicalmente a la solidaridad, vertical u horizontal. Destaquemos que Uruguay a pesar del retroceso del progresismo en el Continente, mantiene políticas sociales, pero la esencia regresiva de las AFAP´S se mantiene.
Desde nuestra Organización sostenemos la necesidad de una reforma, profunda y solidaria que respete la naturaleza del Derecho Humano Fundamental, en armonía con un plan de desarrollo integral del país. Es muy fácil decirlo, pero la realidad muy diferente nos muestra varios y enormes desafíos a encarar.
Según encuesta de la Asociación Internacional de Seguridad Social (A.I.S.S), los países integrantes de dicha Asociación priorizaron por lo menos 10 desafíos: envejecimiento de la población, cuidados de salud y de larga duración, eliminar las brechas en la cobertura, la transición tecnológica, el empleo de trabajadores jóvenes, desigualdades durante las etapas de la vida, las crecientes expectativas del público, los mercados laborales y la economía digital, nuevos riesgos, crisis y acontecimientos extremos, y protección de los trabajadores migrantes. De lo expuesto, hoy destacamos tres: A) el envejecimiento de la población, que por sí sólo no significa mejor calidad de vida, agregado a los efectos negativos que surgen de su combinación con la baja tasa de fecundidad; B) Los efectos de la economía digital en los sistemas de seguridad social. C) Lo que significan las Reformas Laborales con sus más que nefastas consecuencias y violaciones de Derechos Humanos que se están llevando adelante en nuestro Continente, esencialmente en países vecinos.
Cuán necesarias son las visiones estratégicas basadas en concepciones compartidas a efectos de encarar las reformas, considerando objetivos, métodos adecuados, políticas económicas y herramientas acordes a las ideas y necesidades que se plantean, las necesarias evaluaciones de resultados, el futuro de la protección social manteniendo un piso protector de la misma. Resulta imprescindible entender que se trata de procesos con sus avances y retrocesos, con plena participación social. Todo lo cual exige establecer un orden de prioridad en los desafíos. Igualmente es esencial la promoción de instituciones adecuadas y buenas prácticas, el análisis del concepto de protección social y cuáles son los límites mínimos a respetar, considerar la importancia de la economía informal, el mundo rural, etc. Muchos son los conceptos para continuar desarrollando, por todo ello consideramos de suma importancia este camino del Diálogo Social, con participación y compromiso serio, desde lo político incluyendo la participación social-gremial.
Sin participación social es muy difícil poder abordar la necesidad de la gente, esta intervención de las Organizaciones que representan además la intervención activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y acciones que afectan a la sociedad a nivel de todo el País.
Es un derecho y un proceso que implica involucrarse en la gestión de recursos, la formulación de políticas y la construcción de espacios sociales más inclusivos y democráticos. Insistimos que la participación social es un componente esencial de la democracia, ya que permite a los ciudadanos ejercer sus derechos, influir en las políticas públicas y construir una sociedad más justa y equitativa. Al participar activamente, las personas nos sentimos más dueñas de nuestro destino y más capaces de alcanzar a transformar otras realidades.
En resumen, en todo Diálogo Nacional en Seguridad Social, la participación social es un proceso fundamental para la construcción de sociedades más justas, equitativas y democráticas, donde los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, contribuir al desarrollo de la sociedad en general y mejorar la calidad de vida.
Sixto Amaro Estela Ovelar
Presidente Secretaria General
