Una moción promovida por el senador colorado Pedro Bordaberry, que buscaba consensuar una declaración multipartidaria del Parlamento uruguayo sobre la situación en Venezuela tras los hechos del 3 de enero, estuvo muy cerca de prosperar en la Comisión Permanente, pero finalmente no llegó a ser presentada formalmente. La iniciativa, que había logrado el respaldo del Frente Amplio y el aval previo de los coordinadores de los principales partidos, fue descartada luego de que el Partido Nacional resolviera no acompañarla.
El episodio pasó casi desapercibido en la discusión pública, eclipsado por la votación de dos proyectos de resolución con posturas claramente contrapuestas. Sin embargo, detrás de la sesión quedó en evidencia la dificultad del sistema político para articular una posición común, esta vez frente a la crisis venezolana, incluso cuando parecía haber un principio de acuerdo.
Durante la sesión de la Comisión Permanente ingresaron a consideración dos mociones. La primera, impulsada por legisladores de la oposición y firmada por Pedro Bordaberry, Walter Verri, Pablo Abdala, Juan Martín Rodríguez y Sebastián Da Silva, proponía una condena explícita al régimen venezolano, al que calificaba de dictatorial. El texto incluía referencias a la existencia de presos políticos, a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y al desconocimiento del pronunciamiento popular del 28 de julio de 2024. Esta moción no logró ser aprobada, al obtener cinco votos en once.
La segunda iniciativa, presentada por legisladores del Frente Amplio —Ana Olivera, Daniel Borbonet, Gabriel Otero, Federico Preve, Bettiana Díaz (Presidenta) y Margarita Libschitz— fue la que finalmente resultó aprobada por seis votos en once. El texto se centró en la condena a la intervención militar de Estados Unidos del 3 de enero, que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, así como en la defensa del principio de soberanía de los Estados, la no intervención y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas.
Esta diferencia de enfoque volvió a poner de manifiesto dos miradas irreconciliables en el debate parlamentario sobre Venezuela. Mientras el oficialismo puso el acento en el rechazo a cualquier acción militar extranjera y en la necesidad de preservar el orden jurídico internacional, la oposición cuestionó la ausencia de una condena expresa al gobierno venezolano.
No obstante, sobre el final de la sesión, se abrió una instancia inesperada de diálogo. Con la anuencia de los coordinadores del Frente Amplio y del Partido Nacional, el senador Pedro Bordaberry se abocó a redactar un tercer texto, alternativo, que buscaba recoger puntos de coincidencia entre ambas posiciones y alcanzar una declaración de consenso del sistema político. La iniciativa, sin embargo, no llegó a ser presentada formalmente ante la Comisión.
Finalmente, la Comisión Permanente aprobó únicamente la declaración del Frente Amplio, dejando constancia de que el pronunciamiento no fue fruto de un acuerdo multipartidario, sino de una mayoría circunstancial.
El senador Daniel Borbonet del Frente Amplio integrante de la Comisión explicó al Diario La R que, a su entender, “faltó muy poco” para que se aprobara la moción redactada por Bordaberry. Señaló que su bancada estaba dispuesta a acompañarla y que, de no haber mediado otras urgencias en el orden del día, probablemente se hubiera podido “darle una vueltita más” al texto para alcanzar el consenso. “Fue una pena”, resumió.
Durante la sesión, la diputada frenteamplista Ana Olivera lamentó expresamente que no se hubiera aprobado la moción elaborada por Bordaberry. Destacó que el eje central del texto era la defensa de los principios de no intervención, respeto a las normas internacionales y no injerencia en los asuntos internos de los Estados. “Cuando hablamos de los sucesos del 3 de enero no estamos hablando solamente de Venezuela”, afirmó. “Estamos hablando de una serie de amenazas que vienen sucediéndose desde hace bastante tiempo y que continúan en este momento sobre otros países, como Colombia o México. Queremos que nuestro continente siga siendo un continente de paz”, agregó.
Por su parte, Borbonet defendió la moción presentada por el Frente Amplio, que resultó aprobada, y explicó que su bancada no pudo acompañar el texto promovido por la coalición opositora debido a expresiones que, a su juicio, no contribuyen a un pronunciamiento común. Según sostuvo, la redacción planteaba que “los amigos ideológicos del chavismo y de Maduro, locales y regionales, que otrora fueran aliados o socios de los gobernantes venezolanos, se convirtieron en meros cómplices de un régimen oprobioso y opresor de su pueblo”, lo que dificultaba el acuerdo.
Borbonet señaló que, tras esa instancia, se retomaron las conversaciones para alcanzar un consenso y que “se estuvo muy cerca”. Agradeció especialmente al senador Bordaberry por el esfuerzo de articulación y afirmó que la bancada del Frente Amplio estaba dispuesta a firmar el texto alternativo. “Lamentablemente no salió. Creo que nuestra ciudadanía hubiera esperado que, como Parlamento, hubiéramos dado el ejemplo, como lo ha hecho siempre nuestro país en estas situaciones”, expresó. “Faltó muy poco y desconocemos los motivos por los cuales no fue llevado. Nosotros lo íbamos a aceptar”, concluyó.
En la misma línea, la legisladora Margarita Libschitz reiteró que el Frente Amplio hubiera acompañado la declaración presentada por Bordaberry y subrayó que no fue responsabilidad de su bancada que el texto no se aprobara. En ese marco, llamó a “no hacer política barata” en el Parlamento y a preservar la tradición de consensos en materia de política exterior.
Desde la oposición, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez también lamentó que no se hubiera logrado “cristalizar formalmente” la moción de Bordaberry, que —según dijo— recogía los principales puntos de acuerdo entre los partidos. “Estuvimos muy cerca, debo ser honesto”, reconoció. No obstante, sostuvo que Uruguay y su sistema político “van a terminar de dar el paso respecto a Venezuela cuando todos, franca y sinceramente, nos miremos a los ojos y digamos lo que en secreto nos decimos: que en Venezuela hay un régimen dictatorial, hubo un régimen dictatorial y seguirá habiéndolo hasta que el pueblo venezolano pueda manifestarse en paz, en libertad y con convivencia democrática”.
Más crítico fue el senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien explicó que el Partido Nacional resolvió no acompañar la moción de consenso impulsada por Bordaberry. Según relató, insistió “una y mil veces” en que se incorporara al texto una condena “absoluta y firme” al régimen venezolano, al que definió como dictatorial, ilegítimo y sostenido durante años mediante persecución, represión, encarcelamiento sistemático de la disidencia, violaciones reiteradas de los derechos humanos, fraude electoral y terrorismo de Estado.
Da Silva afirmó que, al no estar estos elementos incluidos, su partido decidió no acompañar la moción. “Para nosotros esto es determinante, es el parteaguas”, sostuvo, y cuestionó lo que consideró una excesiva apelación a principios generales del derecho internacional sin una definición clara sobre la naturaleza del régimen venezolano.
El texto elaborado por Bordaberry, que finalmente no fue sometido a votación, se estructuraba como una declaración de principios. En él se reafirmaba la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de las controversias, el principio de no intervención y la importancia del fortalecimiento de la democracia en América Latina. Asimismo, advertía sobre los nuevos desafíos del escenario internacional, marcados por la creciente influencia de actores no estatales, y llamaba a actualizar las normas y mecanismos de cooperación multilateral.
La iniciativa buscaba, en definitiva, tender un puente entre dos posiciones históricamente enfrentadas en el debate sobre Venezuela. Su frustración dejó al descubierto que, aun cuando existe voluntad de diálogo, las diferencias de fondo siguen pesando más que los intentos de síntesis.
El texto de la Declaración que redactó Bordaberry:
“DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PARLAMENTO NACIONAL
La Comisión Permanente del Parlamento de la República Oriental del Uruguay, en ejercicio de sus funciones constitucionales y con el propósito de afirmar principios esenciales para la convivencia internacional,
DECLARA:
- Que la igualdad soberana de los Estados constituye un pilar irrenunciable del orden jurídico internacional. Este principio, recogido en la Carta de las Naciones Unidas y en la tradición diplomática uruguaya, exige el respeto recíproco entre las naciones, sin distinción de poder, tamaño o sistema político.
- Que la solución pacífica de las controversias internacionales es el único camino compatible con la estabilidad regional y global. La negociación, la mediación, el arbitraje y los mecanismos jurisdiccionales deben ser siempre preferidos frente al uso o la amenaza de la fuerza.
- Que el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados sigue siendo una garantía indispensable para la paz y la cooperación. Las diferencias políticas o ideológicas jamás pueden justificar acciones que vulneren la soberanía de un país.
- Que resulta de interés fundamental para Uruguay el fortalecimiento de los sistemas democráticos en América Latina, región que comparte raíces históricas y culturales, y cuyo desarrollo exige instituciones sólidas, separación de poderes, elecciones libres, respeto a los derechos humanos y plena vigencia del Estado de Derecho.
- Que la realidad internacional contemporánea presenta nuevos desafíos: junto a los Estados actúan organizaciones transnacionales, legales e ilegales, cuya capacidad de influencia —económica, tecnológica o criminal— supera fronteras y pone a prueba los principios tradicionales del Derecho Internacional.
En consecuencia, la Comisión Permanente entiende necesaria una actualización y adecuación de las normas internacionales, así como de la cooperación multilateral, para asegurar que los principios de soberanía, no intervención, solución pacífica de controversias y defensa de la democracia sigan siendo efectivos en un mundo donde actores estatales y no estatales operan con creciente incidencia.
- La Comisión Permanente reafirma que el Uruguay, fiel a su tradición republicana y pacífica, continuará promoviendo estos principios en todos los ámbitos internacionales, contribuyendo a un continente más estable, más respetuoso del Derecho y más comprometido con la libertad y la dignidad de sus pueblos”.
