Abdala cuestiona falta de colaboración de Defensa en la comisión Cardama: “no ha llegado un solo papel”

El diputado nacionalista Pablo Abdala, presidente de la comisión especial que investiga el caso Cardama, expresó su preocupación por la falta de respuesta del Ministerio de Defensa Nacional a los pedidos de información realizados por el Parlamento. A casi tres semanas de solicitada la documentación clave para avanzar en la investigación, el legislador aseguró que la comisión aún no ha recibido “ni un solo papel”.

La comisión especial, que se reúne los días lunes, comenzó sus primeras sesiones centrada en analizar los antecedentes del proceso de adquisición de patrulleras oceánicas durante los gobiernos del Frente Amplio, particularmente en el período 2015-2020. En ese marco, ya comparecieron exautoridades políticas y militares vinculadas al tema, entre ellas exministros, subsecretarios y excomandantes en jefe de la Armada.

Según Abdala, de esos testimonios surge un patrón común: improvisación y falta de definiciones claras respecto a una necesidad estratégica de larga data para la defensa nacional. “Hubo una gran improvisación y también una gran indefinición frente a lo que ya se advertía como una necesidad imperiosa: la incorporación de patrulleras oceánicas”, afirmó.

El legislador sostuvo que, pese a la existencia de un pronunciamiento parlamentario que reflejaba un consenso político sobre la necesidad de esos buques, el proceso iniciado en 2015 derivó en una serie de contactos y gestiones que finalmente no produjeron resultados concretos. Según detalló, en aquel período se realizaron reuniones con astilleros, viajes al exterior —incluida una visita a Alemania— y encuentros con intermediarios.

Sin embargo, Abdala cuestionó la forma en que se llevaron adelante esas gestiones. “Todo eso quedó en la nada y además se realizó de manera bastante desprolija. Ni siquiera quedó debidamente documentado en expedientes que reflejen todas esas actuaciones”, señaló.

El diputado indicó que parte de esa información ha surgido a partir de documentos fragmentarios y testimonios recogidos en la comisión. A su juicio, ese proceso terminó siendo “absolutamente inútil” porque el país no avanzó en la incorporación de las patrulleras.

En ese contexto, Abdala también cuestionó decisiones tomadas en años anteriores, como la compra de dos fragatas portuguesas que, según su evaluación, resultó un mal negocio para el país. Explicó que esas embarcaciones, adquiridas por 13 millones de euros y cuyo costo total terminó ascendiendo a unos 20 millones considerando mantenimiento, tuvieron una vida útil limitada y terminaron siendo vendidas como chatarra una década después.

Las declaraciones del legislador se producen en medio del debate político generado por la rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de patrulleras oceánicas. Abdala sostuvo que, a su entender, el contrato original era válido y que el gobierno actual utilizó como argumento la irregularidad de una garantía de cumplimiento para terminar con el acuerdo.

“Se arrasó con todo a partir de ese punto. Hay que separar el contrato principal de la garantía, que es accesoria”, sostuvo. En su opinión, el Ejecutivo debió aplicar el principio de conservación de los contratos y buscar una solución que permitiera continuar con el proyecto.

El legislador advirtió que la rescisión podría exponer al país a un litigio internacional. “Existe un riesgo importante de que, frente a ese incumplimiento, la contraparte reclame y se genere una situación judicial contra Uruguay”, afirmó.

En relación con la estrategia judicial del astillero Cardama, Abdala consideró que el desistimiento de una acción previa no implica una renuncia definitiva a reclamar. “No hay ninguna rendición. Es simplemente una decisión estratégica y seguramente el proveedor explore otros caminos para resarcir lo que entiende que es su derecho”, señaló.

Mientras tanto, la comisión parlamentaria continúa recabando testimonios y preparando nuevas citaciones. Este lunes, está previsto que comparezca Hernán Planchón, exdirector general del Ministerio de Defensa durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez y quien integró una delegación oficial que viajó a Alemania para visitar astilleros en el marco de aquellas gestiones.

Abdala también mencionó la negativa del almirante retirado Leonardo Jaunsolo —quien era director de Material Naval en aquel momento— a comparecer personalmente ante la comisión. El militar ofreció responder por escrito, una opción que los legisladores analizan rechazar.

Sin embargo, más allá de las comparecencias, el presidente de la comisión insiste en que el avance de la investigación depende en gran medida de la documentación oficial solicitada al Poder Ejecutivo.

“Han pasado casi veinte días desde que pedimos todos los antecedentes documentales, especialmente al Ministerio de Defensa, y hasta ahora no ha llegado nada”, afirmó.

El diputado relató que incluso se comunicó personalmente con la ministra de Defensa para reiterar el pedido. Según explicó, la jerarca le aseguró que recibiría novedades a la brevedad, algo que hasta ahora no ocurrió.

“Necesitamos la documentación con urgencia, sobre todo para analizar la etapa más reciente y los motivos que llevaron al gobierno a tomar la decisión de rescindir el contrato”, concluyó.

Las fragatas portuguesas

El pasado 2 de marzo, el exministro de Defensa Nacional José Bayardi compareció ante la comisión especial parlamentaria que analiza el caso vinculado al astillero Cardama y, hacia el final de su intervención, se refirió a la compra de dos fragatas portuguesas concretada durante el primer gobierno del Frente Amplio. Bayardi fue el primer citado por la comisión. En su exposición defendió el proceso de adquisición y aseguró que se trató de una negociación transparente entre Estados, sin intermediarios ni comisiones. Bayardi señaló que el vínculo que derivó en la compra se originó a partir del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Portugal tras la asunción del gobierno frenteamplista en 2005. En ese contexto, explicó que la entonces embajadora portuguesa en Montevideo, Luisa Bastos, promovió contactos entre ambos países, lo que abrió la posibilidad de que la Armada uruguaya evaluara la incorporación de dos fragatas que Portugal planeaba retirar de servicio.

Según detalló, la Armada envió una misión técnica encabezada por el capitán de navío Escandón para inspeccionar los buques. El informe resultante concluyó que las fragatas —la Comandante João Belo y la Sacadura Cabral— se encontraban en condiciones adecuadas y que su incorporación permitiría extender la capacidad operativa de la Armada uruguaya por al menos una década, mejorar la seguridad de navegación y aumentar la interoperabilidad en el Atlántico Sur.

Bayardi explicó que el acuerdo finalmente adoptó la forma de una cesión onerosa con opción de compra. El precio total fue de 13 millones de euros, que se pagaron en seis cuotas: una inicial de 1,75 millones y cinco posteriores de 2,25 millones. El primer pago, añadió, habilitaba formalmente la compra de las embarcaciones. También indicó que el traslado de los buques a Uruguay implicó un costo adicional cercano a 1,4 millones de dólares.

El exministro subrayó que la decisión de avanzar con la adquisición contó con el respaldo de las autoridades políticas y militares de la época. “Estuvo de acuerdo la Armada, la ministra, el presidente y los contraalmirantes”, afirmó. Además, remarcó que los pagos comenzaron recién después de que las fragatas fueron entregadas a Uruguay.

Durante la sesión, el presidente de la comisión, el diputado Pablo Abdala, consultó cuánto se terminó pagando por la operación. Bayardi confirmó que el monto total abonado fue exactamente el previsto en el acuerdo: 13 millones de euros.

El exministro también hizo hincapié en que, al tratarse de una negociación directa entre Estados, no existieron comisiones ni intermediarios. Según explicó, en las compras de armamento las comisiones suelen ser elevadas, pero generalmente no figuran en los contratos. “En las compraventas de Estado a Estado no se pagan comisiones”, sostuvo.

Bayardi atribuyó la elección de esas fragatas, con una vida útil estimada de unos diez años más, principalmente a razones presupuestales. Señaló que opciones de buques nuevos eran considerablemente más costosas y que las limitaciones financieras influyeron en la decisión final.