La situación de las personas que viven en la calle en Uruguay se ha convertido en uno de los desafíos sociales más visibles, complejos y persistentes del último tiempo. A un año de la asunción del presidente Yamandú Orsi, el problema no solo continúa presente, sino que ha ganado centralidad en la agenda pública, obligando al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) a redefinir su enfoque y acelerar la implementación de nuevas políticas.
El fenómeno de la indigencia urbana ha dejado de ser una expresión marginal para transformarse en un indicador crítico de las tensiones sociales y económicas del país. Ya no se trata únicamente de pobreza extrema tradicional. Hoy confluyen factores estructurales y coyunturales: el encarecimiento sostenido del acceso a la vivienda, la informalidad laboral, la pérdida de redes familiares, el deterioro de la salud mental y el aumento del consumo problemático de drogas. Esta combinación genera trayectorias de exclusión cada vez más rápidas, donde personas que hasta hace poco tenían cierto grado de estabilidad terminan en situación de calle.
En Montevideo, pero también en otras capitales departamentales, la visibilidad del fenómeno ha crecido de manera notoria. Plazas, veredas, paradas de transporte y espacios públicos se han transformado en lugares de pernocte improvisado. Esta realidad impacta no sólo en quienes la padecen directamente, sino también en la percepción ciudadana, generando una sensación de deterioro del espacio urbano y alimentando debates cada vez más intensos.
El plan impulsado por el MIDES, que comienza a consolidarse en este segundo año de gobierno con proyección al 2028 en los temas vivienda, intenta marcar un cambio de paradigma. Durante años, la política pública estuvo fuertemente centrada en la respuesta de emergencia, especialmente en los meses de invierno, con la apertura de refugios nocturnos. Si bien estos dispositivos siguen siendo necesarios, el nuevo enfoque busca trascender la lógica asistencial para avanzar hacia procesos de inclusión social más sostenidos.
Entre las principales líneas de acción se encuentra la ampliación de centros de atención permanente, el fortalecimiento de equipos territoriales que trabajan en contacto directo con las personas en calle y la articulación con servicios de salud mental y adicciones. También se han planteado iniciativas vinculadas al acceso a soluciones habitacionales transitorias, bajo modelos que priorizan la estabilidad como punto de partida para la reinserción.
Sin embargo, el desafío es enorme. La demanda supera ampliamente la capacidad instalada, y los recursos —tanto humanos como materiales— resultan insuficientes frente a un fenómeno en expansión.
A esto se suma la complejidad de trabajar con poblaciones que, en muchos casos, presentan múltiples vulnerabilidades simultáneas. No basta con ofrecer un refugio: se requiere un acompañamiento integral, sostenido y altamente personalizado.
Uno de los puntos más críticos es el grupo de personas que rechaza sistemáticamente los dispositivos de asistencia. Las razones son diversas: conflictos de convivencia en los refugios, normas estrictas, consumo de sustancias o experiencias previas negativas. Este núcleo duro plantea un dilema profundo para el Estado, que debe equilibrar el respeto a la autonomía individual con la necesidad de garantizar condiciones mínimas de dignidad.
Otro aspecto clave es la coordinación interinstitucional. La situación de calle no puede abordarse exclusivamente desde el MIDES. Involucra al sistema de salud, a las políticas de vivienda, al mercado laboral, a la educación y a los gobiernos departamentales. Sin una estrategia articulada, el riesgo es caer en respuestas fragmentadas que no logran modificar las causas de fondo.
En paralelo, el debate público se ha intensificado. Algunos sectores reclaman medidas más firmes para “recuperar” el espacio público, mientras otros advierten sobre los peligros de criminalizar la pobreza. Este contrapunto refleja una tensión de fondo: cómo compatibilizar la convivencia urbana con el respeto irrestricto a los derechos humanos.
El gobierno de Yamandú Orsi enfrenta así una de sus pruebas más sensibles. La capacidad de dar respuesta a esta problemática será un indicador clave de su gestión en materia social. Más allá de los anuncios y los planes, lo que está en juego es la eficacia real de las políticas y su impacto concreto en la vida de las personas.
A un año de haber asumido, el margen para el diagnóstico ya se ha agotado. La ciudadanía espera resultados visibles, y las personas en situación de calle no pueden seguir siendo postergadas en la agenda pública. El tiempo de las respuestas graduales parece insuficiente frente a la urgencia del problema.
En este contexto, también resulta imprescindible incorporar una mirada de largo plazo. La prevención debe ocupar un lugar central: políticas de acceso a la vivienda, fortalecimiento del empleo formal, atención temprana en salud mental y redes de contención social pueden evitar que nuevas personas caigan en la calle. Sin estas herramientas, cualquier estrategia seguirá siendo reactiva.
La situación de calle en Uruguay no es solo un problema social: es un espejo de las desigualdades y fragilidades del sistema. El plan del MIDES representa un avance necesario, pero su éxito dependerá de su capacidad de continuidad y adaptación.
