Programa Más Barrio: el plan del gobierno para intervenir en zonas críticas

El programa “Más Barrio” es una iniciativa interministerial del gobierno uruguayo, anunciada a mediados de 2025 y cuyo despliegue operativo comenzó entre febrero y marzo de 2026. Su objetivo es intervenir de manera integral en zonas con altos niveles de violencia y vulnerabilidad social.

La propuesta busca disputar el territorio al crimen organizado mediante una estrategia que combina políticas de seguridad pública con mejoras en infraestructura, vivienda y programas sociales. Para ello, la iniciativa es impulsada principalmente por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), con el acompañamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En octubre del año pasado, la Presidencia de la República señaló que “el programa Más Barrio es una iniciativa orientada a mejorar la calidad de vida de quienes habitan en entornos vulnerables, desde una perspectiva integral que combina mejoras urbanas, habitacionales y sociales, con participación comunitaria y una estrategia de seguridad focalizada”.

Durante la presentación del plan, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, sostuvo que el trabajo coordinado con el Ministerio del Interior marca un rumbo diferente respecto a las políticas tradicionales de vivienda. “La materialidad de la vivienda no es suficiente si no se suman otras políticas sociales”, afirmó. En ese sentido, subrayó que la seguridad, la infraestructura y la participación ciudadana son elementos clave para lograr transformaciones duraderas en los territorios.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, señaló que articular el Plan Nacional de Seguridad Pública con el programa Más Barrio permite darle “sentido a la política de seguridad”. Según el jerarca, la estrategia requiere la participación activa de la comunidad, un “policiamiento” moderno y una fuerte coordinación entre instituciones del Estado.

Durante la presentación del programa también participaron el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, y el gerente regional Sur de CAF, Jorge Srur, junto a técnicos del organismo. Arim valoró la participación de la CAF y destacó el carácter innovador de la iniciativa frente a un problema complejo, al considerar que puede contribuir a fortalecer la cohesión social y promover intervenciones más integrales en los territorios. Srur, en tanto, señaló que la vivienda debe entenderse no sólo como una infraestructura, sino también como un derecho humano y un activo social, económico y ambiental.

En diciembre de 2025, el presidente Yamandú Orsi informó que el plan tenía previsto comenzar en febrero en distintos puntos del país: San Antonio, en Maldonado; Cerro Norte, en Montevideo; Corfrisa-Talca, en Las Piedras; y en las ciudades de Durazno y Rivera.

Inicio del plan “Más Barrio”

Recientemente, en una entrevista radial, la ministra Paseyro explicó cuál será el rol de su cartera dentro del programa, que comenzará a implementarse en abril en Cerro Norte. La iniciativa se pondrá en marcha inicialmente en cinco zonas y contará con una línea de crédito de 250 millones de dólares para todo el quinquenio.

Para esta primera etapa se prevé un préstamo de 50 millones de dólares otorgado por la CAF, destinado a financiar las primeras intervenciones en esas áreas prioritarias.

“Desde el punto de vista de vivienda, tenemos previstas intervenciones vinculadas al mejoramiento habitacional. También se evaluarán eventuales realojos, ya que para recuperar y ordenar algunos espacios del territorio puede ser necesario trasladar viviendas y así generar vías de circulación más fluidas y funcionales para el barrio”, explicó la jerarca.

Paseyro señaló que el gobierno apuesta al programa Más Barrio como una herramienta para mejorar la convivencia, fortalecer la infraestructura urbana y reducir los niveles de violencia en contextos vulnerables, con el objetivo de elevar la calidad de vida en zonas consideradas críticas del país.

En esa línea, la ministra agregó que el plan busca generar transformaciones tanto en la infraestructura como en el tejido social, trabajando de forma directa con los vecinos en los territorios. “No es un programa exclusivamente de vivienda ni únicamente de seguridad. Es un programa integral que apunta a la seguridad y a la convivencia, al mejoramiento de la infraestructura y de los espacios públicos, así como a las condiciones habitacionales”, concluyó.

Alcance a las zonas críticas

Aunque en una primera etapa el plan comenzó a aplicarse en cinco territorios, el objetivo es más amplio. El gobierno identificó 21 zonas del país donde se prevé desarrollar intervenciones progresivas en los próximos años. El enfoque apunta a que la presencia del Estado no se limite al control policial, sino que también promueva mejoras concretas en las condiciones de vida de los vecinos.

Entre las acciones previstas se encuentran el fortalecimiento de la presencia policial, la mejora de calles y accesos, la instalación de iluminación pública, la recuperación de espacios comunitarios y el mejoramiento de viviendas en situación precaria. En algunos casos también se analizarán posibles realojos, cuando sea necesario para ordenar el territorio, abrir nuevas vías de circulación o mejorar la infraestructura urbana.

El programa también prevé el desarrollo de políticas sociales y comunitarias, con participación de vecinos y organizaciones barriales. La idea es impulsar proyectos educativos, culturales y sociales que contribuyan a fortalecer el tejido comunitario y a reducir los factores que favorecen la violencia.

Desde el gobierno se ha señalado que el plan busca recuperar el espacio público para la ciudadanía, combinando seguridad con políticas urbanas y sociales. En ese sentido, la estrategia articula el trabajo policial con intervenciones en vivienda, infraestructura y convivencia.

Al tratarse de una política en fase inicial, el gobierno prevé que esta primera etapa funcione como fase piloto, lo que permitirá evaluar el impacto de las medidas y ajustar el modelo antes de extenderlo a otros territorios del país. Entre los indicadores que se analizarán se encuentran la reducción de hechos de violencia, la recuperación de espacios públicos y las mejoras en las condiciones habitacionales y de convivencia en los barrios intervenidos.