A inicios de abril de 2026, el Gobierno de Javier Milei mantiene en el centro de la agenda política el debate sobre un ambicioso paquete de reformas estructurales que incluye cambios profundos en materia laboral, fiscal y electoral. Estas iniciativas forman parte de las 90 reformas anunciadas por el Presidente durante la apertura de sesiones legislativas el 1 de marzo, con el objetivo de “rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina” durante los próximos nueve meses.
La reforma laboral (Ley 27.802 de Modernización Laboral) ya fue sancionada por el Congreso a fines de febrero y entró en vigencia progresiva. El texto, de más de 200 artículos, introduce modificaciones significativas a la Ley de Contrato de Trabajo: flexibiliza las condiciones de contratación, permite extender la jornada laboral hasta 12 horas en determinados sectores, crea un “banco de horas” y reduce la litigiosidad mediante cambios en la justicia laboral. También incluye la transferencia de la función judicial laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires y elimina algunos regímenes de indemnizaciones considerados rígidos por el oficialismo.
El Gobierno defiende la norma como una herramienta clave para generar empleo formal y combatir la “industria del juicio”. Sin embargo, la CGT y sectores de la oposición la califican de regresiva y ya anunciaron demandas judiciales por inconstitucionalidad. Críticos advierten que la reforma podría abaratar despidos y desfinanciar parcialmente el sistema previsional al modificar aportes patronales.
En paralelo, el Ejecutivo prepara la reforma fiscal (tributaria), que busca reducir la presión impositiva sobre las empresas y los trabajadores para fomentar el crecimiento. Entre los puntos en discusión figuran la simplificación del sistema tributario, la baja de impuestos a las sociedades y modificaciones en Ganancias y otros gravámenes. Milei ha repetido que “el sistema tributario debe servir al crecimiento, no al recaudador de turno”. Esta reforma se presenta como complementaria de la laboral y forma parte de un paquete más amplio que incluye cambios en el Código Aduanero y beneficios para energías renovables y medianas inversiones.
La reforma electoral es, quizás, la que genera mayor expectativa y controversia hacia las elecciones de 2027. El Gobierno evalúa eliminar o hacer optativas las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), modificar el financiamiento de los partidos políticos, introducir la posibilidad de votar lista completa con la Boleta Única de Papel (BUP) y endurecer los requisitos para la creación de nuevos partidos (para evitar “sellos de goma”). También se estudia la implementación de circunscripciones uninominales, inspiradas en sistemas como el de Estados Unidos o Reino Unido.
Milei y su equipo sostienen que estas modificaciones buscan “poner a la política al servicio de la sociedad”, reducir el costo de la política y aumentar la responsabilidad de los representantes ante sus electores. La oposición, en cambio, advierte que la eliminación de las PASO podría favorecer al oficialismo y debilitar la democracia interna de los partidos.
El debate sobre estas tres reformas se desarrolla en un contexto de mayor fortaleza legislativa para La Libertad Avanza tras las victorias electorales recientes. El Gobierno ya activó la “mesa política” con aliados dialoguistas para definir el orden de envío de proyectos al Congreso. Fuentes oficiales indican que la reforma electoral podría tener prioridad durante el primer semestre de 2026, mientras que la fiscal avanzaría en paralelo con el Presupuesto 2027.
Sin embargo, persisten fuertes resistencias. Sindicatos, gobernadores peronistas y bloques opositores cuestionan que las reformas beneficien principalmente a las grandes empresas y al sector privado, en detrimento de los derechos de los trabajadores y la equidad fiscal. Manifestaciones y pedidos de informes en el Parlamento ya se registraron, especialmente contra la reforma laboral.
Desde el oficialismo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y ministros clave insisten en que 2026 será “el año de las reformas estructurales” que permitirán consolidar el crecimiento proyectado por organismos como el BID (cerca del 3,8% para Argentina). Milei ha señalado que estas iniciativas buscan preparar al país para un “nuevo orden mundial” con mayor apertura comercial, incluyendo el acuerdo con Estados Unidos.
Aún quedan interrogantes sobre el alcance final de cada reforma. La Justicia podría intervenir en varios puntos (como ya ocurrió con partes de la reforma laboral), y el apoyo de los bloques provinciales será clave en el Congreso. Mientras tanto, el debate se intensifica en los medios, redes sociales y el ámbito parlamentario.
