El gobierno presentó oficialmente el documento final del Diálogo Social sobre protección y seguridad social, reafirmando su apuesta por la construcción de consensos como eje central para encarar una reforma estructural del sistema. El presidente Yamandú Orsi, junto al ministro de Economía Gabriel Oddone y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Rodrigo Arim, encabezó la instancia tras el Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva, donde se delinearon los principales lineamientos de la futura agenda legislativa.
El informe recoge aportes de actores políticos, organizaciones sociales, académicos y ciudadanía en general, y se estructura en torno a cuatro ejes fundamentales: protección a la infancia, fortalecimiento del Sistema de Cuidados, cobertura para trabajadores en actividad y reformas en jubilaciones y pensiones. Según el Ejecutivo, el documento no busca unanimidades, sino sintetizar acuerdos y también desacuerdos, como base para definir prioridades de política pública.
Orsi fue enfático en despejar dudas sobre uno de los temas más sensibles del debate: el rol de las AFAP. “No está en nuestro espíritu ni aparece en este documento la propuesta de eliminar o estatizar las AFAP”, aseguró, subrayando la voluntad de mantener el sistema de tres pilares vigente. En ese sentido, el gobierno reafirma la continuidad del esquema previsional basado en un componente no contributivo, un pilar solidario de reparto intergeneracional y un sistema de ahorro individual administrado por entidades públicas y privadas.
El mandatario destacó además el valor del proceso participativo. Durante ocho meses, se realizaron más de 29 conversatorios en todo el país, seminarios técnicos, audiencias con organizaciones y se recibieron decenas de propuestas a través de plataformas digitales. “El documento demuestra la riqueza de la discusión. No es un texto de unanimidades, sino de matices y aportes diversos”, sostuvo.
Uno de los focos centrales del informe es la infancia y la adolescencia. El gobierno considera que allí existe una prioridad ética y política. Entre las medidas planteadas se encuentra la creación de un sistema único de transferencias que integre prestaciones existentes, con el objetivo de simplificar el acceso y mejorar la eficiencia. También se propone aumentar los montos de apoyo según los ingresos de los hogares y establecer beneficios específicos para mujeres embarazadas y niños de 0 a 3 años.
Estas iniciativas serán incorporadas en el próximo proyecto de ley de Rendición de Cuentas, según adelantó el Ejecutivo. La intención es avanzar de forma gradual, priorizando a los sectores más vulnerables y garantizando una implementación sostenible desde el punto de vista fiscal.
Sistema de Cuidados
En la misma línea, el fortalecimiento del Sistema de Cuidados aparece como otro eje clave. Las propuestas incluyen ampliar la cobertura de educación y cuidados, duplicar la cantidad de centros de tiempo completo o extendido, y avanzar hacia la universalización de la atención a los 3 años. También se busca incentivar una mayor participación de los varones en las tareas de cuidado y mejorar las licencias asociadas, sin afectar el empleo formal.
Rodrigo Arim destacó que existe un amplio consenso en torno a la necesidad de priorizar a la infancia. “Desde esa pluralidad debemos congratularnos que todos los actores han coincidido en privilegiar a niños, niñas y adolescentes en el fortalecimiento de la red de protección social”, afirmó. Además, recordó que el presupuesto quinquenal ya había asignado el 40% de los recursos incrementales a esta área.
Otro punto relevante es la protección del trabajo independiente. El gobierno propone la creación de un seguro por cese de actividad para monotributistas y trabajadores unipersonales sin dependientes, que otorgue una prestación económica temporal de hasta tres meses. Se trata de un sector que actualmente presenta importantes niveles de vulnerabilidad y escasa cobertura frente a contingencias laborales.
En materia previsional, el Ejecutivo plantea introducir ajustes que mejoren el funcionamiento del sistema sin comprometer su sostenibilidad. Entre ellos, se destaca la creación de una causal de retiro anticipado que permita a las personas jubilarse a partir de los 60 años, aunque manteniendo la edad legal en 65. Este mecanismo buscará equilibrar libertad individual e incentivos para prolongar la vida laboral.
Según explicó Arim, la propuesta contempla garantizar que los trabajadores de menores ingresos no vean reducidas sus prestaciones. Para ello, se prevé un suplemento solidario que asegure jubilaciones no inferiores a las vigentes antes de la reforma de 2023. Los cálculos realizados junto al Banco de Previsión Social indican que estas modificaciones serían neutras desde el punto de vista fiscal.
El ministro Gabriel Oddone reforzó este concepto al señalar que el gobierno busca “modificar prioridades y énfasis sin comprometer la estabilidad financiera”. Además, llamó a la responsabilidad en el manejo público del debate, especialmente en lo relativo a las AFAP. “No hay ninguna propuesta que afecte las cuentas individuales ni su administración. Generar dudas sobre esto puede causar un daño innecesario al país”, advirtió.
Oddone también hizo referencia al contexto internacional y a la importancia de preservar la credibilidad de Uruguay. “Nuestra principal fortaleza es ser un país serio. Si ponemos eso en duda por intereses de corto plazo, el daño puede ser irreversible”, sostuvo, en alusión a posibles impactos en el acceso al financiamiento externo.
En cuanto al proceso político, el gobierno reconoce que muchas de las reformas requerirán aprobación parlamentaria, en un escenario donde no cuenta con mayorías propias. Sin embargo, se mostró confiado en lograr acuerdos, recordando antecedentes recientes como la aprobación del presupuesto quinquenal con apoyo de distintos sectores.
“El diálogo continúa ahora en el Parlamento”, afirmó Orsi, quien no descartó convocar a otras fuerzas políticas para construir consensos más amplios. En ese sentido, el Ejecutivo apuesta a que la relevancia de los temas en discusión facilite acuerdos transversales.
Algunas medidas, no obstante, podrían implementarse sin necesidad de nuevas leyes. El presidente mencionó la posibilidad de avanzar en la ampliación de la cobertura educativa o de cuidados dentro de los marcos normativos actuales. Sin embargo, aclaró que los cambios más estructurales requerirán necesariamente de respaldo legislativo.
El documento del Diálogo Social se presenta así como una hoja de ruta para los próximos años, con una combinación de reformas inmediatas y transformaciones de mediano plazo. El enfoque gradual, la priorización de los sectores más vulnerables y el énfasis en el consenso aparecen como los pilares de la estrategia oficial.
En un contexto global incierto y con desafíos internos persistentes, el gobierno busca consolidar un sistema de protección social más equitativo y sostenible. La clave, según sus principales autoridades, estará en mantener abierto el diálogo y traducir los acuerdos en políticas concretas que mejoren la calidad de vida de la población.
