Marcelo Falca
El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala defendió la transparencia del proceso de adquisición de patrullas oceánicas (OPV) al astillero Cardama y cuestionó duramente al actual Ministerio de Defensa, tras la comparecencia del ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, ante la comisión parlamentaria que investiga el caso.
Luego de una extensa sesión de más de cuatro horas, Abdala sostuvo que el testimonio de Wilson permitió extraer dos conclusiones principales: por un lado, que el proceso de selección del proveedor “se ajustó a derecho y respondió a los intereses del país”; y por otro, que existen contradicciones relevantes en la actuación de las actuales autoridades, particularmente de la ministra Sandra Lazo.
“Todo el proceso que condujo a la decisión de contratar a Cardama fue absolutamente transparente, arreglado a derecho y cumplió con los mayores intereses del país”, afirmó el legislador, quien valoró la exposición del ex jerarca naval por su claridad y solidez.
Según explicó, la propuesta del astillero español llegó inicialmente a la Armada Nacional a través de un intermediario, y fue luego canalizada hacia el Ministerio de Defensa, que la devolvió a la fuerza para su análisis técnico. A partir de allí, se abrió un proceso competitivo en el que participaron un total de ocho ofertas.
El análisis se desarrolló en dos niveles: uno técnico, a cargo de un equipo de oficiales de distintas áreas de la Armada, y otro de decisión política, en el ámbito de la Junta de Almirantes. En este último, si bien hubo posiciones divididas, se alcanzó una mayoría que respaldó la propuesta de Cardama. “La decisión final de recomendación correspondía al almirante Wilson, quien, con el respaldo mayoritario, elevó la propuesta al Poder Ejecutivo, que finalmente concretó la adjudicación”, detalló Abdala.
El diputado remarcó que este procedimiento evidencia que existió competencia, evaluación técnica y decisión institucional, lo que, a su juicio, descarta cualquier irregularidad en la fase inicial del proceso.
Sin embargo, el foco de sus críticas se trasladó a la etapa posterior, vinculada a la rescisión del contrato y a las decisiones adoptadas por el actual gobierno. En ese sentido, Abdala cuestionó la sanción aplicada a Wilson y sostuvo que la ministra Lazo “quedó en una posición muy comprometida” tras las declaraciones del ex comandante.
Uno de los puntos centrales de controversia refiere a una reunión mantenida el 27 de febrero, días antes del cambio de gobierno. Según la versión oficial, Wilson no habría informado sobre el pago de un hito clave del contrato durante ese encuentro, lo que fue utilizado como argumento para su sanción.
No obstante, el ex jerarca naval aseguró ante la comisión que el tema no fue planteado en esa instancia. “Wilson afirmó categóricamente que el asunto de las OPV no se trató en esa reunión”, indicó Abdala, quien agregó que, incluso si hubiera sido mencionado, el almirante no estaba en condiciones de brindar información debido a instrucciones del mando político vigente en ese momento.
“Había una indicación de que ese tema se manejara de ministro a ministro, en el marco de la transición. Por lo tanto, tampoco correspondía que él lo abordara”, explicó el legislador.
Para Abdala, esta discrepancia constituye una “contradicción evidente” que deberá ser aclarada cuando la ministra comparezca ante la comisión. “Tenemos mucho para hablar con ella”, adelantó.
Otro de los aspectos señalados por el diputado es la presunta conformación de un grupo de trabajo irregular dentro del Ministerio de Defensa para revisar el proceso de contratación. Según denunció, este equipo habría estado integrado por personas sin vínculo funcional con la cartera, lo que podría configurar situaciones de ilegalidad.
“Se creó una especie de grupo de facto, con cuadros políticos que no tenían relación formal con el ministerio, que realizaron investigaciones internas, interrogaron funcionarios y llevaron adelante pesquisas sin respaldo institucional”, afirmó.
Abdala fue más allá y planteó que estas actuaciones podrían tener “apariencia delictiva”, mencionando posibles figuras como usurpación de funciones o realización de pesquisas ilegales. En ese sentido, indicó que la comisión solicitará toda la documentación vinculada a este grupo, incluyendo resoluciones, antecedentes y actas.
“Esto es muy grave. En ningún organismo se pueden llevar adelante procedimientos de investigación por parte de personas que no tienen competencia ni designación formal”, sostuvo.
Cuestionado orden de comparecencia
En relación al desarrollo de la investigación parlamentaria, el legislador expresó su disconformidad con el orden de comparecencias previsto, señalando que resulta “insólito” que la ministra aún no haya asistido a la comisión.
En principio, los próximos convocados serían los técnicos de la Armada que participaron en la evaluación de las propuestas, así como integrantes de la Junta de Almirantes. No obstante, Abdala insistió en la necesidad de que Lazo comparezca a la brevedad.
Durante la sesión, también se incorporó nueva documentación al expediente. Como es habitual, los legisladores recibieron un pendrive con información adicional antes del inicio de la reunión, aunque Abdala reconoció que aún no ha tenido tiempo de analizar en detalle ese material.
Entre los documentos solicitados, se encuentran específicamente aquellos vinculados al cuestionado grupo de trabajo. “Vamos a insistir en que se nos remita toda la información disponible sobre su conformación y actuación”, señaló.
Abdala destacó el desempeño de Wilson durante su comparecencia. “Quedé gratamente sorprendido por su solvencia. Fue muy respetuoso, claro y contundente en sus respuestas”, expresó.
El diputado también señaló que, si bien el ex comandante no siempre brindó detalles exhaustivos, sus declaraciones aportaron elementos relevantes para avanzar en la investigación.
La comisión parlamentaria continuará en las próximas semanas con nuevas comparecencias y análisis de documentación, en un proceso que busca esclarecer tanto el origen de la contratación como las decisiones adoptadas posteriormente por el actual gobierno.
Para Abdala, la prioridad es “llegar a la verdad de los hechos” y garantizar que cualquier eventual irregularidad sea debidamente investigada. Sin embargo, insistió en que, a la luz de lo expuesto hasta ahora, el proceso de adjudicación inicial “resiste el análisis” y se enmarca dentro de la legalidad vigente.
Ya tenés para la campaña, ahora que más?
Volvé con un traductor…. ESTE ES EL GOBIERNO DE LOS MENTIROSOS….. Y POR LO TANTO ES FACIL ENTENDER QUE LA CANTORA DE TANGOS LA TRILOGIA QUE PRESIDE, LOS MINISTROS, LA ECONOMIA, LA SUBA DE IMPUESTOS, EL PRESUPUESTO PARA LA EDUCACION…PROMETIERON EL 6% + 1, TERMINO SIENDO UN 4,2% EN EL GOBIERNO GOBIERNO ANTERIOR SE APLICO UN 4,7% LAS JUBILACIONES QUE AUMENTARON $ 400, «MARIA DOLORES» OTRO MONUMENTO AL SANTO PEDO COMO EL ARENA. Y ¿LOS 2.000 POLICIAS? QUE MIENTEN FUE RECONOCIDO POR VALCORBA, PEREYRA. ODDONE, EMPRESAS QUE SE VAN DEL PAIS, ETC. ETC.
Lo que dejó el anterior gobierno..
Fanacif dejó Uruguay en abril 2024
Grupo Gloria canceló su producción mayo de 2024
FNC y el cierre de la planta de Minas mayo 2024
Yazaki cierra sus plantas en Uruguay principios de 2025
Calcar dejó de operar en Uruguay abril de 2025
Alpa y La Gotita cesaron sus actividades septiembre de 2025
Verizon cerró operaciones en Uruguay agosto de 2025
Kronos Group Cierre anunció progresivo noviembre de 2025
ANEP pérdida de más de 300 millones de dólares
Ancap en déficit
OSE alarmantemente endeudado
Banco República (BROU) sufrió una caída del 4%
Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) contracción del 30% en su stock de créditos
ASSE endueudado en 127 millones de dólares
pagos pendientes 160 millones de dólares a MTOP
Estafa Cardama
Estafa ganadera
2024 cierre con un déficit fiscal similar al de 2019 y con un aumento de la deuda pública de más de diez puntos porcentuales del PIB
Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou aumentó significativamente la cantidad de personas en situación de calle en Uruguay. Los relevamientos oficiales y encuestas ciudadanas muestran un incremento sostenido desde 2021, especialmente en Montevideo, y la problemática se convirtió en una de las principales preocupaciones sociales y políticas del país.
2019 (MIDES): 1.700 personas en situación de calle en Uruguay.
2021 (MIDES): 2.215 personas registradas.
2023 (MIDES): 2.756 personas (incremento del 24% respecto a 2021).
2024 (MIDES): 2.700 a 3.000 personas en situación de calle a nivel nacional, según datos del MIDES y relevamientos departamentales.
2025 (MIDES): 2.600 y 2.800 personas en situación de calle.Otras estimaciones (ONGs, prensa y relevamientos independientes): señalan que el número real es de casi 5.000 personas efectivamente viviendo en la calle.
Vuelvo con un traductor por nabo …
Las promesas incumplidas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou
Las promesas incumplidas señaladas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou en Uruguay incluyen el aumento de tarifas públicas y combustibles (contrario a lo prometido en campaña), el incremento de cargos de confianza y la falta de reducción en la flota vehicular estatal. Además, se señalan estancamiento económico, aumento de la pobreza infantil y persistentes desafíos en seguridad pública.
Principales promesas incumplidas y críticas:
Tarifas y Combustibles: A pesar de la promesa de no aumentar los impuestos y reducir las tarifas, el gobierno realizó aumentos en UTE (10,5%), OSE (10,7%) y Antel (9,78%) al inicio de su gestión para cubrir el déficit fiscal.
Aumento del Estado: En lugar de reducir los cargos de particular confianza, el número aumentó un 8,3% al cierre de 2022 respecto a 2019. La flota vehicular estatal también experimentó un aumento en lugar de la reducción prometida.
Vivienda: Se cuestionó la meta de construcción de viviendas, con debates sobre la no concreción de 50,000 unidades y la efectividad del fideicomiso propuesto.
Seguridad y Economía: Sectores de la oposición señalaron un «atraso cambiario» y una «inserción económica internacional fallida», además de cuestionar la gestión de la inseguridad.
Desigualdad: Informes mencionaron un aumento en la pobreza, especialmente en hogares con menores, y una recuperación económica desigual.
Impuestos: Lacalle Pou reiteró en múltiples ocasiones que no crearía nuevos impuestos ni aumentaría los existentes. Críticos del Frente Amplio y otros sectores han señalado que la reducción de la devolución del IVA en compras con tarjeta de débito y otros ajustes técnicos funcionaron como aumentos impositivos indirectos.
Vivienda: Existió una fuerte controversia sobre la supuesta promesa de construir 50,000 viviendas. El presidente negó haber asumido ese compromiso personal, atribuyéndolo a declaraciones de una ministra y aclarando que no figuraba en su programa de gobierno oficial.
Seguridad: Aunque se implementaron cambios legales a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC), sectores de la oposición y medios como M24 han cuestionado el cumplimiento de las metas de seguridad pública ante la persistencia de delitos violentos.
Poder adquisitivo: Se prometió que el salario real no perdería poder de compra. No obstante, durante los primeros años de gestión, se registró una caída del salario real que el gobierno comenzó a recuperar hacia el final del periodo.
Debo expresar que me tienen podrido los multicolores acomodaticios mentirosos , aparecen y aburren queriendo dar clases de seriedad y probidad .
Que alguien proponga BAJARSE un poco los SUELDOS faraonicos a niveles DECENTES : ESO NO LES SALE A NINGUNO.
Vamos a lograr que llegue un MILEI y eso sería CATASTROFICO .
DESPIERTEN POLITICOS SE MIERDA : YA PUDREN.
Bueno Si esto ya está en manos de la Justicia hay que esperar y dejarse de chismes oficiosos Ya veremos
Gobierno de Lacalle deja a Ancap en déficit y a OSE alarmantemente endeudado
El Gobierno entrante ha expresado preocupaciones sobre el déficit de Ancap y el endeudamiento de OSE. Rodrigo Arim, próximo director de la OPP, afirmó que el equipo desea tener «toda la información disponible» sobre las empresas públicas. Estas declaraciones se hicieron en una conferencia de prensa transmitida por Subrayado de Canal 10, resaltando la importancia de conocer el estado de estas entidades.
Arim mencionó que se han detectado «algunos focos de preocupación» durante el proceso de transición gubernamental. Estas preocupaciones son conocidas y se centran en el funcionamiento nacional. Según el futuro director de la OPP, el nuevo gobierno, que asumirá funciones el 1º de marzo, considera esencial tener claridad sobre la situación actual de sectores clave en el país.
Estado de las empresas públicas
El análisis del equipo entrante señaló la situación financiera específica de OSE y Ancap. Arim subrayó la necesidad de «saber cuál es el punto de partida» que tendrá el futuro gobierno en relación con las empresas públicas. Durante 2024, se anticipa un déficit en OSE, aunque este no es considerado alarmante por las autoridades entrantes.
En cuanto a Ancap, Arim mencionó que la situación es producto del paro de la refinería, lo que podría implicar un cierto grado de endeudamiento. Sin embargo, hizo énfasis en que este escenario no debe provocar alarma, sino que es parte de un ejercicio de transparencia y recopilación de datos sobre el estado financiero actual.
Planificación y seguimiento
La planificación gubernamental se centra en obtener un panorama completo que facilite la gestión eficaz de las empresas públicas. Esta información permitirá al nuevo gobierno implementar políticas adecuadas y enfrentar los desafíos económicos y financieros detectados. El enfoque está en garantizar un entendimiento profundo de las situaciones específicas de cada entidad, incluidas sus proyecciones para 2025.
El equipo liderado por Arim buscará entender cómo se desviaron los programas financieros de OSE y Ancap. Estas empresas juegan un papel relevante en distintas dimensiones del funcionamiento nacional. Aspectos como los desvíos financieros se analizan para contemplar medidas correctivas que aseguren un manejo adecuado.
Gobierno de Lacalle Pou dejó deudas por U$S 360: en ASSE, MTOP y otros organismos
02 de abril de 2025
Indicó que se postergaron US$ 160 millones de gastos en el MTOP, otros US$ 100 millones en ASSE y US$ 100 millones más en otros organismos. Esa suma da una afectación del 0,4% del PIB a la que deben sumarse US$ 74 millones de adelanto de impuestos (US$ 30 millones de Imesi en Ancap, US$ 14 millones de impuesto al patrimonio en UTE y US$ 30 millones de IRAE en UTE).
Oddone también informó que los gastos adicionales comprometidos para 2025 ascienden a US$ 970 millones.
Lacalle Pou le dejará nuevo y más alto endeudamiento al gobierno de Orsi: Se levantó el límite por orden de Arbeleche
El Ministerio de Economía de Uruguay activa la cláusula de salvaguarda para aumentar el límite de endeudamiento, alcanzando un total de hasta US$ 2.990 millones en 2024.
Lacalle Pou prometió bajar el gasto U$S 900 millones, pero lo aumentó en 950 millones
El déficit fiscal actual es mayor al del año 2019. Incluso a pesar que los ingresos del sector público aumentaron 1,5% de producto bruto. «O sea, aumentó la carga tributaria».
El déficit se explica por un «marcado aumento del gasto». En especial, durante los dos últimos años del gobierno.
El déficit fiscal a agosto de 2024 fue 4,6% del PIB (corregido por cincuentones y variación de deuda flotante), 0,2% mayor que el cierre de 2019.
Miente aunque le refrieguen las evidencias en al cara, este es otro más implicado en lo de Cardama o tienen ordenes de joder al gobierno negando hasta en que la tierra es redonda. Otro nabo más del montón colorinche.
Se debe cambiar la «o» por la «y»