La comparecencia del almirante retirado Jorge Wilson ante la comisión especial parlamentaria sumó nuevos elementos a los legisladores que investigan el proceso fallido de adquisición de las patrulleras oceánicas (OPV). Durante más de cuatro horas, el ex comandante en jefe de la Armada Nacional defendió el lunes 27 de abril la transparencia del proceso aunque reconoció elementos que, según sus propias palabras, le “llamaban la atención” en el accionar del dique Cardama, según la versión taquigráfica a la que tuvo acceso el Diario La R. El eje central de la sesión giró en torno a cómo surgió la propuesta del astillero español, por qué se desestimaron procesos competitivos anteriores, y cuál fue el rol de la Armada en la evaluación técnica frente a decisiones que, insistió Wilson, correspondían al poder político, entre otros elementos. En ese marco, oficialismo y oposición leyeron la comparecencia en clave distinta: mientras los legisladores del Frente Amplio señalaron contradicciones y zonas grises, desde la Coalición Republicana se defendió la legalidad del procedimiento.
Un proceso con antecedentes fallidos
Wilson comenzó reconstruyendo la cronología. Recordó que los primeros intentos de adquisición de patrulleras oceánicas durante su gestión fracasaron, incluyendo llamados que terminaron desiertos pese a contar con ofertas que, en algunos casos, cumplían con los requisitos técnicos.
En uno de esos procesos, explicó, la propuesta china había sido la mejor evaluada al cumplir el 100% de los requerimientos, por encima de otras como la de Damen o la francesa Kership. Sin embargo, “lamentablemente”, según sus propias palabras, la decisión fue no avanzar y declarar desierto el llamado. También se descartó la opción de buques noruegos usados por su dimensión y costo de mantenimiento. “ Damen, y tercera, la de Kership. La de China cumplía el 100 %, Damen estaba en el entorno del 90 % y la francesa, 80 y algo de los ítems calificados. En realidad, se pedía que cumplieran el 100 %; por lo tanto, China era la única que satisfacía plenamente. Lamentablemente, después se decidió declararlo desierto y no se fue por la opción de los barcos chinos”,afirmó. Ese antecedente marcó el punto de partida para la búsqueda de alternativas. Fue en ese contexto que apareció la propuesta del astillero Cardama, presentada a través de un intermediario. Wilson aclaró que, si bien tomó conocimiento de la oferta, instruyó que fuera canalizada formalmente a través del Ministerio de Defensa.
La selección de Cardama
El ex comandante explicó que la Armada actuó como órgano asesor técnico y que la decisión final siempre recayó en el Ministerio. Aun así, reconoció que, tras el asesoramiento de la Junta de Almirantes, fue él quien recomendó a Cardama entre tres opciones finales, junto a Kership (Francia) y un astillero colombiano. Según su testimonio, el criterio central fue la combinación entre capacidades operativas, plazos de entrega y precio. En ese análisis, Cardama se destacó por mantener prestaciones sin recortes, a diferencia de otros oferentes que reducían equipamiento para abaratar costos.
“¿Por qué que le hago la recomendación al ministro de Cardama? Porque era el que más capacidades operacionales mantenía en comparación con las ofertas de las otras unidades. Tanto es así que algunas de ellas, cuando empezaron con la posibilidad de reofertar, bajaron el precio” señaló.
Sin embargo, fue en ese punto donde surgió una de las frases más comentadas de la jornada: “Sí llamaba la atención que Cardama mantuviera el precio”. “Algunas propuestas bajaban el precio, pero eliminaban capacidades: el cañón, sensores o lanchas de interdicción. Cardama mantenía todo”, sostuvo.
Wilson describió la situación con una metáfora: “Era como un niño en una juguetería que pedía algo más y le decían que sí”. Según explicó, el astillero justificaba esa flexibilidad en su interés por ingresar a un mercado en el que no tenía antecedentes, reduciendo márgenes de ganancia para posicionarse.
El almirante detalló que se solicitaron ajustes técnicos —como la reubicación de grúas, modificaciones en generadores o mejoras en estabilidad— que el astillero aceptó sin incrementar costos. Según su relato, esa disposición contrastó con otros oferentes que condicionaban cada cambio a recortes o aumentos.
Para algunos legisladores del oficialismo, esta flexibilidad resultó sospechosa; para Wilson, en cambio, fue parte de una estrategia comercial del astillero. Respecto a los otros oferentes, comentó que “cuando empezaron con la posibilidad de reofertar, bajaron el precio. A modo de ejemplo, nos sacaban el cañón y nos decían que después lo poníamos nosotros. Entonces, venía un barco sin cañón. O nos bajaban la cantidad o la capacidad de los radares y los sensores, o la capacidad de las lanchas de interdicción, pasando a lanchas más pequeñas o botes tipo zódiac”.
Capacidades técnicas y límites de la Armada
Uno de los aspectos más reiterados por el almirante fue la limitación de la Armada para evaluar la solvencia económica o la capacidad industrial de los astilleros. “Si el dique era capaz o no de construir o de solventar la oferta escapaba a la Armada”, afirmó en relación a versiones sobre el riesgo de quiebra que enfrentaba Cardama en ese momento.
En ese sentido, insistió en que se solicitó al Ministerio de Defensa que realizara análisis financieros y contratara expertos externos. La Armada, dijo, carece de herramientas técnicas para determinar si una empresa puede afrontar un contrato de ese tipo. Esa línea argumental fue clave frente a cuestionamientos sobre informes que alertaban sobre dificultades económicas de Cardama. Wilson señaló que, ante esas señales, trasladó la preocupación al Ministerio, entendiendo que allí estaban las capacidades para investigar.
Uno de los momentos más tensos de la sesión estuvo vinculado al informe crítico del contralmirante Gustavo Musso, quien cuestionó la idoneidad de Cardama. Wilson relativizó ese informe por dos razones: su carácter individual y su presentación posterior a la recomendación oficial. Según explicó, Musso no lo elevó a la Junta de Almirantes, sino directamente a él, y casi simultáneamente apareció en la prensa.
Además, puso en duda su rigurosidad técnica, sugiriendo que el análisis podía estar “direccionado” para favorecer a otro astillero. También mencionó que Musso no contaba con formación formal de Estado Mayor, lo que —a su juicio— restaba peso institucional al informe.
Mencionó que lo llamó el ministro Javier García por este tema a quien “le hice las aclaraciones que entendí pertinentes en su momento respecto a las objeciones que planteábamos”. El episodio terminó con la solicitud de pase a retiro de Musso, en medio de la discrepancia.
Visitas y reunión con Cardama.
Por otra parte, Wilson negó haber tenido vínculos con Cardama o con otros astilleros. Afirmó que no mantuvo contactos directos ni realizó visitas, salvo interacciones puntuales en ámbitos internacionales.
Las visitas a astilleros, explicó, fueron limitadas y respondieron a instancias específicas, como la evaluación de buques noruegos de segunda mano. En el caso de Cardama, la visita fue realizada por autoridades del Ministerio con apoyo técnico de la Armada
No obstante, entre los puntos que más llamaron la atención de los legisladores del Frente Amplio se encuentra una reunión realizada en junio de 2023, pocos meses antes de la firma del contrato (diciembre de ese año) entre autoridades del Ministerio de Defensa y representantes del astillero Cardama en la propia sede ministerial.
Si bien Wilson no fue protagonista directo de ese encuentro, el episodio fue mencionado como un momento clave en el proceso, dado que ocurrió cuando la propuesta del astillero español comenzaba a consolidarse como una opción concreta. Legisladores de la oposición relativizaron su importancia, señalando que era habitual mantener reuniones con oferentes en procesos de este tipo.
Sin embargo, desde el Frente Amplio se plantearon dudas sobre el alcance de ese intercambio, el contenido de las conversaciones.
El pago del segundo hito
Uno de los aspectos más sensibles abordados en la comisión fue la autorización del pago del segundo hito del contrato sobre el final del mandato del gobierno anterior, una instancia clave en la ejecución del acuerdo con Cardama.
Wilson explicó que la Armada no contaba con especialistas para validar técnicamente ciertos aspectos del avance de obra, como el análisis de planos estructurales complejos. Por esa razón, solicitó al Ministerio de Defensa la contratación de un ingeniero naval externo que pudiera evaluar la documentación presentada por el astillero.
La respuesta del Ministerio fue negativa. Ante esa situación, según relató, se optó por confiar en la validación de la sociedad clasificadora —en este caso, Lloyd’s Register— como respaldo técnico para avanzar en el proceso. Otro de los temas relevantes fue la sanción administrativa aplicada a Wilson por parte de la actual administración, vinculada a su actuación en el proceso.
Aunque el ex almirante no profundizó extensamente en este punto, defendió su accionar y sostuvo que todas sus decisiones se enmarcaron en las competencias de la Armada como órgano asesor. Desde la oposición se interpretó la sanción como una medida política, mientras que legisladores oficialistas la consideran una señal de responsabilidades en el manejo del proceso. La investigación aun no culminó y tiene planteado dirimir responsabilidades entre Wilson y otro contralmirante.
