Con el apoyo de las Naciones Unidas, se llevó a cabo el cierre del “Taller sobre inteligencia penitenciaria para la prevención y desarticulación de organizaciones criminales que operan desde el sistema penitenciario”, un evento de escala internacional que reunió a especialistas y autoridades de primer nivel para coordinar respuestas conjuntas y fortalecer las capacidades institucionales.
El evento contó con la participación del Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro, el Embajador de Estados Unidos en Uruguay, Louis Rinaldi, y de especialistas de Uruguay y la región. La actividad se enmarca en el Proyecto contra las Organizaciones Criminales Transnacionales en el Cono Sur, una iniciativa implementada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con el apoyo estratégico de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Un enfoque interagencial
La instancia permitió no solo diagnosticar el panorama actual de la región, sino también sentar las bases para una red de inteligencia penitenciaria mucho más fluida y robusta. El taller contó con la participación de delegaciones de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, congregando a representantes del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Policía Nacional, la Fiscalía y diversos expertos en inteligencia.
Durante el acto de clausura, las máximas autoridades destacaron que la lucha contra el crimen organizado exige necesariamente un diálogo multiactor y una cooperación internacional permanente. Así como las redes criminales operan sin fronteras, las respuestas de los Estados deben estar igualmente integradas.

En este sentido, se subrayó que abordar el sistema penitenciario desde una perspectiva de inteligencia es una tarea imperante para robustecer la coordinación entre las distintas agencias del Estado, profesionalizar los equipos de trabajo y construir una mirada común sobre el fenómeno delictivo. La meta es clara: mejorar la gobernanza de los centros de reclusión mediante la gestión de riesgos, la identificación temprana de liderazgos criminales y una articulación efectiva entre la Justicia, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad, siempre en un marco de estricta legalidad y respeto a los derechos humanos.
En el marco del cierre de esta mesa regional, el Ministro Negro, y el Embajador, Louis Rinaldi, coincidieron en señalar la importancia del trabajo conjunto en América y la región para enfrentar amenazas comunes. El jerarca uruguayo aprovechó la instancia para detallar la situación actual del sistema penitenciario local y las líneas de acción que se vienen implementando para mitigar las vulnerabilidades existentes.
Uno de los anuncios más destacados fue el avance en el proceso de descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Esta reforma estructural busca dotar al organismo de una gestión mucho más elástica, proactiva y eficaz en la administración de los centros de reclusión.
El ministro advirtió que la sobrepoblación en las cárceles no solo vulnera los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, sino que se convierte en un caldo de cultivo ideal para el surgimiento de fenómenos de corrupción, extorsión y expansión de bandas criminales que operan desde el interior de los establecimientos.
De este modo, la inversión en infraestructura y la descentralización del INR se plantean como objetivos de seguridad nacional, esenciales para evitar que los centros penitenciarios continúen funcionando como bases operativas de las organizaciones delictivas.
El Embajador de Estados Unidos en Uruguay, Louis Rinaldi, señaló que la gestión de cárceles superpobladas y en condiciones deficientes constituye “un desafío crítico para la seguridad”, y remarcó que se trata de una problemática de la que Estados Unidos tampoco es ajeno.

