La Asociación Integra de Residenciales denunció públicamente una deuda superior a los 30 millones de pesos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. La situación afecta de forma directa a más de setenta centros de larga estadía que brindan alojamiento y asistencia a unas trescientas personas mayores de 65 años que se encontraban en situación de calle, bajo un convenio que la cartera mantiene vigente desde el año 2021 a través de la intermediación de la fundación A ganar.
El presidente de la organización, Sabino Montenegro, calificó el panorama actual como angustiante debido a que el retraso abarca los meses de marzo, abril y los días transcurridos de mayo. Según detalló el representante, los prestadores reciben globalmente unos 15 millones de pesos mensuales por este servicio. El atraso financiero impacta con mayor gravedad en los establecimientos de menor escala, que albergan a pocos beneficiarios y carecen de espalda económica para afrontar los costos operativos fijos y el próximo pago de los aguinaldos en el mes de junio.
La coyuntura ha generado un freno en la atención del programa, dado que los residenciales resolvieron no aceptar nuevos ingresos de personas vulnerables solicitados por la cartera que lidera Gonzalo Civila hasta que se regularicen los haberes pendientes. Desde la asociación gremial señalaron que han intentado entablar canales de comunicación con el secretario de Estado para proponer un rediseño en la gestión que permita optimizar el uso de los recursos públicos, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta formal por parte de las autoridades ministeriales.
