Preocupa maltrato a adultos mayores en residenciales no habilitados

Este problema se ha institucionalizado, normalizando acciones y omisiones que, en el marco de una relación de confianza, ocasionan daño o sufrimiento a los residentes. Estas manifestaciones no solo incluyen violencia física, sino también psicológica, económica, y el abandono.

En Uruguay existen más de 1.300 residenciales registrados, pero solo una fracción de ellos cumple con las normativas del Ministerio de Salud Pública (MSP). Sabino Montenegro, presidente de la Asociación Integra Residenciales y propietario del Hotel Residencial La Estancia, lidera una red de más de 100 residenciales que cumplen rigurosamente con todos los protocolos de habilitación.

Para formar parte de Integra Residenciales, cada centro debe contar con las habilitaciones correspondientes exigidas por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el cuerpo de bomberos.

Montenegro destaca la diferencia entre estos centros regulados y los no habilitados: «Sí, hay un maltrato importante en los residenciales que no están habilitados. Uruguay tiene 1.300 residenciales, de los cuales 300 están habilitados y 1.000 no lo están. Es decir, estamos hablando de un 25% habilitados. Y ahí está el primer maltrato, porque permitimos que más de 4.500 personas vivan en condiciones precarias… sin las cuatro comidas, sin calefacción adecuada en invierno, sin condiciones edilicias mínimas para vivir bien.»

Este “primer maltrato” surge de la tolerancia social hacia establecimientos que operan en la “zona gris”, ni clausurados ni regulados, donde no existen controles estatales efectivos. En estos lugares, una sola persona puede llegar a atender a 15 o 20 residentes, cubriendo todas las tareas de cuidado, limpieza y alimentación, lo que inevitablemente deriva en descuidos graves.

La situación empeora al saber que muchos otros operan sin habilitación o en condiciones precarias, dejando a los residentes en una situación de vulnerabilidad y expuestos a riesgos tanto sanitarios como de seguridad.

Montenegro subraya la urgencia de un “Fonasa de residenciales” para que el Estado subsidie la diferencia de costo entre una pensión mínima y el valor real de un centro habilitado, evitando así que los adultos mayores queden relegados a instalaciones de baja calidad.

Allison Kennedy, comunicadora, productora del programa Palabras Mayores y experta en Silver Marketing, indica que la violencia en estos entornos se ve en la falta de formación de algunos cuidadores y el uso controvertido de técnicas médicas, como la sujeción en pacientes con demencia. Siendo esencial que los residenciales cuenten con las habilitaciones correspondientes y que los cuidadores reciban una formación adecuada.

Kennedy señala que «(…) Es importante que cada individuo trabaje en su desarrollo personal y espiritual para detectar por qué le vienen esos ataques de ira o violencia y poder trabajar la causa desde un lugar más amoroso, erradicarla y poder seguir evolucionando desde el ser.»

Frente a esta realidad, es necesario garantizar el acceso a servicios adecuados, para implementar políticas públicas que protejan los derechos de las personas mayores, y asegurar una capacitación constante del personal para prevenir la violencia que continúan padeciendo las personas mayores en las casas de salud.

Un ejemplo destacado de innovación en la convivencia residencial proviene de Holanda, donde una residencia para personas mayores implementó un acuerdo intergeneracional, donde estudiantes universitarios residen sin costo a cambio de dedicar tiempo y compañía a los adultos mayores. Esta experiencia contribuyó de manera significativa a reducir la sensación de soledad, mejorar el clima relacional y prevenir situaciones de conflicto o violencia.

El desafío no es solo evitar el maltrato, sino construir entornos donde las personas mayores vivan con dignidad, respeto y sentido de pertenencia. Experiencias como la de Holanda demuestran que otra forma de convivir es posible, más solidaria, más humana, más justa.