La causa judicial que investiga los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw cometidos en Buenos Aires, en mayo de 1976, junto a decenas de secuestros, torturas y desapariciones forzadas vinculadas al Plan Cóndor, atraviesa una etapa clave. El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, aseguró que la Fiscalía ya logró acreditar la estructura represiva que operó entre Uruguay y Argentina, aunque advirtió que todavía resta llegar al juicio oral y público para que exista una determinación judicial definitiva.
“El eje central de esta causa son los homicidios de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, pero incluye además desapariciones forzadas, secuestros, torturas y apropiación de niños”, explicó Perciballe en entrevista con Diario La R. Además de estos cuatro crímenes están los secuestros de María Victoria (16 meses), Máximo (2 meses) hijos de Barredo y Whitelaw y de Gabriela (4 años) hija del primer matrimonio de Rosario con Gabriel Schoereder. Toda la familia fue secuestrada el 13 de mayo de 1976, en un operativo orquestado por la coordinación represiva del Plan Cóndor, pocos días antes de los secuestros de Michelini y Gutiérrez Ruiz, el 18 de mayo.
La investigación comprende el período que va desde febrero de 1974 hasta octubre de 1976 y abarca tanto operativos desarrollados en Argentina como en Uruguay. Entre los hechos incluidos aparecen también la desaparición del médico Manuel Liberoff, además de la apropiación de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni
Actualmente, el expediente se encuentra en la etapa intermedia del proceso penal, conocida como control de acusación. Allí se analiza qué pruebas ingresarán finalmente al juicio oral. La Fiscalía presentó “centenares de pruebas testimoniales, documentales y periciales”, aunque el avance quedó enlentecido por la enfermedad de uno de los imputados, ya que el nuevo Código del Proceso Penal exige la presencia de todos los acusados en las audiencias.
Perciballe recordó que por los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz ya fueron condenados los autores intelectuales identificados hasta ahora: el expresidente Juan María Bordaberry y el excanciller Juan Carlos Blanco.
“La causa nuestra va más allá y lo que intenta acreditar es quiénes fueron los agentes de campo que trabajaron en Argentina y que, entre otros delitos, dieron muerte a estas personas”, sostuvo.
Según la Fiscalía, existen elementos suficientes para identificar los organismos represivos que actuaron y el funcionamiento de la coordinación entre fuerzas uruguayas y argentinas, aunque todavía no se pudo determinar quién ejecutó materialmente los asesinatos.
“Nosotros seguramente no vamos a poder determinar quién los terminó ejecutando o quién los mató, pero sí quiénes pusieron los mecanismos o los engranajes para que esto sucediera”, afirmó el fiscal.
La acusación fiscal supera las 300 páginas y reconstruye el funcionamiento de la maquinaria represiva binacional. Para Perciballe, la prueba ya permite establecer qué organismos participaron y cómo operaron.
En el caso específico de los homicidios del 20 de mayo de 1976, los secuestros y la desaparición de Liberoff, la Fiscalía identificó como protagonistas centrales a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), encabezada entonces por Víctor Castiglioni, y al Departamento III del Servicio de Información de Defensa (SID), dirigido por José Gavazzo.
Perciballe señaló como agentes operativos en Argentina a figuras como Manuel Cordero, Gilberto Vázquez y Ricardo Arab. También mencionó el rol de Campos Hermida como operador de Inteligencia en territorio argentino.
A su vez, explicó que la represión contra el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) involucró también a OCOA, principalmente en Uruguay. Allí aparecen nombres como Jorge Silveira y Ernesto Ramas.
“Si bien pudo haber habido algún agente represivo en Argentina para casos puntuales, lo habitual era que en el exterior actuaran la DNII y el Departamento III del SID”, indicó.
La coordinación represiva con Argentina se desarrolló principalmente a través de la Policía Federal Argentina y de la SIDE. Perciballe sostuvo que en centros clandestinos como Automotores Orletti y Bacacay operaban conjuntamente agentes argentinos y uruguayos.
“Los operativos fueron realizados en forma conjunta por argentinos y uruguayos”, aseguró.
No obstante, reconoció que aún no existe certeza absoluta sobre quiénes realizaron concretamente las detenciones y ejecuciones.
“Tenemos algunos indicios de que se vio a Cordero, a Gordon y a Forese, pero no podemos determinar quién ejecutó en concreto”, señaló.
La Fiscalía sí considera probado el funcionamiento logístico y operativo de toda la estructura represiva.
Perciballe destacó además el intercambio de información mantenido con la Justicia argentina, particularmente con el juzgado de Daniel Rafecas y con organismos de cooperación entre ambos ministerios públicos.
En Argentina ya existen condenas vinculadas al Plan Cóndor. El caso más emblemático para Uruguay es el del militar Manuel Cordero, actualmente preso en territorio argentino.
“Nos encantaría que fuera trasladado a Uruguay para ser juzgado por los crímenes cometidos contra uruguayos, pero mientras cumpla condena en Argentina eso obstaculiza la extradición”, explicó.
El fiscal admitió que existen muy pocas expectativas de obtener confesiones o aportes de información de parte de militares implicados.
“La regla en los crímenes de lesa humanidad en Uruguay es la ley más absoluta del silencio. Nadie ha dicho una sola palabra”, afirmó.
Según Perciballe, tampoco hubo colaboración institucional de las Fuerzas Armadas ni aportes anónimos de exintegrantes del aparato represivo.
“Ninguna, no solo en este caso sino en ninguno”, respondió al ser consultado sobre posibles colaboraciones militares.
El avance del tiempo y las sucesivas dilatorias judiciales impactaron directamente sobre la causa. Cuando la investigación comenzó en 2021 todavía estaban vivos Gavazzo, Gilberto Vázquez, Ricardo Arab y Ernesto Ramas, todos señalados como piezas clave de la represión.
“Lamentablemente con las distintas dilatorias interpuestas por las defensas estos imputados fallecieron”, lamentó.
Actualmente los principales acusados vivos son Jorge Silveira y Ricardo Medina, aunque ninguno de ellos está imputado específicamente por los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz.
Silveira aparece vinculado a la represión contra el PVP y a delitos como privaciones de libertad, torturas y supresión del estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni.
En el caso de Medina, Perciballe explicó que comenzó a trabajar en el Departamento III del SID después de mayo de 1976, por lo que no puede atribuírsele participación directa en los homicidios.
La causa también enfrenta dificultades vinculadas al acceso a documentación internacional. Perciballe recordó que Uruguay solicitó por exhorto información a Estados Unidos sobre archivos desclasificados vinculados al Plan Cóndor, pero nunca obtuvo respuesta, ni afirmativa ni negativa.
En paralelo, descartó líneas de investigación que, según dijo, buscaban desviar responsabilidades hacia otros actores.
“Entendimos que había información creada para direccionar la investigación hacia determinados lugares”, afirmó al referirse a versiones que involucraban a Pedro Antonio Mato Narbondo (militar, prófugo desde 2013). Esa línea de investigación fue descartada por Perciballe quien consideró “carne podrida” los elementos surgidos de la Comisión Investigadora creada en 1985 sobre los crímenes de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
El fiscal sostuvo que esta causa representa “el cenit del horror” por la magnitud de la coordinación represiva y la cantidad de víctimas involucradas.
“Es la causa más importante que hemos tenido”, afirmó.
Perciballe señaló que el expediente incluye más de 30 operativos represivos desarrollados entre Uruguay y Argentina, todos con secuestros, torturas y, en varios casos, asesinatos o desapariciones.
Finalmente, el fiscal reconoció avances del Estado uruguayo en materia de reconocimiento y reparación, aunque evitó profundizar en valoraciones políticas.
“Pasos se han dado, seguramente muchas cosas más se podrían hacer”, sostuvo.
Hay alrededor de 15 requeridos que están prófugos
La Fiscalía estima que actualmente existen unas 15 personas requeridas por delitos de lesa humanidad vinculados a la dictadura uruguaya.
Entre ellos aparecen militares, policías y un civil.
Uno de los casos más notorios es el del coronel retirado Manuel Cordero, preso en Argentina por la causa Plan Cóndor y reclamado por la Justicia uruguaya.
También figura Mato Narbondo, requerido por la muerte bajo tortura de Roberto Gomensoro y otros delitos vinculados al terrorismo de Estado. Brasil rechazó extraditarlo a Uruguay por su doble nacionalidad.
El único civil incluido entre los requeridos es Julio Fleming Gallo Scognamiglio, exmilitante de la UJC acusado de colaborar con los servicios represivos en detenciones y torturas. Actualmente se encuentra detenido en España a la espera de extradición.
Perciballe advirtió además que varios de los represores prófugos continúan cobrando sus jubilaciones o pensiones.
“Hay algunos que siguen cobrando”, confirmó el fiscal, quien señaló que la mayoría de los requeridos son oficiales de las Fuerzas Armadas.
