A medio siglo de los secuestros y asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, la investigación judicial argentina continúa abierta en procura de arrojar luz sobre uno de los episodios más terribles del terrorismo de Estado coordinado entre las dictaduras del Cono Sur bajo el denominado “Plan Cóndor”.
Fuentes cercanas a la investigación, en diálogo con Diario La R en Buenos Aires, sostienen que existe una importante acumulación de pruebas que ubican a las cuatro víctimas en el centro clandestino de detención conocido como “Bacacay”, una base operativa utilizada por el grupo comandado por Aníbal Gordon antes de la instalación definitiva de Automotores Orletti. El centro clandestino de detención y tortura fue identificado judicialmente recién a principios de julio de 2020 por el Juzgado Federal N° 3 a cargo del juez Daniel Rafecas.
Las fuentes también revelaron la existencia de un testimonio que, aunque no fue incorporado como prueba concluyente en la causa judicial, vincula directamente a Gordon con el asesinato de Michelini dentro del sótano de esa base clandestina.
“Hay un testimonio de un sobreviviente que da cuenta de la muerte de alguien en el centro clandestino que podría ser Michelini”, señalaron los investigadores consultados por este medio. Según ese relato, el detenido pedía agua, decía tener las costillas rotas y se encontraba colgado como parte de las torturas. Luego, un hombre identificado por los represores como “el coronel” —apodo que los investigadores asocian con Gordon— le habría disparado antes de ordenar retirar el cadáver y pronunciar la frase: “Uno menos”.
Una causa que comenzó en el Juicio a las Juntas
La investigación judicial por los secuestros y homicidios de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw tiene un derrotero que se remonta al histórico Juicio a las Juntas de 1985. Ya entonces, la Cámara Federal argentina consideró estos casos como parte representativa del plan sistemático de represión ilegal desplegado por la dictadura militar.
“El fiscal eligió un conjunto de casos representativos para demostrar la sistematicidad y la magnitud del plan clandestino de represión. Cuatro de esos casos fueron los de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw”, explicaron las fuentes.
En 1987, la Cámara Federal concluyó que las privaciones ilegales de libertad y los homicidios habían sido perpetrados por personal que actuaba bajo órdenes del Ejército argentino y de fuerzas policiales.
Sin embargo, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sumadas luego a los indultos presidenciales de Carlos Menem, paralizaron durante más de una década todas las investigaciones vinculadas a delitos de lesa humanidad.
“Para 1991 no había causas en trámite en Argentina”, recordaron.
La reapertura se produjo recién a partir de 2003, cuando el Congreso argentino anuló las llamadas leyes de impunidad. Fue entonces cuando se retomó la investigación sobre Automotores Orletti y comenzaron a emerger nuevos centros clandestinos asociados al mismo grupo operativo: Bacacay y Pomar. Al día de hoy, hay identificados unos 340 centros clandestinos de detención y torturas, según la justicia argentina.
Bacacay: la base previa a Orletti
Durante años, la investigación sobre Michelini y Gutiérrez Ruiz estuvo asociada directamente a Automotores Orletti. Sin embargo, los testimonios y pruebas acumuladas terminaron demostrando que las víctimas fueron trasladadas inicialmente a otro centro clandestino.
“Los casos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw no estuvieron en Orletti. Ellos fueron llevados a un centro previo, Bacacay”, afirmaron.
La reconstrucción de esta base clandestina fue posible gracias a una combinación de testimonios de sobrevivientes, documentos desclasificados por EEUU y una investigación judicial desarrollada especialmente a partir de 2020.
Uno de los elementos centrales fue la declaración de Gabriela Schroeder, hija de Rosario Barredo y William Whitelaw, quien tenía apenas cuatro años cuando fue secuestrada junto a sus padres y hermanos.
Su relato, según los investigadores, coincide de manera “muy fidedigna” con la estructura edilicia de la casa ubicada en Bacacay 3570.
“Habla de la cocina, del patio de luz, del recorrido hacia el baño y de habitaciones que coinciden plenamente con la distribución de la casa”, explicaron.
La memoria de la entonces niña resultó impactante para los investigadores.
“Con cuatro años reconstruyó el lugar con una precisión extraordinaria”, afirmaron.
Otros sobrevivientes también relataron haber escuchado niños jugando dentro de Bacacay y describieron voces infantiles compatibles con las edades de los hijos de Rosario Barredo.
La identificación definitiva de la base se produjo luego de la desclasificación de documentos de la CIA realizada por el gobierno de Estados Unidos.
Uno de esos cables mencionaba que el embajador argentino en Venezuela Héctor Hidalgo Solá había sido trasladado a una base ubicada en “Bacacay 3570”.
Hasta entonces, los investigadores manejaban otra numeración que terminó descartándose porque el inmueble no poseía sótano.
“Cuando conseguimos la dirección correcta, se hizo una inspección judicial y las víctimas sobrevivientes reconocieron inmediatamente el lugar”, indicaron.
La patota de Gordon y la coordinación con Uruguay
Las fuentes judiciales sostienen que la misma estructura represiva que operó en Orletti actuó previamente en Bacacay.
En particular, identifican a dos figuras centrales: Aníbal Gordon y “Paqui” Forese.
“Los hijos de las víctimas y otros testigos reconocieron a Gordon y a Forese en los procedimientos de secuestro”, señalaron.
Aunque ambos murieron antes de la reapertura de las causas —Forese en 1990 y Gordon en 1987—, los investigadores consideran acreditada su participación en los secuestros.
La investigación también confirma la presencia de militares uruguayos dentro de la estructura represiva.
“Había un grupo de uruguayos comandados por José Nino Gavazzo que operaban dentro del centro y tenían cierto nivel de autonomía”, explicaron.
Según los testimonios, los interrogatorios y torturas a detenidos uruguayos eran dirigidos principalmente por agentes de ese país.
Incluso existe evidencia de que en los operativos de secuestro de ciudadanos uruguayos siempre participaba al menos un militar uruguayo.
Uno de los nombres que vuelve a aparecer es el de Manuel Cordero Piacentini.
Raúl Altuna, yerno de Zelmar Michelini y esposo de Margarita Michelini, ambos estuvieron detenidos en Orletti, declaró haber escuchado referencias al nombre “Manolo” durante el operativo de secuestro. Posteriormente asoció ese apodo con Manuel Cordero Piacentini.
Según las fuentes, Altuna llegó a consultar al militar uruguayo Gilberto Vázquez sobre esa posible participación.
“La respuesta fue: ‘Por tu bien no hables más de eso’”, relataron.
El cautiverio y la muerte
Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados el 18 de mayo de 1976 con menos de una hora de diferencia.
Tres días después, en la madrugada del 21 de mayo, sus cuerpos aparecieron dentro de un automóvil Torino abandonado sobre la avenida Dellepiane, junto a los cadáveres de Rosario Barredo y William Whitelaw.
Los investigadores sostienen que existe continuidad absoluta entre el cautiverio en Bacacay y el hallazgo de los cuerpos.
“Nunca recuperaron la libertad. Fueron secuestrados, trasladados al centro clandestino y posteriormente asesinados”, indicaron.
Aunque no existe una hipótesis judicial definitiva sobre el lugar exacto de los homicidios, los testimonios y pericias apuntan directamente a Bacacay.
El relato más impactante corresponde al sobreviviente Juan Ignacio Azarola Saint, secuestrado el 20 de mayo de 1976.
Azarola describió un sótano, pisos de madera, ruidos de trenes y un sistema de tortura consistente en colgar a las víctimas mediante roldanas.
En su testimonio relató haber escuchado a un detenido pedir agua y quejarse de que le habían roto las costillas.
Los investigadores consideran especialmente significativo que la autopsia practicada sobre el cuerpo de Michelini constatara precisamente tres costillas fracturadas.
“A partir de los dolores llega alguien que él identifica como ‘el coronel’, que para nosotros sería Gordon. Le dispara y luego ordena retirar el cadáver diciendo ‘uno menos’”, señalaron.
Aunque la Justicia no consideró el testimonio suficiente para afirmar categóricamente que se trataba de Michelini, la coincidencia temporal y las lesiones descriptas fortalecen esa hipótesis.
“La práctica de colgar detenidos era habitual en ese grupo operativo. Había incluso una roldana especialmente instalada en Orletti para aplicar ese método de tortura”, indicaron. Azarola habla además de la existencia de menores y también reconoce la presencia de otro uruguayo a quien identifica como “Larenkof”. En realidad, sostienen los investigadores, confunde el apellido. La investigación conectó a esta persona con el médico Manuel Liberoff, quien también habría estado detenido en Bacacay y continúa desaparecido.
El mensaje mafioso
Otra pieza clave dentro de la investigación es el testimonio de Brenda Falero, una de las primeras detenidas registradas en Automotores Orletti, en junio de 1976.
Falero declaró que los represores le exhibieron un álbum de fotografías donde aparecían Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw con la inscripción “RIP” sobre las imágenes.
Según los investigadores, el gesto tenía una finalidad intimidatoria.
“Lo que sintieron fue que les estaban diciendo: ‘Nosotros matamos a gente mucho más importante que ustedes; imaginen lo que podemos hacerles’”, explicaron.
Ese episodio refuerza la hipótesis de que el mismo grupo operativo responsable de Orletti había participado en los secuestros y asesinatos de mayo de 1976.
La sombra de Trimarchi y la Comisión Investigadora
En distintos momentos surgieron versiones que atribuían los asesinatos a otros represores, entre ellos un suboficial de la policía argentina identificado como Trimarchi.
Las fuentes judiciales consultadas relativizaron esas hipótesis.
“Hubo mucha mala información y versiones cruzadas. Algunos represores buscaban darse importancia adjudicándose hechos en los que no participaron”, señalaron.
Los investigadores consideran que, hasta ahora, la línea con mayor sustento probatorio es la que vincula los crímenes con la patota de Gordon.
“No hay ningún elemento que vincule a Trimarchi con el funcionamiento de Orletti ni con la banda de Gordon”, afirmaron. Por otra parte, los investigadores también marcaron distancia de la línea investigativa que se perfiló en la frustrada Comisión Investigadora que se creó en Uruguay sobre estos hechos. Para la causa en Argentina, la línea investigativa –que no fue seguida en Argentina- conducía hacia otro eje redireccionandolo
Extradiciones pendientes y causa abierta
La investigación argentina mantiene pedidos de extradición sobre varios militares uruguayos vinculados a Orletti y al Plan Cóndor, algunos de los cuales ya están fallecidos. La Justicia uruguaya resolvió diferir las extradiciones hasta que los acusados terminen de cumplir sus condenas en Uruguay.
“Algunos siguen detenidos en Uruguay y ninguno terminó aún de cumplir su condena”, señalaron.
Entre ellos figuran Manuel Cordero Piacentini (actualmente en Argentina, pero extraditado desde Brasil), José Gavazzo (fallecido) Jorge Silveira Quesada, Ernesto Ramas Pereira (fallecido), Ricardo Medina Blanco, Gilberto Vázquez (fallecido), Ricardo Arab (fallecido), entre otros integrantes de la estructura represiva uruguaya.
No obstante, hubo un pedido de la fiscalía argentina para que se permita interrogar a los represores uruguayos para que el proceso pueda avanzar en Argentina, pero tampoco prosperó. En paralelo, la causa en Argentina continúa plenamente en trámite.
La última imputación fue realizada en diciembre de 2024 contra un ex agente de la SIDE vinculado a la base de Pomar (también regenteada por la SIDE). A través de sumarios militares y el registro telefónico aportado por uno de los propios espías en su momento, la justicia logró corroborar que la Base Pomar funcionó como centro clandestino entre 1976 y 1977. A finales de 2024, la investigación judicial por los crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino Base Pomar se encontraba en etapa de instrucción. Los fiscales a cargo solicitaron el procesamiento de exagentes del organismo por delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos.
“Todavía es perfectamente posible que existan integrantes vivos del grupo operativo”, indicaron.
Los investigadores admiten, sin embargo, que el paso del tiempo y la clandestinidad dificultan cada vez más la identificación de nuevos responsables.
“Muchos actuaban bajo apodos y hubo una previsión deliberada de impunidad”, explicaron.
Aun así, sostienen que la causa sigue produciendo avances.
“En las causas de lesa humanidad las investigaciones se continúan ampliando. Se eleva a juicio un tramo y después se sigue investigando sobre otros responsables”, señalaron.
Una herida abierta
En Argentina, los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, además de Rosario Barredo y de William Whitelaw (éstos últimos con el propósito de vincular a los exlegisladores a organizaciones a las que ya no pertenecían) tuvieron una enorme repercusión política y social.
Las fuentes recordaron que incluso Raúl Alfonsín, años antes de convertirse en presidente, reclamó públicamente explicaciones al régimen militar argentino.
“Fue un hecho que generó mucha consternación”, afirmaron.
Para Uruguay, el caso continúa siendo de las heridas más profundas vinculadas al terrorismo de Estado y al Plan Cóndor.
La coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur aparece hoy reconstruida con mayor claridad.
Bacacay, Orletti y Pomar forman parte de un mismo entramado clandestino donde confluyeron agentes argentinos, uruguayos y miembros de estructuras de inteligencia dedicadas a la persecución política, la tortura y el asesinato.
Casi 50 años después, la investigación judicial sigue abierta y todavía persigue respuestas.
Quiénes dieron la orden final, dónde fueron ejecutados exactamente los cuatro uruguayos y cuántos responsables continúan vivos son interrogantes que permanecen ciudadanos uruguayos está sin resolución definitiva. En el medio de esa reconstrucción aparece nuevamente un nombre que atraviesa toda la trama del terrorismo clandestino en Argentina: Aníbal Gordon, el jefe de la numerosa patota que manejaba el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Por los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz ocurridos en Buenos Aires en 1976 (Plan Cóndor), la Justicia uruguaya procesó en 2006 al exdictador Juan María Bordaberry y al ex canciller Juan Carlos Blanco
Unos colonizados esos milicos.
EL HORROR EN ESTADO PURO !!! Asi son los verdes !