El 25 de noviembre de 1975 la dictadura uruguaya dio un paso decisivo en el cerco político y administrativo contra tres de sus principales dirigentes opositores en el exilio: Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Ese día, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores encabezado por el entonces canciller Juan Carlos Blanco, se ordenó cancelar la validez de sus pasaportes y comunicar la medida a las autoridades argentinas.
La disposición quedó registrada en la nota confidencial H12/1975 (1827), enviada desde la Embajada de Uruguay en Buenos Aires a la sección consular. Allí se informaba “la cancelación de la validez” de los pasaportes de Ferreira Aldunate, Michelini y Gutiérrez Ruiz y se pedía que la información fuera transmitida “a la Policía Federal y a la Dirección de Migración y a los distintos Consulados de la República Argentina”.
La decisión no fue un trámite burocrático aislado. Los documentos diplomáticos y los télex intercambiados entre Montevideo y Buenos Aires muestran una vigilancia sistemática sobre los movimientos de Michelini y otros opositores, la negativa deliberada a renovarles documentación y la coordinación permanente con organismos de seguridad argentinos en el marco represivo que luego sería conocido como Plan Cóndor.
Seis meses después de aquella orden, el 20 de mayo de 1976, Michelini y Gutiérrez Ruiz aparecieron asesinados en Buenos Aires junto a los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw.
Los archivos permiten reconstruir cronológicamente cómo la Cancillería uruguaya, bajo la conducción de Blanco, fue estrechando el cerco sobre los exiliados.
El inicio del seguimiento
La documentación más temprana incluida en los archivos se remonta a agosto de 1973, pocas semanas después del golpe de Estado uruguayo.
En una nota fechada el 21 de agosto de 1973, la Embajada uruguaya en Argentina consultó formalmente a la Cancillería argentina sobre el “status” de Zelmar Michelini y Enrique Erro. El documento revela la preocupación del régimen por conocer bajo qué figura permanecían ambos dirigentes en territorio argentino.
La nota señalaba que el Ministerio del Interior argentino había informado verbalmente que Michelini y Erro había preferido permanecer “en calidad de turistas”. Sin embargo, la embajada advertía que Michelini había exhibido ante oficinas consulares uruguayas “un carnet argentino en el que asentaba su condición de ‘asilado político’”.
Ese interés por determinar exactamente la situación migratoria de Michelini sería una constante en los años siguientes.
Pocos días después, el 28 de agosto de 1973, un télex enviado desde Buenos Aires a Montevideo informó que Michelini se había presentado nuevamente ante el consulado uruguayo exhibiendo su pasaporte común número 102454, expedido en Montevideo en 1968, y solicitando su renovación.
La embajada pidió “urgentes instrucciones” a la Cancillería sobre cómo actuar.
La respuesta llegó el 6 de setiembre de 1973 desde Montevideo. El cable cifrado C227/6P instruyó expresamente que, si Michelini volvía a presentarse, debía comunicarle que la sección consular “carece autorización expedir nueva documentación”.
La orden fue cumplida literalmente. Un día después, el jefe de la sección consular de la Embajada uruguaya en Buenos Aires, Américo Paz Aguirre, informó haber transmitido telefónicamente la decisión a Michelini.
El documento registra incluso el breve intercambio entre ambos.
“¿Esas son órdenes del Ministro de Relaciones Exteriores?”, preguntó Michelini.
“Estas son instrucciones oficiales de la Cancillería”, respondió el funcionario.
La conversación “se dio allí por terminada”, concluye el informe confidencial.
Vigilancia y coordinación con Argentina
La documentación de 1975 muestra que para entonces la coordinación represiva entre Uruguay y Argentina ya funcionaba con intensidad. El 3 de junio de 1974 un telex transmitido cifrado (C316/ 24 RRFMI C252/ 8) desde Buenos Aires, informó el regreso de Michelini de su viaje a Europa donde participará de las sesiones del Tribunal Bertrand Russel. El reingreso se efectuó con pasaporte común uruguayo donde las autoridades de migración argentinas le extendieron una visa de término válida por tres meses. Posteriormente, Michelini concurrió al Consulado uruguayo en Buenos Aires para solicitar un certificado de nacionalidad para iniciar el trámite de radicación definitiva, pero fue rechazado.
Sobre estos hechos, uno de los documentos más reveladores es también el télex confidencial enviado el 25 de abril de 1975 (C288/19) desde Buenos Aires a Montevideo “para Sr. Ministro Dr. Blanco”.
Allí se informa que el embajador uruguayo había transmitido al ministro de Defensa argentino información vinculada a Michelini. El cable reproduce luego un informe atribuido al ministro de Defensa argentino, Adolfo Mario Savino, dirigido al canciller uruguayo, donde se describe minuciosamente la situación migratoria del exsenador.
“En 1974 volvió a entrar como turista, con cédula uruguaya”, señala el texto. “Pidió radicación. Ese pedido se elevó a la superioridad y se le negó la radicación”.
Pero el aspecto más significativo aparece después: “Por pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores, a raíz de una solicitud del Consulado de la Embajada de Uruguay, se ha pedido la invalidez del pasaporte del Sr. Michelini”.
El documento agrega que “los inspectores están controlando permanentemente” y que “tienen instrucciones de detenerlo si observan alguna anomalía en su documentación”.
La secuencia es clave porque demuestra que meses antes de la anulación formal de noviembre de 1975 ya existían gestiones de la Cancillería uruguaya para invalidar el pasaporte de Michelini ante autoridades argentinas.
Además, el cable indica que el expediente sobre Michelini sería enviado a la SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino.
La coordinación represiva incluía el seguimiento cotidiano de los movimientos del dirigente frenteamplista. Otro documento confidencial fechado el 7 de abril de 1975 informa sobre un supuesto viaje de Michelini a Estados Unidos.
La embajada uruguaya pidió información a la Dirección Nacional de Migración argentina y revisó “prolijamente” la lista de pasajeros del vuelo 974 de Braniff hacia Miami. El informe concluyó que Michelini no había viajado y que permanecía alojado en el Hotel Liberty de Buenos Aires.
El documento revela además contactos directos entre diplomáticos uruguayos, la Policía Federal argentina y la Embajada de Estados Unidos.
Según el informe, el comisario Juan Carlos Gattei, jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, volvió a citar a Michelini para que aclarara versiones periodísticas sobre su supuesto viaje.
Michelini respondió que pensaba viajar “próximamente” y prometió informar a las autoridades argentinas cuando lo hiciera.
Días antes, el 4 de abril de 1975, Montevideo había enviado otro cable urgente solicitando a la embajada en Buenos Aires “toda información” posible sobre el anunciado viaje de Michelini a Estados Unidos.
La vigilancia no se limitaba a Michelini. El 12 de setiembre de 1973, otro télex cifrado informó a la embajada uruguaya en Buenos Aires que la Justicia Militar había solicitado la captura del exlegislador Héctor Gutiérrez Ruiz y presumía que se encontraba en Argentina.
El documento ordenaba aplicar instrucciones ya existentes para el caso.
El aislamiento documental
La revocación de pasaportes fue una herramienta central del dispositivo represivo desplegado por la dictadura contra los exiliados.
Privar a los opositores de documentación válida implicaba colocarlos en situación de vulnerabilidad migratoria, impedirles desplazarse libremente y facilitar eventuales detenciones o expulsiones.
Los documentos muestran que la Cancillería uruguaya actuó activamente para bloquear cualquier posibilidad de regularización documental de Michelini.
Primero negó la renovación de su pasaporte. Luego gestionó su invalidez ante autoridades argentinas. Finalmente, en noviembre de 1975, canceló formalmente la validez de los pasaportes de Michelini, Gutiérrez Ruiz y Ferreira Aldunate.
El télex interno de la Embajada uruguaya en Buenos Aires fechado el 25 de noviembre de 1975 da cuenta de la urgencia de la medida. El mensaje informaba que había sido cancelada “la validez” de los pasaportes de los tres dirigentes opositores.
La orden no quedó circunscripta al ámbito diplomático. La nota confidencial H12/1975 (1827) dispuso expresamente que la información fuera transmitida a la Policía Federal argentina y a la Dirección de Migración.
En los hechos, la dictadura uruguaya señalaba a los exiliados ante los organismos de seguridad argentinos y los dejaba expuestos a controles, detenciones y operativos coordinados.
Ese procedimiento encajaba plenamente en las prácticas del Plan Cóndor, la estructura clandestina de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.
El papel de Juan Carlos Blanco
Los documentos comprometen directamente la actuación de Juan Carlos Blanco como canciller de la dictadura.
Varios de los cables estaban dirigidos específicamente “al señor ministro doctor Blanco”. Otros hacen referencia directa a instrucciones provenientes de la Cancillería.
El intercambio de setiembre de 1973 sobre la negativa a renovar documentación a Michelini muestra una cadena de mando perfectamente definida: la embajada consulta, Montevideo responde negando autorización y el consulado ejecuta la orden.
El propio Michelini preguntó si se trataba de órdenes del ministro de Relaciones Exteriores.
La respuesta oficial fue inequívoca: eran “instrucciones oficiales de la Cancillería”.
Más explícito aún es el documento de abril de 1975 que informa que “por pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores” se había solicitado invalidar el pasaporte de Michelini.
La actuación de Blanco en estos hechos fue posteriormente analizada por la Justicia uruguaya. El exministro terminó condenado por su participación en la desaparición y asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz.
La sentencia judicial consideró probado el rol que desempeñó en la coordinación represiva y en las maniobras que dejaron a los dirigentes opositores en situación de indefensión.
El desenlace
La madrugada del 18 de mayo de 1976, Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados en Buenos Aires en operativos coordinados por fuerzas represivas uruguayas y argentinas.
Dos días después, sus cuerpos aparecieron acribillados dentro de un automóvil junto a los de Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes habían sido secuestrados días antes junto a sus pequeños hijos.
Para entonces, el cerco político, diplomático y documental sobre los exiliados ya estaba consolidado.
Los documentos de Cancillería muestran que no se trató únicamente de persecución ideológica o espionaje político. Existió también una política sistemática de hostigamiento administrativo destinada a privar de protección legal a los opositores uruguayos refugiados en Argentina.
Las notas confidenciales, los télex cifrados y las comunicaciones entre Montevideo y Buenos Aires revelan una maquinaria estatal funcionando coordinadamente: embajadas que seguían movimientos de opositores, consulados que negaban documentación, pedidos de invalidez de pasaportes, consultar a Migraciones, intercambio de información con la Policía Federal argentina y reportes permanentes al canciller.
La revocación de los pasaportes de Michelini y Gutiérrez Ruiz no fue un hecho menor ni burocrático. Fue parte del dispositivo represivo que preparó el terreno para su secuestro y asesinato.
Cincuenta años después, esos documentos permiten reconstruir con precisión cómo operó el aparato diplomático de la dictadura uruguaya en coordinación con los servicios de seguridad del Cono Sur. Desde la Cancillería dirigida por Juan Carlos Blanco, se contribuyó al aislamiento e indefensión de quienes terminarían siendo víctimas del terrorismo de Estado.
