En un comunicado difundido este viernes, el organismo señaló que “Paraguay ha avanzado en robustecer el marco jurídico de protección de los derechos humanos”, aunque alertó que esos progresos, “sin dejar de ser importantes en sí mismos, se han visto históricamente opacados por los elevados índices de impunidad que aún, hoy día, prevalecen en los casos de tortura”.
El pronunciamiento se dio tras la histórica condena a los ex policías Eusebio Torres, Fortunato Laspina y Manuel Alcaraz, hallados culpables de someter a torturas físicas y psicológicas a Domingo Rolón durante el régimen stronista. Torres y Laspina fueron sentenciados a 25 años de prisión, mientras que Alcaraz recibió una pena de 20 años. No obstante, debido a su avanzada edad, los tres cumplirán arresto domiciliario con custodia policial permanente.
Para el MNP, el fallo representa un paso significativo en la búsqueda de justicia. El organismo destacó “con optimismo que la justicia se haya pronunciado, por segunda vez” en un caso emblemático como el de Rolón, subrayando que la investigación y sanción de la tortura constituyen un derecho fundamental de las víctimas.
“La investigación y sanción de la tortura son un derecho fundamental de las víctimas, que, al ser garantizados por el Estado, envían un mensaje a todos los agentes estatales, sus instituciones y, finalmente, a la sociedad, sobre una práctica inadmisible que debe ser efectivamente erradicada”, expresó el MNP en su comunicado.
El organismo también reconoció el trabajo de la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público, así como el de jueces y demás operadores de justicia que intervinieron en el proceso, al considerar que se trata de “una de las más relevantes sentencias de la historia judicial del Paraguay”.
Sin embargo, el MNP insistió en que la condena, si bien histórica, no alcanza para revertir décadas de impunidad. De acuerdo con datos de la Comisión Verdad y Justicia, la dictadura de Stroessner dejó 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos, entre ellas 336 personas desaparecidas, 18.772 torturadas, 59 ejecutadas extrajudicialmente y 3.470 exiliadas.
Estas cifras, recordó el organismo, reflejan la magnitud de los crímenes cometidos durante el régimen y el largo camino que aún resta recorrer en términos de memoria, verdad y justicia. A más de tres décadas del fin de la dictadura, muchos casos siguen sin resolución judicial y numerosas víctimas continúan esperando respuestas.
El MNP reiteró que el combate a la tortura no se limita al juzgamiento de hechos del pasado, sino que implica también fortalecer los mecanismos de prevención y control en el presente. En ese sentido, subrayó la necesidad de consolidar políticas públicas orientadas a garantizar condiciones dignas de detención, supervisión efectiva de los centros de reclusión y capacitación permanente de los agentes estatales.
Para el organismo, cada sentencia condenatoria constituye un mensaje institucional claro contra la impunidad, pero también un recordatorio de la deuda pendiente con miles de víctimas. La construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos, concluyó el MNP, exige no solo marcos normativos sólidos, sino también voluntad política sostenida y compromiso real con la erradicación definitiva de la tortura en todas sus formas.
