El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay fijó posición este jueves sobre el proyecto de ley “Servicio de Atención Médica Especializada en los Prestadores Públicos de Salud”, actualmente a estudio parlamentario, y planteó sustituir el carácter obligatorio de la iniciativa por un sistema voluntario sustentado en incentivos económicos y profesionales.
En una nota de prensa difundida este 21 de mayo, el gremio médico reconoció que existe una “grave inequidad territorial” en el acceso a especialistas, especialmente entre Montevideo y el interior del país, así como una marcada brecha entre el sistema público y privado. “Que un paciente del interior deba esperar meses o trasladarse cientos de kilómetros para ver a un especialista es inaceptable”, señaló el comunicado.
Sin embargo, el sindicato manifestó su rechazo a la obligatoriedad prevista en el proyecto de ley. Según explicó, el Comité Ejecutivo solicitó dos informes jurídicos independientes que detectaron objeciones legales respecto a la propuesta impulsada en el Parlamento.
El SMU también sostuvo que la experiencia internacional demuestra que los mecanismos compulsivos no logran una radicación permanente de profesionales en zonas alejadas. “Los médicos cumplen el período y se van. El problema estructural sigue intacto”, advirtió la organización.
La contrapropuesta del SMU
Como alternativa, el sindicato propone un sistema basado en incentivos concretos para estimular el trabajo médico en el interior del país. Entre las medidas planteadas figuran:
- remuneración equivalente al valor hora FAD de cada especialidad;
- cómputo de las horas de traslado como tiempo efectivamente trabajado;
- exoneraciones fiscales proporcionales a la distancia y al tiempo de desempeño;
- puntaje especial en concursos académicos y laborales;
- acceso preferencial a funciones de alta dedicación tras culminar la pasantía.
El gremio anunció además que solicitará una instancia ante la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes para presentar formalmente su contrapropuesta y participar del debate legislativo.
Desde el sindicato se enfatizó que existe disposición a construir acuerdos con todos los actores del sistema sanitario para resolver las desigualdades de acceso de manera “efectiva, sostenida y respetuosa de los derechos profesionales”.
El debate sobre la distribución de especialistas en el territorio nacional se instaló con fuerza en las últimas semanas, en medio de cuestionamientos sobre la capacidad del sistema de salud para garantizar cobertura en departamentos alejados de la capital y en hospitales públicos con déficit de recursos humanos.
