La Audiencia Nacional de España ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y lo ha citado a declarar el próximo 2 de junio por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El juez José Luis Calama sostiene que Zapatero lideraba una “trama organizada” que utilizaba sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos para obtener decisiones favorables de la Administración, según consta en un auto de 85 páginas.
La investigación se centra en el rescate financiero de 53 millones de euros concedido por el gobierno español a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19. La compañía ya estaba siendo investigada por presunto blanqueo de capitales de origen venezolano. Y por dudas sobre su viabilidad económica cuando recibió las ayudas públicas. El magistrado calcula que Zapatero y personas de su entorno obtuvieron 1,95 millones de euros de forma presuntamente irregular a través de empresas pantalla. Además de contratos de asesoría ficticios y estructuras financieras opacas.
Entre las sociedades señaladas figura la agencia de publicidad ‘What The Fav S.L.’, propiedad de las hijas del expresidente, Alba y Laura. Las cuales habrían recibido unos 240.000 euros de la trama. La consultora Análisis Relevante transfirió cerca de 491.000 euros directamente a Zapatero. La Policía Nacional registró el despacho del exmandatario en la sede del PSOE en Madrid y las oficinas de la empresa familiar, donde se incautaron documentos.
El juez también investiga la creación de una empresa en Dubái para recibir fondos fuera de España vinculados al rescate de Plus Ultra. En diciembre de 2025 fueron detenidos directivos de la aerolínea y empresarios relacionados. La investigación se reabrió a petición de la Fiscalía Anticorrupción y llegó a la Audiencia Nacional en marzo de 2026.
Rodríguez Zapatero defendió su inocencia en un vídeo público y aseguró haber actuado con “absoluto respeto a la legalidad”. El actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE han expresado su confianza en la inocencia del exmandatario. La oposición, liderada por el Partido Popular, ha calificado la situación como “el Watergate del Partido Socialista” y ha exigido explicaciones y elecciones anticipadas.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró durante trece horas la sede central del PSOE en la calle Ferraz por orden del juez Santiago Pedraz en otra causa que investiga presuntos pagos irregulares relacionados con el caso Leire Díez. La exmilitante socialista y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, están imputados por una supuesta trama para influir en investigaciones judiciales sensibles para el partido.
Simultáneamente, la Audiencia Provincial de Badajoz juzga a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, por presuntos delitos de prevaricación. Además de tráfico de influencias en su contratación por la Diputación de Badajoz en 2017. El juicio ha quedado en suspenso tras un debate sobre la posible prescripción del delito.
Los partidos nacionalistas (PNV, Junts, ERC) han dado la legislatura por terminada y reclaman elecciones, aunque descartan apoyar una moción de censura del Partido Popular por falta de mayoría. Sumar y Podemos, socios de coalición, han expresado “vergüenza” por los casos y han reclamado al PSOE explicaciones contundentes y medidas anticorrupción. El gobierno socialista resiste las presiones y asegura que agotará la legislatura hasta 2027. Zapatero es el primer expresidente del gobierno español imputado por corrupción en la historia de la democracia. Su declaración ante el juez Calama está prevista para el 2 de junio.
