El debate sobre la sostenibilidad del sistema mutual uruguayo vuelve a ocupar un lugar central cada vez que una institución atraviesa dificultades financieras. Sin embargo, existe una pregunta que el país debe formularse con honestidad: ¿es sostenible que los problemas de gestión de las mutualistas terminen resolviéndose mediante constantes inyecciones de recursos públicos?
El caso de CASMU y CUDAM ha puesto nuevamente sobre la mesa una discusión que trasciende a una sola institución. Lo que está en juego es el modelo de financiamiento, control y responsabilidad dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Los recursos que administra ASSE provienen de toda la ciudadanía. Son fondos destinados principalmente a garantizar la atención de quienes dependen del sistema público y a fortalecer la cobertura sanitaria nacional. Cuando esos recursos deben utilizarse repetidamente para sostener instituciones privadas o mutuales con problemas económicos, surge un legítimo debate sobre la equidad y la eficiencia en la utilización del dinero público.
Nadie desconoce la importancia social de las mutualistas. Atienden a cientos de miles de usuarios, generan miles de puestos de trabajo y constituyen una pieza fundamental del sistema sanitario uruguayo. Su eventual colapso tendría consecuencias graves para pacientes, funcionarios y para el propio Estado. Pero precisamente por esa relevancia resulta imprescindible exigir mecanismos de prevención que eviten llegar permanentemente a situaciones límite.
Las soluciones de fondo pasan por fortalecer los sistemas de auditoría, mejorar los mecanismos de control financiero, promover una gestión más eficiente y establecer planes de viabilidad institucional que permitan detectar crisis antes de que se transformen en emergencias. También es necesario revisar los modelos de gobernanza de las instituciones para asegurar que quienes toman decisiones asuman las responsabilidades correspondientes.
El Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad asistencial y proteger a los usuarios. Sin embargo, garantizar la atención médica no significa transformarse en un financiador permanente de los déficits estructurales. Cuando los rescates se convierten en una práctica habitual, se corre el riesgo de generar una señal equivocada: que los errores de administración no tienen consecuencias porque finalmente será el conjunto de los contribuyentes quien absorba los costos.
Uruguay necesita discutir seriamente cómo fortalecer la sustentabilidad de su sistema de salud. La respuesta no puede limitarse a transferencias extraordinarias cada vez que aparece una crisis. Se requieren reformas que apunten a la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad institucional.
La salud es un derecho fundamental y debe preservarse por encima de cualquier coyuntura económica. Pero precisamente para proteger ese derecho es necesario construir instituciones sólidas, capaces de sostenerse en el tiempo sin depender de salvatajes recurrentes. El desafío no es encontrar la próxima inyección de recursos; el verdadero desafío es evitar que vuelva a ser necesaria.
