Fundación Madres del Cerro en la lucha contra las drogas: “Si hace 15 años nos hubiesen escuchado, hoy estos jóvenes no estarían en esta situación”

La Fundación Madres del Cerro es una organización social y civil uruguaya que brinda apoyo, contención y orientación a familiares de personas que sufren de adicciones. En vísperas de la conmemoración -este 26 de junio-  del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Diario La R dialogó con Gabriela Jost, referente y presidenta de la fundación. 

“Comenzamos en el barrio Cerro con reuniones en donde podíamos sostenernos, entendernos, ya que algo de lo que es muy común en todas las madres es el no ser entendidas porque el sentimiento de culpa está siempre presente”, relata Jost. Ese sentimiento de culpa, explica, es la primera barrera y la segunda es la soledad. Lo que comenzó como un colectivo informal se transformó hace siete años en una fundación que hoy trabaja en todo el territorio uruguayo, con redes que cruzan fronteras hacia Argentina y Chile.

Desde la fundación combaten todo tipo de consumo problemático de drogas. Pero el problema, advierte, no es solo del que consume. “Al ser dependiente de una sustancia, la familia se vuelve una codependiente de su propio hijo, es decir, no puede hacer ni actuar sin que tenga los problemas que su hijo convive diariamente con la sustancia”.

Ley de Voluntad Anticipada 

Uno de los logros más significativos del colectivo fue impulsar la Ley de Voluntad Anticipada, aprobada en 2023. La norma permite que una persona mayor de edad ceda sus derechos a un familiar o tutor para que pueda decidir su internación cuando no esté en condiciones de hacerlo. “Esto es como una garantía de vida”, sostiene.

Sin embargo, la ley sigue sin aplicarse. “Hoy por hoy sigue estando en el Ministerio de Salud Pública para su formalización, por lo cual no se puede aplicarse”. Para las madres, esta demora representa la diferencia entre la vida y la muerte de un hijo. Muchas de las personas que lograron rehabilitarse esperan poder firmar ese documento. “Uno no sabe si al pasar de los años pueden volver a consumir o pueden seguir estando igual”, agrega.

Gabriela Jost es contundente cuando habla de políticas públicas. “Los reclamos son siempre los mismos y cada año se acrecientan más. No tenemos una ley de salud mental apropiada a lo que se vive en el país, no tenemos psiquiatras en puerta para tener la atención de las personas. Somos el país con mayor tasa de suicidios en Latinoamérica, somos el país que tiene un 90% de las personas privadas de libertad con consumo de drogas dentro de las cárceles”.

Frente a este panorama, el colectivo reclama un plan de atención integral. Pero el énfasis principal está en la prevención. Algo que vienen pidiendo desde los inicios de la fundación. “Si hace 15 años nos hubieran escuchado, hoy estos adolescentes, no estarían en la situación que estamos. Lo más importante es seguir reclamando la prevención para que todos estos niños que hoy están viviendo y que siguen naciendo, vivan en un lugar donde la droga ya no sea un problema para todos”.

Por otro lado agrega que “si nosotros hacemos un buen trabajo en prevención, a lo largo de los años vamos a empezar a ver que el tema de las rapiñas y los hurtos van a bajar, que todas las patologías van a bajar, los suicidios. Creo que si realmente quieren hacer cambios, no es legalizando ni regularizando más sustancias, sino dando más hincapié en la prevención, en trabajar con los niños, con los adolescentes, hacer más trabajos barriales”.

Trabajo comunitario

Más allá de los reclamos, la fundación actúa y busca llegar donde el Estado no. Coordinan el único refugio de la zona oeste, ubicado en el Estadio Luis Tróccoli, en el Cerro. Y realizan trabajo de campo con personas en situación de calle. “Nosotros le llamamos a poder llegar a contactar a las personas que están en situación de calle, hablar con ellos, tener ese entendimiento y esa empatía que muchas veces nos falta a los ciudadanos”, describe Jost.

Ese contacto busca “seguir sembrando semillas en aquellas personas que están hundidas y perdidas en las drogas para que tengan un mañana y no terminen muertos. Creo que es muy importante que empecemos a cambiar esa mirada hacia los otros porque el país se nos va de las manos en el tema de drogas y consumo. Por eso hay tanta inseguridad, tanta violencia, tantas muertes de jóvenes”.

La articulación con el Mides ha permitido avances. En este aspecto Jost menciona que hace dos años, en menos de un mes, lograron que 180 personas salieran de la calle hacia centros de rehabilitación. “Nosotros nos fuimos dando cuenta de la desinformación que tiene esa persona que hoy está en la calle y cuando a uno se le acerca con esa luz de esperanza, la gran mayoría de ellos quieren salir adelante”.

Actualmente coordinan un refugio de 24 horas con 41 participantes. Pero el acceso a tratamientos sigue siendo desigual. Las comunidades terapéuticas gratuitas son mayoritariamente religiosas, y las privadas cuestan entre 20.000 y 30.000 pesos por mes, un monto inaccesible para la mayoría. El programa Hogares Asistidos del Mides cubre algunos centros, pero no alcanza. En uno de los convenios con el Mides, recorrieron todo el país visitando las comunidades terapéuticas para ver cómo trabajaban. Eso les permitió conocer de primera mano los distintos abordajes y derivar personas según cada realidad.

También ayuda a merenderos donde muchos niños necesitan comestibles, donaciones de ropa y ayudas económicas. Hacen todo lo que está a su alcance “nosotros no tenemos una entrada de dinero, todo se consigue por ayuda mutua, y así se logra sostener cada actividad”.

El amor de una madre como motor

Gabriela Jost es madre de una persona que consume desde hace 25 años. “Yo amo a mi hijo y pienso que desde el amor de una madre uno puede hacer mucho más que desde el abandono. Muchas familias, muchas madres temen salir a decir lo que están viviendo porque tienen miedo, prejuicios por el trabajo, por la sociedad. El gran error es no poder decir lo que uno siente y cómo sufre una madre al ver al hijo destruido”.

La fundación ofrece espacios como grupos de WhatsApp y Facebook donde las madres pueden hablar sin ser señaladas. “No solamente trabajamos con las familias, sino también con las personas que están en consumo”. Esto refuerza su slogan de “Juntas un huracán”.

Frente a los gobiernos que han pasado en estos 15 años, la experiencia es ambivalente. “Vas sintiendo el apoyo, la empatía o cuando sentís ese rechazo. Los gobiernos totalmente apoyan o no te apoyan. Son diferentes etapas, diferentes gobiernos. Como sociedad civil hoy tenemos una voz que creo que es muy importante y más cuando somos un grupo de familias que venimos a pedir y a reclamar la vida de nuestros hijos”.

Cuando una madre encuentra a otra que está pasando por lo mismo y se siente espejo, recién ahí empieza a sentirse de otra manera, porque puede ver que no es la única persona a la que le pasa. Todas las madres llegan a sentir en ese momento que es lo peor que les está pasando y se preguntan qué habrán hecho mal para que su hijo consumiera. Las herramientas, lamentablemente, han sido los grupos de apoyo, pero el encontrarse con padres para poder hablar sin ser señalado “como alguien que está mal” es lo que las hace cada vez más fuertes.

Este 26 de junio a las 15:00 horas, en el anexo del Palacio Legislativo, las madres volverán a concentrarse. Donde no solo llevarán sus historias sino también reclamos al Estado para que tomen medidas a la altura de la crisis. Mientras desde la fundación siguen demostrando que desde las redes y la unión se puede construir mucho. Sin embargo, cuesta porque está el miedo, porque está la vergüenza, porque está el narcotráfico y porque están los grandes que miran desde arriba.