La sede del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocida como Caja Militar, fue escenario de un atentado con explosivos durante la madrugada de este lunes, en un hecho que provocó daños materiales en el edificio y abrió una investigación para determinar la identidad de los responsables y el posible móvil del ataque.
El episodio ocurrió en el inmueble ubicado sobre la calle Uruguay, entre Convención y Andes, en pleno centro de Montevideo. Según registros de cámaras de videovigilancia de la zona, un hombre llegó caminando al lugar, colocó un objeto junto a la cortina metálica del acceso principal y se retiró a pie. Minutos después se produjo una explosión que causó daños en la cortina metálica, en los vidrios de la puerta de ingreso y en parte del pavimento ubicado frente al edificio. A pesar de la potencia del estallido, no se registraron personas lesionadas.
Las imágenes analizadas por los investigadores muestran que el presunto autor actuó solo al momento de colocar el artefacto. Sin embargo, otro registro de video al que tuvo acceso Diario La R aporta un elemento adicional a la investigación: poco antes de la detonación se observa a un segundo hombre, de mediana estatura, ubicado frente al edificio observando la sede de la Caja Militar. De acuerdo con las imágenes, este individuo permanece durante varios instantes mirando hacia el inmueble y realiza movimientos que podrían interpretarse como señales dirigidas a otra persona. Los investigadores procuran determinar si se trata de un simple transeúnte o si tuvo algún grado de participación en los hechos.
Tras consulta del Diario La R intérpretes descartaron que se trate de lenguaje de señas para sordos, al menos el que se utiliza en nuestro país.
El video registra además que, minutos después del atentado, esta persona cruza la avenida Uruguay, se acerca al sitio de la explosión y recorre la zona. Luego, aparentemente mantiene un breve intercambio con los dos primeros policías que arribaron al lugar. La explosión se produjo exactamente a las 00:53 horas. En ese momento, un hombre en situación de calle transitaba por la zona y pasó frente al edificio pocos segundos después del estallido, resultando ileso.
Tras el incidente, efectivos policiales, personal de Policía Científica y Bomberos acudieron al lugar para asegurar la escena y comenzar la recolección de evidencias. La zona permaneció vallada durante varias horas mientras se desarrollaban las pericias. Desde la Caja Militar se informó que la atención al público no comenzaría en el horario habitual debido a los trabajos de inspección y evaluación de daños.
La Dirección Nacional de Bomberos emitió un comunicado oficial en el que confirmó que personal especializado concurrió al lugar sobre la hora 01:20 ante la denuncia de una posible explosión. Según el informe, al arribar al edificio los técnicos constataron que efectivamente se había producido una detonación. La inspección ocular permitió verificar daños en la fachada y en el acceso principal, especialmente en los vidrios y estructuras cercanas a la puerta de ingreso.
Además, los especialistas hallaron restos que serían compatibles con un artefacto explosivo de fabricación casera. Posteriormente, personal del Departamento de Materiales Peligrosos realizó mediciones con equipos de detección para descartar la presencia de sustancias inflamables o explosivas remanentes. Los resultados obtenidos se mantuvieron dentro de los parámetros normales, permitiendo garantizar la seguridad del lugar.
La investigación técnica sobre el artefacto quedó en manos del Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas (EDAT) del Ejército Nacional, mientras que la custodia perimetral fue asumida por efectivos de la Seccional 3ª y de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de Zona I. La causa es dirigida por la fiscal de Flagrancia de 1° Turno, doctora Peraza. Hasta el momento no se han producido detenciones y los investigadores continúan revisando registros de videovigilancia públicos y privados para reconstruir los movimientos previos y posteriores al atentado.
Un móvil aún incierto
Por el momento, las autoridades no manejan una hipótesis firme sobre las motivaciones detrás del ataque. Sin embargo, diversas líneas permanecen abiertas y ninguna posibilidad ha sido descartada. Entre las hipótesis que surgieron en las últimas horas aparece una decisión adoptada recientemente por el Ministerio de Defensa Nacional y por el propio Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas: la suspensión del pago de jubilaciones a cuatro exmilitares requeridos por la Justicia y actualmente prófugos en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad.
La medida fue tomada luego de actuaciones impulsadas por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, encabezada por el fiscal Ricardo Perciballe, que detectó presuntas irregularidades en la percepción de haberes por parte de algunos de estos exintegrantes de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la información conocida, algunos de los beneficiarios continuaban cobrando sus prestaciones en el exterior mediante certificados de supervivencia emitidos en consulados, pese a encontrarse con órdenes de captura vigentes. La resolución derivó en la suspensión inmediata de cuatro prestaciones y abrió el análisis de más de una decena de situaciones similares. Paralelamente,el Poder Ejecutivo y el Parlamento trabajan en una iniciativa legislativa destinada a impedir que personas requeridas por la Justicia y en condición de prófugas continúen percibiendo jubilaciones o pensiones, tanto en el ámbito militar como en el civil. Aunque hasta ahora no existe evidencia que vincule directamente esa medida con el atentado, los investigadores no descartan ninguna línea de análisis mientras avanzan en la identificación de los responsables.
