Las palabras importan. Especialmente cuando se utilizan para anunciar una intervención sobre infraestructura estratégica del país. La invitación de Neltume Ports a la presentación del proyecto Montevideo Container Terminal contiene una afirmación que merece ser examinada: describe la propuesta como la mayor inversión realizada hasta la fecha en el sector.
¿Realizada? La información pública consultada da cuenta de una iniciativa sometida a evaluación estatal. Entre proponer una terminal y obtener las autorizaciones para construirla existe un recorrido que ninguna presentación empresarial puede sustituir.
Una compañía puede promover sus proyectos, explicar sus expectativas y convocar a potenciales interesados. Lo que corresponde exigirle es precisión. Si la inversión está proyectada, debe decir proyectada. Si depende de decisiones del gobierno, debe explicitarlo. Presentar como concretado aquello que todavía requiere aprobación desordena el debate público y puede generar una percepción equivocada sobre el estado del procedimiento.
El puerto de Montevideo compromete intereses que exceden ampliamente a sus operadores. Allí confluyen el comercio exterior, el trabajo, la competitividad y las obligaciones asumidas por el Estado. Las decisiones sobre su desarrollo requieren fundamentos técnicos, jurídicos, económicos y ambientales que puedan ser explicados a la ciudadanía.
El cuestionamiento central de este editorial es que la comunicación empresarial corre por delante de las decisiones públicas y utiliza una certeza que el procedimiento pendiente no permite dar por establecida.
El gobierno debe informar con claridad qué recibió, en qué etapa se encuentra el expediente y cuáles son las condiciones que deberán cumplirse antes de una eventual aprobación. También debe explicar cómo evaluará las consecuencias para el sistema portuario y los compromisos vigentes.
Esa transparencia protege al país y a los propios inversores. Evita expectativas infundadas y permite distinguir una propuesta atractiva de un proyecto efectivamente viable. El monto anunciado merece atención; su magnitud exige más examen, más documentación y mayor responsabilidad al comunicarlo.
Si las autoridades públicas participan de la presentación, deberán dejar explícito el alcance de su presencia. Asistir a escuchar una propuesta no debería interpretarse como un aval anticipado ni como el anuncio indirecto de una resolución.
Uruguay necesita inversiones y una política portuaria capaz de mirar varias décadas hacia adelante. Precisamente por eso debe preservar la autoridad de sus instituciones y exigir rigor a quienes aspiran a intervenir en infraestructura estratégica.
El lanzamiento podrá tener invitados, discursos y un cóctel. La autorización deberá tener expediente, fundamentos y responsables.
El puerto se decide con actos públicos. Una invitación empresarial no puede darlos por firmados.
