Empleo: nueva ley amplía incentivos para contratar jóvenes, mayores de 45 años y sectores vulnerables

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el nuevo proyecto de ley de promoción del empleo, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que actualiza y unifica distintos instrumentos vigentes para incentivar la contratación de personas que enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

La norma recibió 82 votos en 82 legisladores presentes, luego de haber sido respaldada también por unanimidad en el Senado. Tras las modificaciones introducidas en Diputados, el texto regresó a la Cámara Alta, donde quedó definitivamente aprobado este miércoles y ahora aguarda la promulgación y reglamentación del Poder Ejecutivo. En entrevista con Diario La R, la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP), Sol Maneiro, miembro informante del proyecto, destacó que la nueva legislación recoge casi dos décadas de políticas públicas vinculadas al empleo y procura corregir algunas de las limitaciones detectadas en experiencias anteriores.

“Lo que se hizo fue acumular positivamente distintas herramientas que ya existían. Hubo un proceso que comenzó con el Diálogo Nacional por el Empleo en 2011, continuó con la Ley de Empleo Juvenil de 2013, la Ley de Fomento al Empleo de 2018 y la ley aprobada en 2021. Ahora se agrupan y mejoran esos instrumentos en una sola norma”, explicó.

Cambio de enfoque

Uno de los principales cambios introducidos por la nueva ley es el criterio utilizado para definir a quiénes estarán dirigidos los incentivos. Mientras que la normativa anterior estaba centrada fundamentalmente en jóvenes, mayores de determinada edad y personas con discapacidad, la nueva propuesta pone el foco en colectivos que registran mayores dificultades para acceder a un empleo formal. Entre ellos se encuentran jóvenes de entre 15 y 29 años, mujeres jefas de hogar y responsables de hogares monoparentales, personas mayores de 45 años, afrodescendientes, personas trans, personas con discapacidad y personas que egresan del sistema penitenciario.

Durante la discusión parlamentaria se incorporó además un nuevo colectivo: madres, padres o responsables de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. La modificación surgió a partir de planteos realizados por organizaciones vinculadas a la discapacidad que advirtieron sobre las dificultades laborales que enfrentan quienes deben asumir tareas permanentes de cuidado. “Muchas veces estas personas no pueden cumplir con las exigencias horarias tradicionales que plantean las empresas. Por eso se incorporó expresamente la necesidad de contemplar flexibilidad horaria y evitar, cuando sea posible, los sistemas rotativos”, señaló Maneiro.

Subsidios de hasta el 80% del salario

El principal instrumento previsto por la ley consiste en subsidios directos a los salarios de los trabajadores contratados. Los porcentajes variarán según el colectivo y el nivel de vulnerabilidad de la persona incorporada. La escala va desde un 25% hasta un máximo de 80% del salario. Según explicó la legisladora, el criterio utilizado busca concentrar los mayores incentivos en aquellos sectores que enfrentan más obstáculos para acceder al empleo.

“Cuando se analizan las estadísticas, se observa que las situaciones de mayor vulnerabilidad suelen coincidir con los niveles más altos de desempleo. Por eso el subsidio aumenta a medida que aumentan las dificultades de inserción”, indicó. La intención es generar condiciones que permitan equilibrar las oportunidades laborales para grupos que históricamente han registrado tasas de desempleo superiores al promedio nacional. Actualmente, por ejemplo, los menores de 25 años presentan niveles de desempleo significativamente más altos que la media general del país.

La nueva legislación incorpora además herramientas específicas para el trabajo independiente y los pequeños emprendimientos. Los emprendedores comprendidos dentro de los colectivos priorizados podrán acceder a subsidios de hasta el 50% de los aportes patronales durante un plazo máximo de doce meses. La medida alcanza a unipersonales, monotributistas y pequeñas empresas.

Según Maneiro, esta es una de las innovaciones más importantes respecto a los regímenes anteriores. “Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99% del tejido empresarial uruguayo. Sin embargo, muchas veces quedaban afuera de este tipo de programas porque no alcanzaban determinados mínimos de personal”, explicó. Con la nueva normativa, incluso empresas que cuenten con un único trabajador podrán acceder a los beneficios si incorporan nuevos empleados pertenecientes a los colectivos definidos por la ley. También se prevé la posibilidad de acceder a subsidios cuando el propio titular del emprendimiento forme parte de alguno de esos grupos o cuando al menos la mitad de la plantilla esté integrada por personas comprendidas en la normativa.

Formación y capacitación

Otro de los pilares del proyecto es la capacitación laboral. La ley establece que las personas contratadas bajo este régimen tendrán acceso prioritario a programas de formación profesional, culminación de estudios y certificación de competencias. El objetivo es que los subsidios funcionen como una herramienta de inserción y no únicamente como un beneficio transitorio. “Lo importante es que cuando termine el período subsidiado la persona tenga más herramientas para mantenerse en el mercado laboral”, sostuvo Maneiro. La iniciativa prevé la participación de organismos como el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), que brindarán asistencia técnica y capacitación a trabajadores y emprendedores.

Uno de los aspectos que más enfatizó la diputada es la necesidad de fortalecer los mecanismos de control. Los estudios realizados sobre programas anteriores detectaron que una parte importante de las contrataciones subsidiadas no lograba sostenerse más allá de los primeros meses. Según explicó, la falta de monitoreo impedía conocer con precisión las causas de esas desvinculaciones. “La evidencia mostró que muchas personas no llegaban a completar seis meses de trabajo. Lo que se busca ahora es acompañar tanto a las empresas como a los trabajadores para aumentar las posibilidades de permanencia”, afirmó. La ley encomienda al Ministerio de Trabajo un rol más activo en el seguimiento de los contratos, el cumplimiento de las condiciones laborales y la evaluación de resultados.

Otro de los cambios relevantes apunta a corregir la fuerte concentración geográfica observada en programas anteriores. Datos analizados durante la elaboración del proyecto mostraron que cerca del 80% de las contrataciones subsidiadas se realizaron en Montevideo y alrededor del 90% en el área metropolitana.  Para revertir esa situación, la ley incorpora criterios territoriales que permitirán aumentar los subsidios en departamentos con mayores niveles de desempleo e informalidad. Además, contempla modalidades específicas para actividades zafrales y estacionales, una realidad particularmente importante en varias regiones del interior del país. “Los departamentos del litoral y otras zonas que atraviesan dificultades laborales podrán contar con incentivos mayores para fomentar la contratación”, explicó Maneiro.

Amplio respaldo político

La aprobación por unanimidad fue destacada por la legisladora como una señal de consenso respecto a la necesidad de impulsar políticas activas de empleo. “Que haya sido votada por unanimidad demuestra que existe una preocupación compartida por la situación laboral y que esta es una herramienta considerada positiva por todo el sistema político”, señaló. La norma cuenta con una previsión presupuestal estimada en 407 millones de pesos para su implementación y ahora deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para comenzar a funcionar. Para sus impulsores, el desafío será que los beneficios lleguen efectivamente a los sectores con mayores dificultades de inserción y que el empleo generado logre sostenerse más allá del período de subsidio. “Esta ley no resuelve por sí sola todos los problemas del mercado laboral, pero sí incorpora instrumentos concretos para generar más oportunidades allí donde hoy existen más barreras”, concluyó Maneiro.