La seguridad pública volvió a instalarse en el centro del debate político durante un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), que reunió al exministro de Defensa Nacional José Bayardi (Frente Amplio), al exministro del Interior Nicolás Martinelli (Partido Nacional) y al senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado).
A lo largo de sus exposiciones, los tres dirigentes analizaron la evolución de la criminalidad en Uruguay, el avance del narcotráfico en la región, la situación del sistema penitenciario y las respuestas que el Estado debe desarrollar para enfrentar un fenómeno cada vez más complejo. También surgió la discusión sobre la decisión del actual gobierno de incorporar efectivos militares al patrullaje de zonas consideradas críticas desde el punto de vista de la seguridad.
Más allá de las diferencias de diagnóstico y de enfoque, hubo un punto de coincidencia: la seguridad ya no puede ser abordada exclusivamente desde la acción policial, sino que requiere respuestas institucionales amplias y sostenidas en el tiempo.
Bayardi: la seguridad es un problema de toda la sociedad
El exministro de Defensa José Bayardi sostuvo que la inseguridad constituye probablemente el principal problema que enfrenta actualmente el país y advirtió que cualquier estrategia destinada a combatirla debe contemplar factores sociales, económicos, culturales y educativos.
“La seguridad hay que abordarla interinstitucionalmente. Si no la abordamos de esa manera, no vamos a poder encarar una solución”, afirmó. Bayardi planteó que uno de los errores habituales es asociar directamente delincuencia con pobreza. A su juicio, el fenómeno más relevante es la exclusión social y la marginación, factores que generan entornos donde se desarrollan dinámicas culturales propias que terminan chocando con el resto de la sociedad. “Uno de los principales problemas que se vincula al delito no es la pobreza. Es la exclusión”, sostuvo.
En ese contexto, recordó que Uruguay mantiene niveles elevados de pobreza infantil y consideró que atender esa realidad constituye una condición indispensable para construir una estrategia de seguridad efectiva a largo plazo.
América Latina y afirmó que Uruguay no está aislado de esa tendencia. Uno de los ejes centrales de la exposición de Bayardi fue el avance del narcotráfico como fenómeno transnacional.
“El narcotráfico desestructura los Estados nacionales y desestructura la institucionalidad”, señaló.
En ese marco, sostuvo que la llamada “guerra contra las drogas” ha demostrado sus limitaciones. Recordó el caso colombiano y señaló que, pese a las enormes inversiones realizadas durante décadas para combatir la producción de cocaína, los volúmenes globales continuaron aumentando.
“No se contrapone decir que la guerra contra las drogas es una batalla perdida, como dijo el ministro Negro y que suscribo, con afirmar que hay que combatir al narcotráfico con todo lo que se tenga a mano”, aclaró.
Para Bayardi, mientras exista una diferencia tan grande entre el valor de producción y el precio final de la droga en los mercados consumidores, seguirán existiendo incentivos económicos extraordinarios para mantener el negocio ilícito.
El exministro también advirtió sobre la creciente importancia de la denominada ruta del Atlántico Sur, que conecta países productores con puertos de Uruguay, Argentina y Brasil para enviar cargamentos hacia Europa.
Según explicó, el aumento de los controles en las rutas tradicionales ha generado un desplazamiento de las organizaciones criminales hacia circuitos alternativos, entre los cuales Uruguay adquiere un papel logístico cada vez más relevante.
El espejo de Ecuador y la importancia de la inteligencia
Bayardi utilizó el caso ecuatoriano como ejemplo de los riesgos que enfrenta la región. “Cuando las barbas del vecino arden, debemos poner las nuestras en remojo”, expresó.
También reivindicó el legado del fallecido director nacional de Policía Julio Guarteche, quien —según recordó— advertía reiteradamente sobre los peligros de la corrupción asociada al narcotráfico y sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de inteligencia.
Asimismo, identificó a las cárceles como otro de los grandes desafíos pendientes.
Martinelli: un cambio de paradigma en la seguridad
Por su parte, el exministro del Interior Nicolás Martinelli presentó una visión centrada en la evolución de las políticas públicas desde el retorno de la democracia. Según explicó, entre 1985 y 2005 predominó un enfoque basado principalmente en la represión policial, mientras que durante los gobiernos frenteamplistas –entre 2005 y 2020- se puso el acento en las causas sociales del delito.
A su entender, ninguno de los dos enfoques, por separado, logró resultados satisfactorios. Por eso defendió el modelo implementado durante el gobierno de coalición (2020-2025) basado en lo que definió como un “enfoque dual”.
“No podemos trabajar solo en la pata represiva ni solo en el trabajo sobre las causas. Hay que trabajar en ambos caminos al mismo tiempo”, afirmó.
Martinelli destacó inversiones realizadas en tecnología policial, sistemas de videovigilancia, patrullaje, comunicaciones y equipamiento científico.
También resaltó los cambios impulsados dentro del sistema penitenciario mediante programas educativos, laborales y de reinserción. “Por primera vez logramos una baja sostenida durante cinco años”, aseguró.
El exministro fue especialmente crítico con la gestión actual del Ministerio del Interior. Señaló problemas de liderazgo, dificultades administrativas y una reducción de la capacidad operativa del patrullaje policial.
En su intervención, señaló un “caos de gestión” en la cartera, con serias dificultades de conducción política y administrativa. Según su visión, la falta de coordinación interna y las debilidades en la planificación han provocado una pérdida de capacidad de respuesta del Estado frente al delito. También advirtió que estas fallas terminan trasladándose a la calle, donde los vecinos perciben menor presencia policial.
En relación con la decisión del gobierno de incorporar militares al patrullaje de determinadas zonas, Martinelli sostuvo que no se opone a la utilización de esa herramienta. “Los militares colaborando con la Policía forman parte de la caja de herramientas del Estado”, expresó. “Cuando llegás a esa herramienta es porque estás desbordado”, sostuvo.
Pese a ello, rechazó las críticas ideológicas hacia la participación militar en tareas de apoyo a la seguridad pública y recordó que experiencias similares existen en diversos países.
“Los militares colaborando con la Policía forman parte de la caja de herramientas que tiene el Estado”, afirmó.
Sin embargo, consideró que recurrir a ese mecanismo supone admitir que otras medidas previas no lograron contener adecuadamente el problema. “Cuando se llega a esa herramienta es porque las demás no alcanzaron o no fueron gestionadas correctamente”, señaló.
Otro de los asuntos abordados fue la regulación de armas y municiones. Martinelli afirmó que Uruguay ya cuenta con una normativa “robusta” y advirtió sobre el riesgo de concentrar la discusión únicamente en el mercado legal.
Según indicó, la mayoría de las armas utilizadas en hechos delictivos proviene de circuitos ilegales. “De las armas que se incautan en los operativos, apenas alrededor del 20% tiene origen en el mercado legal”, aseguró, al tiempo que reclamó poner el foco en el restante 80%, vinculado al tráfico ilícito.
En relación con el llamado “modelo Bukele”, Martinelli reconoció que una parte importante de la sociedad uruguaya observa con interés los resultados obtenidos en El Salvador. Si bien señaló que existen cuestionamientos vinculados a derechos humanos y garantías individuales, también destacó que el gobierno salvadoreño complementó las medidas represivas con programas de recuperación de espacios públicos, educación y presencia estatal en territorios históricamente dominados por organizaciones criminales.
Para Martinelli, Uruguay puede alcanzar resultados similares en materia de seguridad, pero sin renunciar al respeto por las libertades y los derechos fundamentales.
Bordaberry: el problema es la gestión
El senador Pedro Bordaberry enfocó su intervención en dos desafíos que considera centrales: el narcotráfico y la reincidencia.
A través de una presentación apoyada en estadísticas oficiales, mostró el crecimiento de los delitos vinculados al tráfico de drogas durante la última década. Según indicó, los delitos asociados a la ley de estupefacientes se triplicaron entre 2013 y 2024.
Bordaberry vinculó además el crecimiento del crimen organizado con el aumento de los homicidios y con la presencia de estructuras criminales cada vez más complejas. “El Uruguay está diagnosticado. Todos sabemos cuáles son los problemas. Lo que falla es la gestión”, sostuvo.
Para el senador colorado, el principal desafío estructural sigue siendo la reincidencia. Recordó que Uruguay cuenta con aproximadamente 17.000 personas privadas de libertad y que cerca del 70% de quienes recuperan la libertad vuelven a delinquir en un plazo de tres años.
Ante esa realidad, defendió la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación independiente del Ministerio del Interior. “El policía se prepara para combatir al delincuente, no para resocializarlo”, afirmó.
Bordaberry criticó además la demora en la tramitación de reformas vinculadas al sistema penitenciario. Otro de los planteos realizados fue la necesidad de modernizar la legislación para enfrentar organizaciones criminales complejas. En ese sentido, defendió la creación de figuras penales similares a las utilizadas en Italia contra la mafia, donde la mera integración a una organización criminal constituye un delito.
Para el senador colorado, Uruguay dispone de los recursos institucionales necesarios para enfrentar el problema, aunque advirtió que el éxito dependerá de la capacidad política para tomar decisiones y ejecutar reformas pendientes.
