El gobierno publicó un decreto que modifica el régimen tributario de los vehículos eléctricos e híbridos, aplicando el Impuesto Específico Interno (Imesi) a partir del 1° de enero de 2027. La medida generó inmediato rechazo de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (Acau) y cruces políticos, mientras el Ejecutivo la defiende como una herramienta fiscal necesaria que preserva incentivos para la mayoría de los compradores.
Según el decreto firmado por el presidente Orsi y los ministros Gabriel Oddone de Economía y Fernanda Cardona de Industria, los vehículos eléctricos de la categoría F, o sea transporte de pasajeros, con valor de importación hasta US$ 19.000 mantendrán la exoneración total del Imesi.
Aquellos entre US$ 19.001 y US$ 27.000 pagarán un 5%, y los que superen los US$ 27.000 abonarán un 9%. Para los híbridos, las tasas varían según cilindrada y valor.
El subsecretario del Ministerio de Economia, Martín Vallcorba, aclaró que el umbral de US$ 19.000 en aduana equivale aproximadamente a US$ 28.000 a U$S 30.000 en precio de venta al público. De esta forma, dijo que el 66% de los vehículos eléctricos principalmente los de menor valor no se verán afectados y mantendrán todos los beneficios tributarios.
Las franjas superiores, entre US$ 30.000 y U$S 40.000 y por encima de US$ 40.000 sí tributarán. El gobierno estima recaudar alrededor entre US$ 16 millones y U$S 18 millones.
Vallcorba y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, justificaron la decisión por el fuerte crecimiento de las ventas de eléctricos, que representan más del 50% de las ventas recientes y la necesidad de ajustar incentivos que ya cumplieron su objetivo inicial. Sánchez recordó que en 2025 se exoneraron US$ 120 millones en impuestos para promover esta tecnología. “Como toda política que madura, debe tener modificaciones”, señaló.
El fuerte rechazo de las automotoras
La Acau expresó su “profundo descontento” mediante un comunicado. Critican la forma en que se condujo el proceso. Afirman que se enteraron por los medios, pese a compromisos previos de diálogo.
La gremial advierte que la medida genera incertidumbre en el sector y se suma a otros aumentos recientes como el de costo de energía en cargadores públicos y la patente de rodados. “Quienes terminarán soportando el impacto serán los ciudadanos”, sostienen, ya que inidican se encarecerá el acceso a tecnologías más eficientes, seguras y amigables con el ambiente.
Acau pide al gobierno reconsiderar la decisión y abrir un diálogo con todos los actores. Recuerda que Uruguay ha sido referente internacional en transformación energética y que muchos países mantienen incentivos fiscales para vehículos de bajas emisiones. Sugieren alternativas que compatibilicen recaudación con estímulo ambiental.
Desde la oposición, el senador colorado Robert Silva calificó la medida como un “nuevo sablazo a la clase media”, afectando a trabajadores, choferes de Uber y familias que buscan bajar costos. El senador blanco Sebastián Da Silva la vinculó a una “obsesión” del Frente Amplio por “exprimir” a la clase media.
El Ejecutivo respondió que se mantiene una política de movilidad sostenible, pero más focalizada en vehículos accesibles. “El que compra un auto a más de US$ 45.000 puede pagar un poco más”, resumió Alejandro Sánchez.
Sr Da Silva no sea sinvergüenza, yo diría que los que tiene para comprar una vehículo de USD 40.000 o mas no es clase media, son ricos o parásitos como Ud. que cobra un sueldazo en el parlamento y sus beneficios que le pagamos todos los uruguayos para nada y ver como desprestigia el parlamento con sus groseras y idiotas intervenciones, seria mejor que cerrara de una vez esa cloaca que es su boca ya cansa
FRENTEAMPLISTA: QUÉ VOTASTE ???..NO ERA QUE TRIBILÍN DIJO QUE NO IBA A PONER MÁS IMPUESTOS ??..SE ESTÁ CAGANDO DE RISA DE NOSOTROS, NOS METE LA MANO EN EL BOLSILLO Y VOS SOS TAN CORNUDO QUE LO APLUDÍS ??…QUÉ ES LO QUE SIGUE: PONERLE IMPUESTO AL AIRE QUE RESPIRAMOS ?? ..VAS A PODER PAGAR EL ALQUILER??…