El gobierno nacional proyecta reducir en un 25% la pobreza en los tramos de infancia y adolescencia mediante la creación de un sistema unificado de transferencias económicas. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, lo anunció en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta reforma estructural fusionará las prestaciones actuales en una asignación única. El esquema financiero, articulado en la Rendición de Cuentas, diferenciará los montos a transferir según el decil de ingresos. Y el nivel de vulnerabilidad de cada hogar, priorizando los recursos hacia las familias con menores ingresos del país.
Iniciativa
La iniciativa otorga la máxima prioridad a la primera infancia. Estableciendo que los hogares de los deciles uno y dos con niños de cero a tres años percibirán una transferencia mensual de 10.000 pesos uruguayos. Para los beneficiarios que superen ese rango etario, la prestación económica se fijará en el equivalente a una canasta básica alimentaria, estimada en 6.600 pesos. Las autoridades explicaron que estas modificaciones representan un incremento superior al 80% en comparación con los montos actuales del sistema de protección social, logrando además simplificar las reglas de acceso y disminuir de forma drástica los costos administrativos de gestión del Estado.
El despliegue de esta plataforma única de protección será progresivo y comenzará con la cobertura de las cohortes de niños nacidos en el país durante el trienio de 2025, 2026 y 2027. El jerarca de la oficina presupuestal definió el plan como la transformación más relevante en materia de transferencia de ingresos de las últimas dos décadas en Uruguay, permitiendo un seguimiento técnico mucho más eficiente del impacto real de las políticas públicas dirigidas al desarrollo de los menores.
