El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el recluso Luis Fernando Fernández Albín. Tras comprobarse que el procesado profirió amenazas explícitas dirigidas contra operarios penitenciarios y jerarcas de la institución. Según el comunicado emitido por el Ministerio del Interior, la acción intimidatoria fue detectada a través de un documento manuscrito. Esto motivó de forma complementaria la aplicación de una sanción administrativa de carácter gravísimo. Y que derivó en su inmediato traslado a un sector de alta contención y vigilancia.
Fernández Albín, considerado por las autoridades de la seguridad pública como uno de los líderes criminales de mayor peligrosidad del país, se encontraba cumpliendo una condena de diez años y tres meses de penitenciaría. La pena judicial responde a múltiples delitos conexos en régimen de reiteración real, entre los que se destacan la organización de actividades de narcotráfico, contrabando, lavado de activos y tráfico ilegal de armas de fuego con numeración suprimida. A raíz de su perfil de riesgo, permanecía desde diciembre de 2025 bajo el régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento de personas de alto riesgo para la seguridad pública.
Los informes de los servicios de inteligencia penitenciaria asocian al recluso con la jefatura de bandas delictivas que han protagonizado cruentos enfrentamientos territoriales en la capital, vinculados al control del microtráfico de estupefacientes y múltiples homicidios conexos. El traslado a la nueva zona de máxima seguridad procura neutralizar su capacidad de influencia y coordinar un monitoreo estricto de sus comunicaciones internas.
