El Paccto es un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que persigue promover la Seguridad Ciudadana y el Estado de Derecho en América Latina. En este marco se realizó la apertura del II Encuentro de Redes en Montevideo. En la ocasión la subsecretaria del Ministerio del Interior de Uruguay, Gabriela Valverde, remarcó la inviabilidad de que los Estados actúen de forma aislada. «Frente a organizaciones criminales que actúan sin fronteras, ningún Estado puede responder en soledad» sostuvo.
El rol de Uruguay en este engranaje no es menor. El país ha participado activamente en las 8 actividades clave que se han llevado a cabo bajo el paraguas de esta segunda fase del programa de asistencia europeo, consolidando su posición como un socio estratégico de primer orden en la región.
Durante su intervención, Valverde subrayó que las organizaciones criminales han experimentado una evolución profunda mediante la incorporación de nuevas tecnologías, el desplazamiento rápido de recursos entre países y el aprovechamiento sistemático de las brechas de coordinación existentes entre las instituciones estatales.
Por este motivo, la jerarca enfatizó que la cooperación internacional ya «dejó de ser un complemento de las políticas de seguridad para convertirse en una condición necesaria para que esas políticas sean eficaces». Asimismo, destacó una diferencia estratégica fundamental entre ambos sectores. Mientras las redes delictivas se sostienen sobre la base del miedo y la desconfianza, las redes de cooperación estatales se fundamentan en la confianza mutua, lo que representa una fortaleza democrática clave.
Alcance de El Paccto 2.0
Este compromiso uruguayo en las ocho instancias de El Paccto 2.0 demuestra que la estrategia local no se limita al plano discursivo, sino que abarca la totalidad del espectro táctico y político de la cooperación internacional. El país ha estado presente tanto en la definición de políticas como en los despliegues de campo más reservados, articulando sus esfuerzos para dar una respuesta unificada frente a delitos complejos que trascienden las fronteras nacionales.
Pocos días antes del inicio del encuentro en Montevideo, la Policía Nacional de Uruguay participó de forma activa en operaciones internacionales contra redes de trata de personas en entornos virtuales. Oficiales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, junto con personal de la Dirección de Investigaciones, se trasladaron a Buenos Aires bajo autorización de la Presidencia de la República para integrarse a la acción operacional «DeepField».
Esta intervención, enmarcada en la red regional LYNX (especializada en ciber-trata), representa la aplicación práctica del intercambio de inteligencia en tiempo real. La misión de la delegación uruguaya consistió en la identificación de patrones digitales y el cruce de datos operativos para desarticular facciones dedicadas a la captación y explotación de personas mediante plataformas tecnológicas. Esta línea de trabajo tuvo un antecedente directo en mayo pasado, cuando se desarrollaron misiones similares en Panamá para la detección de víctimas, consolidando un flujo de información constante.
A la par de la persecución de los delitos de explotación, la estrategia regional prioriza el ahogo financiero de las estructuras delictivas. En la ciudad de Santiago de Chile, se desarrolló la «Semana del Asset Recovery», que marcó el inicio formal del proceso para adoptar una estrategia regional de persecución patrimonial de la criminalidad organizada.
El encuentro técnico que se desarrolla en Montevideo hasta hoy bajo la coordinación de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) liderada por Martín Clavijo, funciona como el espacio de articulación de estas diferentes herramientas.
Las delegaciones participantes buscan consolidar canales de confianza técnica que aceleren el intercambio de pruebas y simplifiquen los trámites de asistencia jurídica mutua. Para Uruguay, esta dinámica de participación total se integra de manera directa en el diseño metodológico del Plan Nacional de Seguridad Pública.
