Uruguay activó formalmente este miércoles un sistema especializado para la búsqueda urgente de niños, niñas y adolescentes desaparecidos denominado Alerta Amber Uruguay. El mecanismo, que fuera sancionado por vía legislativa en 2025 y reglamentado recientemente por el Ministerio del Interior, tiene como propósito acelerar la localización de personas menores de 18 años mediante una campaña de difusión masiva de información en tiempo real. La herramienta operará bajo el protocolo del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, en coordinación directa con la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
Protocolo de activación
El protocolo de activación no será de carácter general, sino que requerirá el cumplimiento simultáneo de criterios específicos de gravedad evaluados por técnicos especializados. Para poner en marcha la alerta, la persona buscada debe ser menor de edad, deben existir indicios fundados que presuman que la ausencia se vincula a un hecho delictivo o violento que comprometa su integridad física, y se deberá contar con el consentimiento expreso de los padres, tutores o familiares directos que radiquen la denuncia. Una vez recibida la presentación, la Policía iniciará de inmediato las actuaciones de rastreo sin dilaciones temporales y, con la debida autorización judicial, se procederá a la activación de la alerta en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública.
A partir de su validación técnica, la información y la imagen del menor se propagarán a nivel nacional a través de un ecosistema multimedio que incluye redes sociales, medios masivos de comunicación, la aplicación móvil de emergencias 911, portales gubernamentales, cartelería digital urbana y señalización en peajes, terminales, aeropuertos y pasos fronterizos, sumando de forma simultánea una notificación amarilla de Interpol para bloquear una eventual salida del país. Esta iniciativa replica el modelo de respuesta rápida creado en Estados Unidos en 1996 tras el secuestro de la niña Amber Hagerman, un estándar internacional que hoy en día aplican más de 45 países para optimizar los tiempos de reacción durante las primeras horas de una desaparición.
