El Poder Ejecutivo firmó un decreto por el cual se dispone la unificación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente con la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Mediante esta normativa, la primera pasará a integrarse formalmente en la estructura orgánica y funcional de la segunda, que asumirá de manera centralizada la totalidad de las competencias y tareas que venían desarrollándose de forma independiente. Según los fundamentos del texto oficial, la medida responde a la necesidad de superar la dispersión y superposición normativa actual, concentrando los esfuerzos en una estructura única y organizada.
Dentro de las competencias específicas que absorbe la secretaría se destaca la obligación de continuar y culminar los procesos de digitalización e indexación de toda la información que aún permanezca en la órbita de Presidencia sobre las desapariciones forzadas y otros hechos violatorios de los derechos humanos acontecidos en el período 1968-1985. Este acervo documental tendrá como destino final su entrega a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Asimismo, el organismo centralizará el soporte administrativo del Estado para la búsqueda de identidad y verdad histórica de personas nacidas en cautiverio o separadas de sus familias biológicas durante el terrorismo de Estado.
El nuevo diseño institucional mandata a la secretaría a articular de forma directa con el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la INDDHH para velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Uruguay en la materia. A su vez, el decreto pauta la promoción de actividades pedagógicas y de memoria sobre las graves violaciones a los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional. Para la gestión directa de esta agenda, el presidente de la República designará a Alejandra Casablanca como la coordinadora referente del área de pasado reciente.
