Política sanitaria

La FUS rechazó la aplicación de un timbre para los actos médicos

El sindicato de la salud catalogó la medida de la Caja de Profesionales como un gravamen que perjudicará la accesibilidad asistencial de los usuarios más vulnerables.

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) manifestó su categórica oposición al proyecto de implantación de un timbre obligatorio para validar los actos médicos y profesionales dentro del sistema sanitario. El presidente de la organización sindical, Marcos Franco, transmitió el estado de «suma preocupación» que impera entre los trabajadores del sector privado. Esto ante el impacto socioeconómico que este arancel aparejará sobre la masa de usuarios. Franco fue contundente al definir la iniciativa impulsada por el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios como un auténtico «impuesto a la enfermedad».  Que restringirá de forma directa el acceso oportuno a las consultas y procedimientos clínicos.

La federación gremial alertó que los efectos de esta carga impositiva serán padecidos con mayor severidad por las franjas de población socioeconómicamente más vulnerables. Y por aquellos pacientes que conviven con patologías crónicas. Quienes requieren un flujo constante de atención y prescripciones. Desde la FUS denunciaron, asimismo, un vacío normativo en la reglamentación promovida por el presidente de la Caja de Profesionales, Andrés Pérez. Según detalló Franco, las supuestas cláusulas de excepción de pago que las autoridades del instituto previsional esgrimieron públicamente en los medios de comunicación no se encuentran detalladas de forma explícita ni fundamentadas técnicamente en el texto de la resolución aprobada.

Ante este escenario de conflictividad, la federación inició una ronda de contactos de emergencia y formalizó una solicitud de audiencia con el presidente de la República, Yamandú Orsi, con el objetivo de elevar el malestar general del sector y reclamar la desactivación política de la medida. Los trabajadores consideran prioritario que el Poder Ejecutivo intervenga en el diferendo para asegurar que las estrategias de financiamiento de las cajas previsionales no alteren el funcionamiento de las cápitas ni encarezcan las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

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