La posibilidad de incorporar cámaras de audio y video en todos los bloques quirúrgicos del país volvió al centro de la discusión pública. El proyecto de ley impulsado por el senador Pedro Bordaberry fue analizado durante un encuentro organizado el miércoles 22 de julio por la Comisión de Asuntos de Relevancia Pública del Colegio de Abogados del Uruguay.
En ese ámbito, legisladores y representantes de las principales organizaciones médicas expusieron posiciones encontradas sobre una iniciativa que busca modificar profundamente la forma en que se desarrollan y documentan las intervenciones quirúrgicas.
En el panel participaron, además del propio Bordaberry, el presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico, Daniel Montano; el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, José Minarrieta; y el diputado y médico Federico Preve. La discusión puso sobre la mesa dos visiones que coinciden en un objetivo común —mejorar la seguridad del paciente—, pero discrepan profundamente respecto a la herramienta para lograrlo.
Al presentar el proyecto, Bordaberry explicó que la iniciativa establece la obligatoriedad de registrar en audio y video todas las intervenciones realizadas en los bloques quirúrgicos del país, disponiendo además que esas grabaciones formen parte de la historia clínica del paciente bajo estrictos criterios de confidencialidad.
El legislador recordó que la propuesta no es nueva. Fue presentada originalmente por el entonces senador y exministro de Salud Pública Alfredo Solari, volvió a ingresar al Parlamento en 2017 y fue nuevamente impulsada en la actual legislatura.
Según explicó, el objetivo central es brindar mayores garantías tanto a pacientes como a profesionales. «No me gusta plantear esto en contra de los médicos. Todo lo contrario. Esto es a favor de los médicos», afirmó.
Bordaberry sostuvo que un registro audiovisual constituye la mejor defensa para quienes actúan correctamente y, al mismo tiempo, permite esclarecer responsabilidades cuando ocurren eventos adversos.
«La existencia del registro protege al profesional tanto como controla al negligente», señaló, agregando que el propósito fundamental del proyecto es «que se conozca la verdad si llega a haber un problema». El senador comparó la propuesta con las cajas negras de los aviones y con las cámaras corporales utilizadas por efectivos policiales, argumentando que ambas herramientas han contribuido a esclarecer hechos y mejorar procedimientos.
Consentimiento y confidencialidad
Uno de los aspectos más debatidos fue el derecho a la intimidad del paciente. Ante las observaciones realizadas por los representantes médicos, Bordaberry se mostró dispuesto a introducir modificaciones al texto para incorporar expresamente el consentimiento del paciente, permitiendo que quien no desee ser filmado pueda rechazar el registro.
También insistió en que las imágenes quedarían incorporadas a la historia clínica y protegidas por las mismas normas de reserva que actualmente rigen para toda la información sanitaria.
«El propietario de la grabación es el paciente o su familia y nadie puede acceder a ella sin autorización», aseguró. Asimismo, rechazó que el proyecto responda a una lógica de persecución hacia el colectivo médico.
«No es un sistema de sospecha; es una garantía que protege a todos», afirmó.
Las mayores objeciones provinieron de los representantes del Sindicato Anestésico Quirúrgico y del Sindicato Médico del Uruguay.
Daniel Montano sostuvo que el debate no debería limitarse a responder si se debe filmar o no una cirugía, sino preguntarse qué debe registrarse, con qué finalidad y cuál es la evidencia científica que demuestra un beneficio para el paciente. Según explicó, actualmente ya existen registros de numerosas intervenciones, especialmente en cirugías laparoscópicas, pero esos materiales se utilizan principalmente con fines asistenciales y docentes, siempre bajo autorización del paciente.
Para Montano, la propuesta legislativa introduce un cambio de naturaleza completamente diferente pero además sostuvo que lo que se está proponiendo este proyecto es establecer una videovigilancia que está amparada en la ley de protección de datos 18331, donde queda bien claro qué lugares se pueden grabar y qué lugares no se pueden grabar.
«Este proyecto busca registrar datos que después puedan ser utilizados de forma punitiva», afirmó. Por otra parte, el especialista sostuvo que abundante evidencia científica demuestra que los profesionales modifican su comportamiento cuando saben que están siendo observados con fines sancionatorios. A su juicio, ello favorecería el desarrollo de una «medicina defensiva», caracterizada por decisiones más conservadoras, menor innovación y pérdida de espontaneidad dentro del equipo quirúrgico. «Eso afecta la calidad del resultado quirúrgico», advirtió.
Más controles, no más cámaras
Montano sostuvo que existen múltiples herramientas para mejorar la seguridad del paciente sin necesidad de filmar todas las intervenciones.
Entre ellas mencionó el fortalecimiento de la historia clínica electrónica, la trazabilidad de medicamentos e insumos, el registro automático de parámetros anestésicos, auditorías más frecuentes del Ministerio de Salud Pública y mayores controles sobre los procesos asistenciales.
«No pongamos la antítesis de que si no tenemos filmación no tenemos nada. Tenemos muchas herramientas que pueden fortalecerse», expresó. También cuestionó las estimaciones de costos realizadas por Bordaberry.
A su entender, registrar adecuadamente una cirugía requeriría equipamiento de alta definición, múltiples cámaras, almacenamiento seguro durante años y sistemas informáticos mucho más complejos que los considerados por el proyecto.
El presidente del Sindicato Médico del Uruguay, José Minarrieta, enfocó sus reparos en la protección de los derechos de los pacientes.
Afirmó que una intervención quirúrgica constituye uno de los momentos de mayor vulnerabilidad para cualquier persona y consideró imprescindible preservar la intimidad, el consentimiento informado y la confidencialidad de los datos. «Nos parece un defecto importante que el paciente no pueda consentir si quiere ser filmado», señaló. Minarrieta sostuvo que la historia clínica contiene información altamente sensible y advirtió sobre los riesgos derivados de eventuales accesos indebidos o filtraciones.
También expresó preocupación por el impacto que un sistema de vigilancia permanente podría generar sobre la relación de confianza entre médicos y pacientes. «La relación médico-paciente está basada en la confianza», afirmó.
Desde su perspectiva, un modelo construido sobre la sospecha permanente podría terminar debilitando precisamente uno de los pilares fundamentales de la atención sanitaria.
¿Está preparado el sistema de salud?
Otro de los ejes del debate giró en torno a la viabilidad económica y tecnológica del proyecto. Minarrieta recordó que los recursos del sistema sanitario son limitados y que toda inversión implica resignar otras prioridades. «Lo que gasto en una cosa no lo estoy gastando en otra», resumió. En la misma línea, Federico Preve sostuvo que el análisis no puede limitarse a discutir si la filmación es positiva o negativa.
El diputado explicó que estudió antecedentes internacionales y encontró experiencias interesantes vinculadas al uso de inteligencia artificial, análisis de grandes bases de datos y mejora de la formación profesional.
Sin embargo, también advirtió que esos desarrollos descansan sobre enormes infraestructuras tecnológicas que hoy Uruguay no posee. «Hay elementos muy positivos vinculados con los registros audiovisuales y otros potencialmente riesgosos», afirmó.
Lejos de asumir posiciones absolutas, Preve reconoció que modificó parcialmente su opinión a medida que profundizó en el estudio del tema.
«Oscilé. No tengo una posición definitiva», admitió. Consideró que la discusión debe incorporar dimensiones culturales, bioéticas, financieras y tecnológicas. Por un lado, destacó el potencial que podrían tener estas herramientas para mejorar la formación médica, el aprendizaje y la seguridad del paciente mediante inteligencia artificial.
Pero al mismo tiempo alertó sobre la necesidad de proteger la intimidad y la información personal. «La transparencia cruda no necesariamente es la verdad», reflexionó. A modo de ejemplo, explicó que muchas decisiones clínicas involucran razonamientos, valoraciones y procesos cognitivos imposibles de captar únicamente mediante una grabación audiovisual.
Antecedentes internacionales
Durante el intercambio, Bordaberry enumeró diversas experiencias internacionales utilizadas como referencia para la elaboración del proyecto. Mencionó iniciativas en Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Brasil y Argentina, donde existen distintos grados de utilización de registros audiovisuales en procedimientos quirúrgicos, ya sea mediante programas institucionales, proyectos piloto o propuestas legislativas.
No obstante, varios de los participantes señalaron que la mayoría de esos antecedentes corresponden a experiencias parciales, universitarias o voluntarias y no necesariamente a sistemas obligatorios de alcance nacional. Bordaberry reiteró que el proyecto será discutido ampliamente en el Parlamento antes de cualquier eventual aprobación y aseguró que las organizaciones médicas serán convocadas para aportar sus observaciones. Los representantes de los gremios médicos, por su parte, coincidieron en valorar la apertura del debate, aunque insistieron en que cualquier regulación deberá construirse con amplia participación técnica y poniendo en el centro los derechos del paciente.
Cajas negras, cámaras policiales y quirófanos
Uno de los momentos más fuertes del debate surgió cuando el senador Pedro Bordaberry comparó la filmación obligatoria de las cirugías con las cajas negras de los aviones y las cámaras corporales (GoPro) utilizadas por efectivos policiales durante algunos procedimientos.
El legislador sostuvo que ambos sistemas han demostrado ser herramientas útiles para esclarecer hechos y proteger a quienes actuaron correctamente. «El que hace bien las cosas está protegido y el que hace las cosas mal, no», afirmó. En esa línea, señaló que nadie cuestiona hoy la existencia de cajas negras en la aviación o de cámaras personales en la actuación policial, ya que permiten reconstruir los hechos cuando ocurre un incidente.
La comparación fue rechazada por el presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico, Daniel Montano, quien sostuvo que ambos casos responden a lógicas completamente distintas. Explicó que los registros de las cajas negras aeronáuticas están protegidos por normas específicas y su finalidad principal es mejorar la seguridad operacional, no establecer responsabilidades punitivas.
