Las balaceras a plena luz del día, los homicidios por encargo, las amenazas contra familias enteras, el uso de armas de guerra y la disputa territorial entre organizaciones criminales dejaron hace tiempo de ser episodios aislados. Lo que ocurre en las calles del área metropolitana ya no puede analizarse únicamente como un problema de inseguridad ciudadana. Es la expresión de una capacidad operativa del narcotráfico que desafía abiertamente la autoridad del Estado.
La pregunta incómoda que la dirigencia política debe responder es simple: ¿estamos frente a una guerra entre bandas narco?
Si se entiende la guerra como el enfrentamiento sistemático entre grupos organizados que buscan controlar territorios, eliminar rivales e imponer su poder mediante la violencia, entonces muchos de los acontecimientos registrados en Montevideo y Canelones muestran características que se aproximan a ese escenario. No se trata de una guerra convencional entre Estados, pero sí de un conflicto armado de baja intensidad que se desarrolla en los barrios, donde las víctimas ya no son únicamente quienes integran las organizaciones criminales. También caen inocentes atrapados por balas perdidas, comerciantes intimidados y vecinos que viven bajo el dominio del miedo.
El narcotráfico dejó de ser un negocio clandestino para convertirse en una estructura con recursos económicos, logística, inteligencia y armamento capaces de desafiar la capacidad de respuesta estatal. Los fusiles automáticos, las armas de alto calibre y la planificación de ataques revelan una profesionalización que debería preocupar profundamente.
La consecuencia más grave no es solamente el aumento de los homicidios. Es la pérdida progresiva del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. Cuando determinadas zonas pasan a ser controladas de hecho por organizaciones criminales que deciden quién entra, quién sale, quién vende y quién vive, la institucionalidad comienza a erosionarse.
No alcanza con aumentar patrullajes después de cada asesinato ni con anunciar operativos que generan impacto mediático durante algunos días. La respuesta requiere inteligencia criminal, coordinación permanente entre Policía, Fiscalía, Aduanas, sistema penitenciario y organismos financieros para atacar las estructuras económicas que sostienen al narcotráfico. Mientras el dinero siga circulando con relativa facilidad, las organizaciones tendrán capacidad para reclutar jóvenes, comprar armamento y reemplazar rápidamente a sus integrantes detenidos.
Tampoco alcanza con convertir el debate en una disputa partidaria.Negar la magnitud del fenómeno sería tan irresponsable como exagerarlo con fines políticos.
El desafío consiste en reconocer que el narcotráfico ya no representa únicamente un problema policial. Es un problema de seguridad nacional, de cohesión social y de defensa del Estado de derecho. Allí donde las bandas sustituyen la autoridad pública mediante el miedo, comienza a debilitarse la democracia.
