Demasiadas iniciativas parecen concebidas para obtener un titular o satisfacer a una interna partidaria, pero no para resolver los problemas del país.
Uruguay enfrenta dificultades que no admiten más improvisación: inseguridad, deterioro educativo, déficit habitacional, pobreza infantil, endeudamiento de los hogares y tensiones en la salud. Sin embargo, buena parte de la actividad parlamentaria transcurre lejos de estas urgencias.
Abundan las declaraciones simbólicas, los homenajes y los pedidos de informes utilizados como instrumentos de confrontación. Escasean los proyectos capaces de construir políticas de Estado y ofrecer respuestas para los próximos veinte años.
Legislar no consiste en redactar una exposición de motivos y convocar una conferencia de prensa. Una ley seria requiere diagnóstico, respaldo técnico, estimación presupuestal y análisis de impacto. Sin esos elementos, el Parlamento corre el riesgo de convertirse en una fábrica de buenas intenciones o normas inaplicables.
También existe una responsabilidad directa de los partidos. Las bancadas concentran sus energías en proteger al gobierno, bloquear al adversario o desgastarlo. La discusión queda atrapada en el cálculo electoral. Se juzga una iniciativa por su origen y no por su contenido. Si proviene del oficialismo, la oposición la cuestiona; si nace en filas opositoras, el gobierno busca archivarla. El interés nacional termina subordinado a la conveniencia sectorial.
Uruguay cuenta con legisladores preparados y equipos técnicos que podrían aportar mucho más. Falta jerarquizar el trabajo parlamentario, recuperar la voluntad de estudiar, negociar y alcanzar acuerdos duraderos.
Cada banca supone remuneraciones, asesores y recursos públicos. La ciudadanía tiene derecho a exigir que esa inversión se traduzca en soluciones y no solamente en discursos.
El Parlamento debe volver a ser el lugar donde el país piensa su futuro. Allí deberían discutirse una reforma educativa, una estrategia productiva nacional, una política de vivienda y respuestas eficaces frente a la inseguridad. No mediante consignas, sino con proyectos rigurosos, financiables y posibles.
La democracia necesita un Parlamento fuerte, pero esa fortaleza no se mide por la cantidad de discursos ni de leyes aprobadas. Se mide por la calidad de sus decisiones. Uruguay no necesita legisladores dedicados a administrar la próxima polémica, sino representantes capaces de anticipar el próximo problema. Si el Palacio Legislativo continúa produciendo más ruido que soluciones, la responsabilidad será de una dirigencia que convirtió una institución central de la República en escenario electoral permanente. El Parlamento debe elevar su nivel, porque el país paga el costo de su mediocridad.
